Levantan ayuno detenidos por el asalto a La Tablada

Ť Los rebeldes argentinos habían cumplido 117 días de huelga de hambre

Stella Calloni Corresponsal

Buenos Aires, 29 de diciembre.

Los 12 detenidos por el asalto al cuartel militar de La Tablada, hecho ocurrido en 1989, levantaron la tarde de este viernes su huelga de hambre que cumplió ya 117 días, cuando estaban al límite de la resistencia, al conocerse un decreto firmado por el presidente Fernando de la Rúa que conmuta las condenas de entre 20 y 25 años de prisión.

Aunque no obtendrán su libertad en forma inmediata, las condenas a prisión se acortarán y al-gunos podrán salir a trabajar.

El beneficio no alcanza a Enrique Gorriarán Merlo, condenado a prisión perpetua por haber encabezado el asalto al cuartel --protagonizado por el Movimiento To-dos por la Patria--, quien fue uno de los jefes del Ejército Revolucionario del Pueblo en los 70, ni a su ex esposa Ana María Sívori.

Ambos fueron condenados en 1997, pero tuvieron derecho a la segunda instancia, durante un juicio oral. Gorriarán fue detenido en México y entregado en el ae-ropuerto de la capital mexicana a agentes del Servicio de Inteligencia argentino en 1995, en un sonado y nunca aclarado caso.

En Plaza de Mayo, los familiares de los presos que permanecían en vigilia desde hace días, instalados en una carpa frente a la sede presidencial en espera de una decisión, festejaron alborozados acompañados por Nora Cortiñas, de Madres Fundadoras de Plaza de Mayo, y otros líderes humanitarios.

Hace dos días el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel había enviado una carta al mandatario para expresarle su preocupación ante la falta de decisión ante este caso y otros temas acuciantes del momento.

"Falta coraje" señaló, y desde todos los países del mundo llegaron demandas a De la Rúa para que tomara una decisión; recientemente el escritor portugués José Saramago, premio Nobel de Literatura, visitó a los ayunantes y realizó una gestión ante el Ejecutivo.

Segunda instancia

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), después de examinar el caso, recomendó en 1997 permitir una se-gunda instancia, ya que consideró irregular el juicio que los condenó bajo la llamada ley de defensa de la democracia.

Además, pidió una investigación para esclarecer desapariciones, ejecuciones y torturas, cuando policías y el ejército detuvieron a los sobrevivientes del asalto.

De la Rúa recordó estos días to-dos los intentos del gobierno para que se votara a nivel de Congreso la norma que permitiera cumplir con la CIDH, donde encontró una barrera infranqueable en el opositor Partido Justicialista (peronista), así como en la desprestigiada Corte Suprema, que rechazó todas las instancias sugeridas a nivel de gobierno y organismos.

El caso de los detenidos se ha-bía convertido en un virtual cuello de botella, donde todos jugaban sus intereses políticos y el justicialismo apostaba a hacerle pagar un costo político al gobierno si te-nía que recurrir al decreto.

De hecho habrá consecuencias. La CIDH había enviado un virtual ultimátum para que se cumplieran las recomendaciones y en las últimas horas habría aprobado la op-ción del gobierno de conmutar las penas. Los detenidos están internados en dos hospitales

"Si bien no es lo que se estaba pidiendo, la mayoría de los presos entran en un régimen de semilibertad que incluso les permitirá una salida laboral, y aunque no es lo recomendado por la CIDH y no se soluciona el tema de la investigación, se ha dado un paso y se decidió levantar la huelga, mientras continuamos trabajando para lograr la justicia plena", dijo un vocero de los detenidos.

Sin embargo, no todas fueron buenas nuevas para la justicia al terminar el año: el cuestionado juez Carlos Liporaci, en una sorpresiva acción, dictó la falta de mérito para los 11 senadores sospechosos de haber recibido sobornos para votar una rechazada ley de reforma laboral. La mayoría de pertenece al Partido Justicialista y Liporaci era uno de los jueces acusados de favorecer al pasado gobierno de Carlos Menem.

El escándalo llevó a la renuncia, en octubre, del vicepresidente Carlos Alvarez, líder del Frepaso, que con la Unión Cívica Radical integra la Alianza gobernante, cuando no tuvo respaldo en sus denuncias y exigencias de que se investigara la grave denuncia de soborno.

Esto también costó el alejamiento del secretario de Inteligencia del Estado, Fernando de Santibáñez y del ministro de Trabajo, Alberto Flamarique, ambos sospechosos de haber intervenido en el tema de los sobornos.

Balde de agua fría

La decisión del juez Liporaci cayó como un balde de agua fría sobre el ex vicepresidente Alvarez, quien encabeza un movimiento contra la corrupción, y sólo a horas de haber mantenido una reunión con el presidente De la Rúa, para tratar de volver a equilibrar a la alicaída Alianza.

El día trajo otro mal trago para los frepasistas. De la Rúa firmó otros tres decretos, uno de ellos la reforma previsional, otro tema que divide a la Alianza y puede provocar un quiebre definitivo.

Precisamente el pasado 27 de diciembre en una reunión del Frepaso, todos cerraron filas en torno a Alvarez contra la reforma previsional que salió por decreto.

Por su parte, la diputada frepasista Alicia Castro advirtió hoy al Ejecutivo que "gobernar por de-creto es violentar los principios republicanos", y que acompañará un proyecto de ley para derogar el decreto de la reforma previsional.

Asimismo, el pasado miércoles el grupo de diputados socialistas encabezados por Alfredo Bravo, que se retiraron recientemente en bloque de la Alianza en desacuerdo con la política gubernamental, conjuntamente con Elisa Carrió, la popular diputada disidente radical, y algunos progresistas del justicialismo, anunciaron la formación de un nuevo espacio político, Argentinos por una República de Iguales, en un acto donde criticaron se-veramente al gobierno.