instancia y requiere ratificar su desestimiento, lo que habrá de hacer el primer día hábil de la próxima semana en que los juzgados regresan de vacaciones.
DOMINGO 31 DE DICIEMBRE DE 2000
Ť Pendiente, la liberación de 87 indígenas
Excarcelan a 16 zapatistas; Cerro Hueco será cerrado
Ť Es un gesto más hacia la paz, según Salazar Mendiguchía
Ť Anuncia el gobernador reformas en materia de justicia
Andrea Becerril, enviada, y Juan Balboa, corresponsal, Tuxtla Gutiérrez, Chis., 30 de diciembre Ť El gobierno de Pablo Salazar Mendiguchía liberó a un primer grupo de zapatistas presos "en un gesto más hacia la paz" y anunció el cierre en breve del penal de Cerro Hueco, para que ese "símbolo del oprobio", donde se encerró a los pobres, los desvalidos y los disidentes, "quede como parte de una memoria que no queremos recordar".
Fuera precisamente de esa vieja prisión, en un acto al que asistió como testigo de honor el comisionado para la paz, Luis H. Alvarez, dio comienzo la liberación de un total de 103 presos políticos indígenas, encarcelados y procesados a partir de 1994, por ser simpatizantes o bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Ahí, Salazar Mendiguchía insistió en su interés de "abrir las rejas para cerrar heridas en Chiapas" y denunció la persistencia de actitudes de legisladores locales priístas contrarios a ese propósito.
"Hoy damos un paso significativo a favor de la paz y cumplimos la segunda o tercera demanda del EZLN. Celebramos que en este esfuerzo haya participado la sociedad civil, pero también con mucha pena quiero públicamente señalar que en el terreno de los hechos, hoy la fracción mayoritaria (la del PRI) en el Congreso del estado, ratifica su nulo compromiso con la paz".
Se refirió de manera concreta a la oposición de la mayoría priísta a que el Poder Legislativo chiapaneco firmara el dictamen por el que se permitió la excarcelación de los primeros 22 zapatistas -16 de ellos salieron ayer mismo, uno más el martes y los restantes los días siguientes- recluidos con base en acusaciones políticas y procesos judiciales amañados y llenos de irregularidades.
Esperan rechazo del PRI
El gobernador aclaró que no todos los legisladores del PRI avalaron esa decisión criticable y agradeció la presencia de representantes del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, entre ellos Gonzalo Ituarte, de La Voz de Cerro Hueco, la organización constituida por los zapatistas para su defensa.
Antes de que el gobernador hablara y destacara que tanto él como Fox han querido privilegiar el lenguaje de los hechos por encima de los discursos, el procurador general de Justicia de la entidad, Mariano Herrán Salvatti, detalló el procedimiento por el que recuperaron su libertad ayer 16 indígenas de diversas etnias.
Herrán Salvatti precisó que ese primer paquete de 22 liberados obtuvo el beneficio de la Ley de Libertad con Sentencia Suspendida, que permite al Ejecutivo estatal dejar libres a personas que tengan en su contra el cumplimiento de una sentencia que haya causado ejecutoria, sólo con el requisito de que una comisión, conformada por representantes de la Procuraduría General de Justicia de Chiapas, del Supremo Tribunal de Justicia, un representante del Congreso estatal y de la Comisión de Derechos Humanos de Chiapas, emita un dictamen a favor del inculpado.
Esa comisión, precisó el procurador chiapaneco, ya fue integrada, revisó los 103 expedientes y determinó en una primera instancia que podía excarcelarse a 17 personas que tenían en su contra sentencias ejecutorias. Se trata de Jesús López López, Reynan Castro Posada, Juan María Castro Sánchez, Floriberto Castro Sánchez, Francisco Pérez Pérez, Manuel Gómez Díaz, Misael Pérez Gálvez, Hernán Gómez Escobar, Ramón Peñate Mayo, Armando Constantino Constantino, Andrés Vázquez Moreno, José Guzmán Montejo, Daniel Encino Santís, Jorge Santís Gómez, Francisco Méndez Gómez, Nicolás García Díaz, Mariano Zenteno Gutiérrez y Antonio López Hernández.
