Organismos internacionales evaluarán programas de combate a la pobreza
Ť Las dependencias involucradas en sistemas de subsidio tendrán que rendir cuentas ante diputados
David Aponte
Los programas de combate a la pobreza y subsidio al campo tienen candados para que el gobierno federal no pueda utilizarlos con fines político-electorales o desviar los recursos a otras partidas, además que deberán ser evaluados por organismos internacionales con prestigio en la materia, señala el Presupuesto de Egresos de la Federación del 2001.
Los esquemas de subsidio tendrán además reglas de operación para la selección de las personas marginadas y la entrega de los recursos, indica el documento aprobado por la Cámara de Diputados.
A partir del 2001, los proyectos de lucha contra la pobreza "deberán ser evaluados por instituciones académicas y de investigación, preferentemente nacionales, con reconocimiento y experiencia en la materia (...), así como por organismos especializados de carácter internacional, para evaluar las reglas de operación, los beneficios económicos y sociales de sus acciones y su costo-efectividad", precisa.
El decreto ?que entrará en vigor a partir de este lunes? permite que cada una de las dependencias involucradas en los esquemas de subsidio elabore las reglas de operación e indicadores de evaluación, que deberán publicarse a más tardar el 15 de marzo del 2001 y estarán sujetas a la aprobación de la Contraloría.
Informes semestrales
Posteriormente, cada una de las secretarías de
Estado tendrá que enviar a la Cámara de Diputados informes
semestrales sobre el cumplimiento de las metas y objetivos, así
como los resultados de la valoración, menciona el texto.
Las oficinas de Ejecutivo asumirán la obligación de elaborar los padrones de los beneficiarios y difundirlos a la opinión pública. Al respecto, tendrán que identificar en sus listados a las personas físicas con la Clave Unica de Registro de Población y, en el caso de personas morales, con el Registro Federal de Contribuyentes.
Las dependencias tienen que publicar entre enero y febrero, en el Diario Oficial de la Federación, el calendario para la distribución de los recursos por entidad federativa.
Los diputados aprobaron una serie de requisitos, candados, para evitar la utilización política de los planes o que sus partidas sean desviadas a otros gastos de la administración pública.
En el primer punto, el documento acota: "la papelería, documentación oficial, así como la publicidad y promoción que adquieran las dependencias y entidades para los programas, con excepción del Programa de Educación, Salud y Alimentación (Progresa), deberán incluir la siguiente leyenda: 'este es un programa de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes.
'Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente'", señala.
En cuanto al Progresa, el Presupuesto de Egresos de la Federación del 2001 establece que las reglas de operación deberán tener las siguientes consideraciones: los criterios para la inclusión de localidades en el programa en el medio rural y de área geoestadística básica en el urbano, dando preferencia a las zonas rurales de mayor marginación, las cuales deberán contar con acceso a servicios básicos de salud y educación, que permita operar en forma simultánea los componentes del programa.
Además, los mecanismos de identificación e inclusión de las familias, con un sistema de operación para el levantamiento de cédulas individuales en cada una de las localidades.
750 mil familias beneficiadas
La Secretaría de Desarrollo Social tendrá que elaborar el calendario para la inclusión de esta forma: "en el ejercicio fiscal 2001 se incorporarán 750 mil familias de localidades y áreas geoestadísticas básicas altamente marginadas, de las cuales 113 mil se incorporarán en el bimestre marzo-abril y las restantes 637 mil en el bimestre julio-agosto".
Además de las reglas de operación, menciona que la coordinadora nacional del Progresa deberá incluir tanto en el documento de identificación que presentan las beneficiarias para recibir los apoyos, como en las guías para las promotoras voluntarias y las beneficiarias, la siguiente leyenda: "le recordamos que su incorporación al Progresa y la entrega de apoyos no están condicionadas a la participación en partido político alguno o a votar a favor de algún candidato a puesto de elección popular.
'Ninguna persona tiene autorización de otorgar o retirar apoyos del Progresa. Los titulares de las familias beneficiarias recibirán sus apoyos si cumplen con sus citas médicas, pláticas educativas de salud y si sus niños asisten regularmente a la escuela. Aquellas personas, organizaciones o servidores públicos que hagan uso indebido de los recursos del programa, deberán ser denunciados ante la autoridad competente y sancionados conforme a la ley aplicable'".
Cero transferencias
El documento, aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados la tarde del viernes, advierte que los recursos de los programas no pueden ser transferidos a otras cuentas de la administración pública federal.
Por ejemplo, expone que el presupuesto destinado a la Alianza para el Campo (dos mil 282 millones de pesos para el 2001) no deberá ser destinado a otros fines.
En el Presupuesto de Egresos del 2001 el órgano legislativo tomó en consideración 64 programas de apoyo a los sectores de más bajos ingresos, que serán operados por las secretarías de Hacienda, Agricultura, Economía, Educación Pública, Salud, Trabajo, Medio Ambiente y Desarrollo Social.
Antes de finalizar el ejercicio fiscal (a más tardar el 15 de octubre), las dependencias y entidades deberán enviar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados una apreciación del desempeño de los planes, para que sean consideradas en el proceso de análisis del presupuesto del 2002.