Ť La defensa del ex dictador pedirá la remoción del magistrado por "irregularidades"

Advierte el juez Juan Guzmán que "aplicará la ley", si Pinochet desafía sus decisiones

Ť No sólo el general retirado, también sus consejeros podrían ser procesados por desacato

AFP, DPA, AP Y REUTERS

santiago, 4 de enero. Augusto Pinochet decidió no someterse a los exámenes médicos ni al interrogatorio en el juicio que encara por violaciones a los derechos humanos, por lo que el juez especial Juan Guzmán Tapia advirtió que aplicará la ley si el ex dictador desafía sus decisiones.

La familia de Pinochet "siguió el consejo que le dio la defensa" de negarse a la práctica de los exámenes siquiátricos y neurológicos programados para el 7 y 8 del mes en curso y sobre la indagatoria del martes 9, informó José María Eyzaguirre, uno de sus abogados. No obstante, sostuvo que esta posición "no es desacato".

Al mismo tiempo, el abogado Gustavo Collao presentó dos recursos ante la Corte de Apelaciones. En uno pide una reconsideración para modificar el cronograma de los trámites ordenados por el juez Guzmán Tapia, de modo que el interrogatorio se efectúe después de que se conozcan los resultados sicomédicos.

En el otro recurso informa al juez que Pinochet no se va a presentar a los exámenes médicos ni a la indagatoria, hasta en tanto que las instancias superiores "corrijan" sus determinaciones. Es decir, con esta medida se buscaría evitar el careo dando por hecho que los exámenes médicos lo pondrían a salvo del proceso.

La defensa también se aprestaba a presentar ante la Corte Suprema un recurso más para pedir la remoción del juez Guzmán Tapia por considerar que ha cometido una serie de "irregularidades", que podría ser visto por los magistrados el viernes en la sesión ordinaria.

Alegan "trato persecutorio"

Los abogados defensores instieron en que el magistrado no ha dado un tratamiento adecuado a su cliente, ya que "atenta contra la dignidad y la persona de un ex mandatario", y que le ha dado un trato "persecutorio" y "hostil".

Marco Antonio Pinochet Hiriart, el hijo menor del desaforado senador vitalicio, comentó que a su padre "le parece razonable lo que los abogados proponen", en el sentido de no acatar los ordenamientos del magistrado y que no variarán esa postura mientras no sea modificado el calendario.

Con todo, a decir de los expertos, ninguno de los recursos de la defensa presentados hoy paraliza los exámenes y la indagatoria, ya que primero se debería haber presentado una orden de no innovar a ser resuelta por la Corte de Apelaciones.

Guzmán Tapia, quien investiga 202 querellas criminales contra el ex gobernante de facto, respondió que si Pinochet se niega a practicarse los exámenes médicos y a prestar la declaración indagatoria le aplicará la ley y los códigos penales, aunque se rehusó a precisar las medidas a tomar.

"Yo soy el juez y, en este caso, soy un juez del crimen, así que tengo que apegarme al Código de Procedimiento Penal", expresó en forma escueta el magistrado. Pero, tal código considera la figura del reo en rebeldía, lo faculta a procesar y ordenar su arresto, e incluso sin que se dé el interrogatorio, acorde con el artículo 341.

El juez especial lleva adelante la causa contra Pinochet por el llamado operativo de la Caravana de la Muerte, en torno al cual tiene fundadas sospechas de su participación en los hechos como autor intelectual de 75 fusilamientos de opositores políticos perpetrados en octubre de 1973, tras el sangriento golpe militar que encabezó.

El abogado querellante, Eduardo Contreras, estimó que la defensa del ex dictador se halla "desesperada", pues ha perdido la calma y la compostura. Apuntó que Pinochet "teme estar frente al juez para expresar sus descargos ante el sinnúmero de pruebas que lo acusan de los horrendos crímenes que todos conocemos".

Al citar artículos del Código, Contreras anticipó los pasos que seguiría el juez en caso de desacato: "Puede dar por cumplida la oportunidad del examen y el interrogatorio, y declararlo reo procesado y, enseguida, seguir con la investigación hasta dictar sentencia".

José Galiano, otro de los juristas de la acusación, indicó que el juez puede ordenar llevarlo con la fuerza pública al tribunal, aunque desestimó que vaya a hacer eso. No obstante, agregó que lo puede arrestar en su domicilio.

Carmen Hertz, también de la acusación, advirtió que no sólo Pinochet sino también sus consejeros pueden ser sancionados por desacato a la justicia.

En el punto de vista de que Pinochet puede ser arrestado de inmediato, para seguir instruyendo el sumario sin exámenes médicos y la indagatoria, coincidió el abogado Jorge Ovalle, el defensor del ex general Sergio Arellano Stark, el subalterno del ex dictador en la Caravana de la Muerte.

En medio de esta nueva controversia, el juez Guzmán Tapia no se quedó atrás al acoger la petición de uno de los abogados querellantes en el mismo caso de la caravana de la muerte, Francisco Bravo, en cuanto a citar a declarar a dos miembros de la defensa de Pinochet: Pablo Rodríguez Grez y Miguel Schweitzer, inmiscuidos en presuntos delitos durante la dictadura militar.

Un sondeo de opinión del Centro de Estudios de la Realidad Contemporánea arrojó que 50 por ciento de los chilenos apoya el procesamiento contra Pinochet, frente a 33 por ciento en desacuerdo. Además, 43 por ciento aboga por un arreglo político.

La canciller chilena, Soledad Alvear, señaló por su parte que la situación procesal de Augusto Pinochet y los demás casos de violaciones a los derechos humanos que instruye la justicia local no afectan las negociaciones con Estados Unidos para una tratado de libre comercio.