MARTES Ť 2 Ť ENERO Ť 2001
Marco Rascón
Bandos y decretos
Gobernar con bandos y decretos en tiempos de paz,
no es una tradición republicana, sino despótica.
Si entendimos bien, la formalidad democrática al consumarse el cambio de régimen priísta fue en favor del equilibrio de poderes, en detrimento de los excesos del Ejecutivo y contrario al ejercicio unipersonal del poder.
Si nos remitimos a la historia del liberalismo mexicano, la esencia del poder radica en el Legislativo y por ello, las Leyes de Reforma de 1857 fueron, además de transformadoras, una voluntad de equilibrio entre los poderes y la fructificación del federalismo, contra las prácticas conservadoras, centralistas y de caudillos. Históricamente en México han tendido ha gobernar con bandos y decretos quienes han despreciado a los otros poderes, siendo esta práctica no de los republicanos, sino de los militaristas, los dictadores y los usurpadores como Santa Ana, Victoriano Huerta y Salinas, quien a planchazos priístas cambió la Constitución.
El PRD en su debilidad ha dejado que se gobierne actualmente el Distrito Federal en su nombre, pero en contra de sus principios y programa. El costo puede ser sumamente caro para el PRD y amplios sectores democráticos, sociales y populares que han permitido reiteradamente decisiones contrarias a su discurso legalista, que no han sido ni consultados ni debatidos, sino impuestos de manera personalísima.
De los bandos expedidos hasta hoy, varios son profundamente cuestionables no sólo en lo económico, sino en lo político. La imposición de una política de austeridad irracional conducirá al gobierno a debilitarlo, pues los ajustes a las partidas presupuestales no son transferibles, salvo la decisión de la Asamblea Legislativa, a la cual el jefe de Gobierno ha intentado ignorar.
En lo político, el bando que anuncia una consulta para reglamentar el derecho de manifestación constituye uno de los más graves golpes a las garantías constitucionales que ni en tiempos de Díaz Ordaz o los regentes de hierro como Uruchurtu o Martínez Domínguez se les pudo ocurrir a los priístas. La Constitución y las garantías individuales no pueden ser puestas bajo una consulta frívola en un medio derechizado, o a menos que sea un objetivo del jefe de Gobierno entregar esta garantía constitucional a los peores sectores de derecha en la ciudad y el país. Esto es una secuela indudable de la "consulta" aberrante a la que convocó López Obrador siendo candidato para que el pueblo decidiera "si lo querían como candidato", independientemente si tenía derecho legal o no. El PRD lo secundó en esta convocatoria y hoy se convierte en política a nombre de la izquierda, pero que agrede derechos fundamentales democráticos, y que la derecha, por el alto costo político que esto significaría, no estaría dispuesta ni ha proponerlo.
Mediante los bandos se pretende una imagen de mano dura y firme, pero esto es un mensaje en favor de los sectores más conservadores y reaccionarios que le aplauden y en contra de los sectores que de manera instintiva y necesaria resisten a las políticas neoliberales y globalizadoras.
Hace uso de esta forma como un fin en sí, de manera confusa y nerviosa, pues en todo caso sus bandos debieran ser propuestas a la Asamblea Legislativa a fin de abrir procesos de opinión y participación popular y no para cerrarlos con una palabra última de él. Esto aísla al Gobierno del DF, paraliza e inmoviliza al PRD y lo desfigura. Es quizás por lo que López Obrador se ha considerado "un Uruchurtu democrático".
Con la política de bandos, López Obrador, abre la puerta a Fox para gobernar con decretos ante la eventualidad de que las maniobras para hacer consensos en el Congreso no funcione. Sin embargo, existe una diferencia entre López Obrador y Fox: mientras el jefe de Gobierno del DF se confronta en forma y fondo con la Asamblea Legislativa y no le propone ninguno de sus bandos, Fox lanzó una estrategia sobre el Congreso para que todos firmaran el nuevo presupuesto, que es igual de restrictivo que los anteriores del PRI, sólo que ahora le dieron "oportunidad" a las Cámaras para que ellas le determinaran el reparto de los 30 mil millones de pesos que desde el principio anunció Francisco Gil Díaz y ya estaban contemplados, repartiendo el populismo para aflojar tensiones. Para Fox el decreto es una amenaza de última instancia, mientras que para López Obrador su forma personal de gobernar.
Con los bandos, López Obrador encubre su desconocimiento de la ciudad y hace una estrategia apresurada de golpes que rápidamente pierden eficacia; como si le faltara tiempo, pese a tener un mandato de seis años.
Gobernar mediante estos bandos constituye un agravio a la tradición democrática y republicana. Su contenido, que pudiese ser revolucionario o de excepción, es también contrario al espíritu de los luchadores de esta ciudad, a la cual el jefe de Gobierno no reconoce y sí desprecia.