Este último, precisó el procurador, saldrá hasta el próximo martes, debido a que había apelado de la sentencia de primera
instancia y requiere ratificar su desestimiento, lo que habrá de hacer el primer día hábil de la próxima semana en que los juzgados regresan de vacaciones.
Igualmente, detalló el procurador, el gobierno estatal presentó ya el desistimiento de las causas penales contra otros cinco zapatistas presos: Ricardo García Hernández, Manuel Gutiérrez Méndez, Antonio Arias Hernández, Cristóbal Gutiérrez Gómez y Armando Jiménez Pérez, cuya liberación se realizará la próxima semana, cuando se reanuden las actividades en los juzgados de Yajalón, Venustiano Carranza, San Cristóbal, Pichucalco y conocerán del trámite judicial.
Además de esos 22 liberados de aquí a la próxima semana, la Procuraduría presentará otros 24 desistimientos en los primeros días de enero, agregó Herrán Salvatti. Precisó luego que los cerca de 60 casos restantes son analizados, a fin de concluir lo más pronto posible con la excarcelación de los indígenas ligados al EZLN aún presos.
Al comisionado para la paz, Luis H. Alvarez, le pidieron intervenga en el caso de los presos zapatistas que tienen procesos del fuero federal. "Nosotros somos del municipio Tierra y Libertad, de los pueblos autónomos y luchamos porque somos pobres. No tenemos donde vivir, somos pobres, no somos rebeldes por otra causa", dijo a su vez Misael Pérez Galván.
Su caso, detalló el abogado de los presos zapatistas es también ejemplo de cómo se privó de la libertad y se condenó hasta por 25 años de prisión a simpatizantes y bases de apoyo del grupo rebelde, con base en delitos prefabricados y procesos "de una ilegalidad vergonzosa".
Pérez Galván fue encarcelado, acusado de despojo por los dueños de la finca Corosal, tan sólo porque realizó un paro de actividades fuera de esa empresa. Los empresarios argumentaron que impidió la realización de labores y llevaba ya año y medio preso.
Otros indígenas aún privados de su libertad, agregó el defensor, "fueron incluso torturados, para obligarlos a inculparse de delitos que no cometieron", o se les impidió contar con un traductor en las diligencias. A la mayoría se les involucró en los hechos violentos que se dieron en la zona norte y en el desmantelamiento de los municipios autónomos que impulsó Roberto Albores Guillén.
De los Santos resaltó que con sólo leer los expedientes de los 103 zapatistas presos, se advierte la complicidad y el contubernio que en los últimos seis años se dio en Chiapas entre los poderes Ejecutivo y Judicial, para legitimar violaciones a los derechos humanos y reclusiones ilegales de simpatizantes y bases del grupo rebelde.
El gobernador Salazar Mendiguchía insistió, por ello, en su discurso, en que sigue empeñado en abonar el camino de la paz y la reconciliación en la entidad "y ésta transita por eventos como éste". Lo que ayer ocurrió, dijo, es el preámbulo de lo que esperamos suceda pronto.
Para lograr ese propósito es que anunció que en breve se impulsará una reforma a fondo en la entidad en materia de impartición de justicia y se cerrará el penal de Cerro Hueco. "Que este inmueble que ha sido símbolo del oprobio, que ha albergado a los pobres, a los indefensos, a los disidentes, pueda ser cerrado, para que quede como parte de una memoria que no queremos recordar, de un pasado que no queremos volver a vivir".
Agregó que en Chiapas nunca más se encarcelará ni se perseguirá a quienes disienten, a quienes tienen distintas filiaciones políticas o religiosas. "Deseamos impulsar una fuerte reforma judicial para que en este estado, el que tiene más pobres en el país, no se castigue más la pobreza, ni la ignorancia".
En una de las muchas entrevistas que ayer le hicieron reporteros y corresponsales extranjeros, Salazar Mendiguchía precisó que se dejarán también sin efecto "cientos de órdenes de aprehensión contra luchadores sociales, que carecen de sustento, porque parten de delitos prefabricados" por su antecesor.