MARTES Ť 2 Ť ENERO Ť 2001

Iván Restrepo

Año nuevo, buenas noticias

specialmente la última década, las organizaciones ciudadanas y los científicos defensores de la salud pública y el medio ambiente han luchado por la eliminación de varias sustancias químicas de efectos tóxicos suficientemente probados. Entre ellas sobresalen los denominados contaminantes orgánicos persistentes (COP), de muy alta toxicidad, bioacumulables y que logran viajar a grandes distancias. Pueden causar males crónicos y malformaciones lo mismo en seres humanos que en animales, afectar el sistema hormonal y provocar serios efectos en el desarrollo de la inteligencia, la reproducción y la fertilidad, sin descartar la presencia de cáncer.

Esta lucha se ha enfocado fundamentalmente a que los gobiernos obliguen a la industria química a no producir y distribuir tales compuestos, ni a elaborar otros nuevos que sean un peligro. La tarea no ha sido fácil debido al enorme poder de las corporaciones trasnacionales en el campo económico, oficial y político en sus países de origen y la influencia que ejercen en el resto del planeta. Pero este milenio se inicia con una buena noticia: recientemente se celebró en Johannesburgo, Sudáfrica, la quinta reunión convocada para tratar lo referente a las 12 sustancias catalogadas como de atención prioritaria, por figurar entre las más peligrosas de la Tierra y ser objeto de escrutinio en diversos foros internacionales convocados para tal efecto. Figuran entre ellas clordano, aldrín, heptacloro, mirex, dieldrín, toxafeno, hexaclorobenceno, los bifenilos policlorados, furanos y DDT. Luego de arduas negociaciones los delegados de 122 naciones y de varias organizaciones no gubernamentales acordaron el texto final del convenio que será firmado el próximo mayo en Copenhague.

Se trata de un enorme avance, pues de todos los COP el convenio solamente permite el uso del DDT por el sector público y exclusivamente para el control del paludismo, pero acompañado de medidas para atender la salud y buscando otras alternativas técnicas y científicas. En cuanto a los bifenilos policlorados (PCB), aunque ya no se producen, existen cientos de miles de toneladas en equipo eléctrico obsoleto (en México suman unas 20 mil). Ahora los gobiernos deberán identificarlos, etiquetarlos y removerlos, permitiendo su exportación para su tratamiento o destrucción en los países que cuenten con la tecnología adecuada para ello.

El convenio también establece una serie de mecanismos para restringir las exportaciones e importaciones de los contaminantes orgánicos persistentes y sobre la forma más adecuada de manejo y tratamiento de los residuos de tales sustancias. Además, los países industrializados (sede de las corporaciones que elaboran y comercializan los compuestos químicos más tóxicos y peligrosos) deberán destinar nuevos recursos financieros a los países en desarrollo a fin de que puedan hacer ajustes exitosos en ciertos procesos productivos en los que se utilizan sustancias directamente vinculadas con los contaminantes prohibidos, como es el caso de la industria del cloro.

Al aplaudir los acuerdos alcanzados en la reunión de Johannesburgo, debemos, en cambio, recalcar el nada brillante papel del gobierno mexicano en estas y anteriores negociaciones. El del enviado de la antigua secretaría de Comercio (hoy de Economía) fue francamente lamentable y mostró que hasta el sexenio pasado a nuestros funcionarios les interesó más defender y garantizar el libre comercio y a la industria contaminante que la salud pública y el medio ambiente. El nuevo gobierno ha insistido en que las cosas serán diferentes. Por ello, es de esperarse que México firme en mayo el convenio y aplique un principio precautorio en las importaciones de tecnología, en especial la destinada a tratar (incinerar) residuos que generan las peligrosísimas dioxinas. En este campo, México es mucho más tolerante que los países europeos, Estados Unidos o Canadá. Veremos si lo prometido no queda en meras promesas.

Pd. Los interesados en obtener mayor información sobre el tema, pueden dirigirse a la Red de Acción sobre Plaguicidas en México, Rapam. Correo electrónico: [email protected] o visitar la página www.greenpeace.org