SABADO Ť 6 Ť ENERO Ť 2001
Miguel Concha
Amnistía y reconciliación
El 8 de diciembre pasado el Congreso del estado de Oaxaca aprobó una Ley de Amnistía en favor de personas que están siendo investigadas, han sido consignadas o están sentenciadas por delitos cometidos en contra de la seguridad interior de ese estado, a partir del día 28 de agosto de 1996. Esta Ley de Amnistía ha sido bien acogida por las organizaciones de derechos humanos, ya que permite la liberación de muchos indígenas inocentes, cuya única culpa fue encontrarse presentes en las comunidades al momento de realizarse operativos por parte de agentes de la policía.
Desde 1996, y en el contexto y como pretexto de la lucha contra la subversión, el gobierno de Oaxaca realizó operativos en comunidades indígenas, en las que perpetró sistemáticas violaciones a derechos fundamentales, como torturas y ejecuciones. Fueron también encarceladas desde entonces decenas de personas inocentes, que fueron forzadas bajo tortura a confesar su participación en actos ilícitos que no cometieron. Las marcas de tortura en muchos casos eran evidentes, y las pruebas para procesarlos y juzgarlos ínfimas. Gracias a la labor y presión política de los familiares de los presos, de organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, y sobre todo a la labor emprendida por sus abogados defensores, se logró antes de la aprobación de la ley la liberación de algunos presos.
La ley permite a los beneficiados su liberación, quedando al mismo tiempo sin antecedentes penales por los delitos motivo de la misma. Señala además el establecimiento de programas de apoyo y asistencia técnica para impulsar el desarrollo económico y social de los beneficiados, y contempla el otorgamiento de compensaciones económicas, como la reparación del daño a las víctimas y a sus familiares.
La ley en general cumple, pues, con algunos de los criterios que han sido establecidos a escala internacional sobre leyes de amnistía, aunque su aprobación no puede considerarse como la única medida encaminada a la solución de los conflictos en ese estado. Es necesaria su implementación efectiva, poniendo especial atención al impulso de proyectos productivos para el desarrollo sustentable de las comunidades, procurando así dar solución a las causas que originaron el levantamiento armado. Es además indispensable que les sea entregada una debida compensación, considerando los estándares establecidos por organismos internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De no cumplirse con éstos, seguramente las organizaciones presentarán las respectivas denuncias ante el sistema interamericano, con el fin de que se cumpla con las obligaciones que el Estado mexicano ha adquirido al ratificar la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Es urgente además la creación de una Fiscalía Especializada de la PGR, que atraiga las denuncias de los presos para la realización de investigaciones independientes por las graves violaciones a los derechos humanos que se cometieron durante los operativos. Es también necesario cumplir con las recomendaciones emitidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que han señalado, entre otras cosas, la investigación a Lucio Vázquez, actual presidente municipal de San Agustín Loxicha.
De no investigarse a los responsables de las graves violaciones a los derechos humanos, sigue latente el peligro de un conflicto. Es preciso que se conozca la verdad de lo ocurrido, y que se enjuicie a los responsables de las ejecuciones, desapariciones y torturas. Sin el conocimiento de la verdad de lo sucedido, será muy difícil lograr la reconciliación entre las mismas comunidades.
Las comisiones de la verdad han sido instrumentos útiles para reconciliar poblaciones después de conflictos como los ocurridos en los estados de Oaxaca, Chiapas y Guerrero. Estas han sido han sido utilizadas en efecto al finalizar graves conflictos, que han dividido a países enteros, como sucedió con el apartheid en Sudáfrica, y al concluir las guerras civiles en El Salvador y Chile.
Las organizaciones de derechos humanos saludamos las iniciativas para la liberación de presos políticos que se están dando en los estados de Oaxaca, Guerrero y, con sus muy particulares exigencias, en Chiapas; reconocemos que son pasos importantes para lograr la solución de los conflictos armados que se han generado a causa de la marginación y la pobreza. Sin embargo, reitero que es al mismo tiempo urgente reconocer a cabalidad los derechos de los pueblos indios y elaborar con ellos proyectos de desarrollo sustentable para atacar de raíz las causas de la subversión.