JUEVES Ť 4 Ť ENERO Ť 2001
Ť Sellan oficinas y extraen datos de computadoras de Suárez Gómez y Díaz Pérez
Nombran delegado de la PGR y jefe de la PJF en Chihuahua, en remplazo de los destituidos
Ť La UEDO tiene indicios del contubernio entre los ex funcionarios y narcotraficantes
RUBEN VILLALPANDO, MIROSLAVA BREACH Y MARTIN DIEGO CORRESPONSALES
La PGR nombró al abogado Lorenzo Aquino Miranda y al doctor Salvador Alejandro Cruz Pérez, delegado de la dependencia y jefe de la Policía Judicial Federal (PJF) en Chihuahua, respectivamente.
Ambos sustituyen a Norberto Jesús Suárez Gómez y José Manuel Díaz Pérez, sorprendidos in fraganti el primero de enero cuando aquél pretendía vender al segundo una plaza en Ciudad Juárez en 500 mil dólares.
Sus oficinas fueron selladas mientras personal de la Contraloría de la PGR investiga hechos y analiza documentos y datos contenidos en las computadoras de ambos.
El nuevo delegado fue funcionario de la Procuraduría de Justicia de Durango, y el jefe de la PJF y subdelegado estaba a cargo de la fiscalía especial que investiga 16 ejecuciones en Ciudad Juárez y el homicidio del periodista José Ramírez Puente.
En tanto, en la capital del estado el gobernador Patricio Martínez criticó la "indolencia y falta de profesionalismo" de la administración Zedillo para atender las reiteradas denuncias sobre la corrupción imperante en la delegación estatal de PGR, y exigió al nuevo gobierno acciones enérgicas contra los enclaves del narco en el estado.
"Lamento muchísimo que lo que estuvimos señalando (resultó cierto); se lo dije personalmente al presidente Zedillo en las audiencias, se lo dije muchas veces al procurador Madrazo. No sólo nunca lo creyó, sino que además emprendía actitudes en contra nuestra y mostraba un enojo porque para él era imposible que sus muchachitos fueran chicos malos. La declaración oficial de mi parte, de tres palabras, Ƒno que no?".
Martínez García se congratuló de la decisión del procurador general de la República, Rafael Macedo de la Concha, de suspender a todos los funcionarios de la delegación estatal de la PGR en Chihuahua.
El gobernador dijo que entabló comunicación con Macedo de la Concha y espera que el gobierno de Fox ponga orden en el combate al crimen organizado, que ha llenado de estadísticas negativas a Chihuahua, concretamente a Ciudad Juárez.
En Guanajuato, Felipe Arturo Camarena García, subprocurador de la PGR, comprometió a la institución a que en este sexenio se resuelvan los casos de corrupción al interior de la dependencia, y para ello "tenemos que meter sistemas de control que no existen para lograr un combate a la corrupción".
Al descubierto, el vínculo funcionarios-narcotráfico
El descubrimiento de la supuesta venta de plazas de agentes de la PJF en la delegación de la PGR en Chihuahua desenmascaró el vínculo de funcionarios de la adscripción con organizaciones de narcotraficantes, según fuentes de la dependencia.
Por ese motivo, el ex delegado de la PGR en Chihuahua, Norberto Jesús Suárez Gómez, está bajo arraigo, al igual que el ex subdelegado José Manuel Díaz Pérez, y fueron suspendidos e investigados 15 elementos de la PJF adscritos a esa delegación.
Las investigaciones están a cargo de la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada, ya que se presume que los 500 mil dólares asegurados a José Manuel Díaz Pérez provienen del narcotráfico.
Cabe recordar que Díaz Pérez, ex subdelegado de la PJF en Chihuahua, informó a la Procuraduría General de Justicia Militar sobre una supuesta "venta de plazas" en la PGR, y el involucramiento del delegado de la institución, Norberto Jesús Suárez Gómez.
El pasado 30 de diciembre, Díaz Pérez decidió colaborar con la PGR para detener aSuárez Gómez cuando le entregara 500 mil dólares por cambiarlo de "plaza".
Cuando el Ministerio Público federal interrogó al ex subdelegado, éste solicitó los beneficios de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y convertirse en testigo protegido. Sin embargo, al ponérsele como condición el declarar el origen de los 500 mil dólares, no accedió a ello, por lo cual se le negó ese beneficio.
La UEDO tiene indicios del contubernio de los ex funcionarios con una organización de narcotraficantes que podría ser el cártel de Juárez.