SABADO 30 DE DICIEMBRE DE 2000
Sergio Valls Hernández
Balance anual del Consejo de la Judicatura Federal /II
Como lo anunciamos en la publicación del pasado 18 de diciembre, continuaremos describiendo los principales trabajos desarrollados por el Consejo de la Judicatura Federal durante 2000.
En materia de desconcentración administrativa, el Acuerdo General 18/2000 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal dispuso la desconcentración de las funciones, que estaban centralizadas en el Distrito Federal, a las administraciones regionales que se localizan en las circunscripciones territoriales de los 25 circuitos, cuya función administrativa consiste en brindar atención y apoyo a los órganos jurisdiccionales, en sus necesidades materiales, a fin de no distraer a magistrados y jueces federales de su función jurisdiccional y en consecuencia elevar la calidad de la justicia en nuestro país.
En cuanto a las visitas de inspección judicial practicadas a los órganos jurisdiccionales federales, se señala que se realizaron 403 visitas ordinarias, 22 extraordinarias y seis ordinarias para ratificación de jueces y magistrados. De las 22 visitas extraordinarias llevadas a cabo en el mismo lapso, seis fueron a tribunales colegiados, tres a tribunales unitarios y 13 a juzgados de distrito; por último, de las seis visitas ordinarias practicadas para ratificación de resolutores federales, cuatro se realizaron a tribunales colegiados y dos a unitarios.
Con motivo de la publicación en el Diario Oficial de la Federación -12 de mayo de 2000- de la Ley de Concursos Mercantiles, que creó el Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles como un órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura Federal, con autonomía técnica y operativa, fue necesario que éste procediera a la instalación de dicho instituto, previa designación de la junta directiva, encabezada por un director general y cuatro vocales. El beneficio de estas acciones en relación con los órganos jurisdiccionales lo constituye el carácter multidisciplinario de la junta, que debe propiciar en los juzgadores un panorama más amplio respecto de los requerimientos de las partes en el concurso mercantil, para arribar a conclusiones más certeras en beneficio de acreedores y deudores.
Asimismo, durante el presente año se constituyó el Registro Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles, en el cual ya se encuentran 63 especialistas registrados; se emitieron diversas reglas y criterios, tendentes a normar los aspectos relativos a los procedimientos de insolvencia que no son abordados por la ley de la materia, tarea ésta que es competencia del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles. Se continúa trabajando en la difusión de la cultura concursal en beneficio de acreedores y deudores, dando a conocer las finalidades de la ley, a fin de dar certidumbre a las partes en el concurso, con el objeto de que éstas prevean adecuadamente las acciones a implementar en sus negocios y conozcan el marco regulatorio aplicable en caso de que se sitúen en alguna de las hipótesis de insolvencia previstas en la ley.
En materia de defensoría pública, se dio cumplimiento al servicio civil de carrera para los defensores públicos y asesores jurídicos, delegados y supervisores, que prevé selección, ingreso, adscripción, permanencia, promoción, capacitación, prestaciones, estímulos y sanciones. Para hacer efectivo este mandato se han celebrado tres concursos: el Interno de Selección de Delegados Regionales, en el que participaron los supervisores; el Interno de Selección de Supervisores, en el que participaron defensores públicos y asesores jurídicos federales; el Abierto de Oposición para la Selección de Defensores Públicos y Asesores Jurídicos Federales, en el que participó el público en general que reunió los requisitos de la ley y de la convocatoria respectiva. En este mismo rubro, se reestructuró el cuerpo de supervisores, dividiéndolo en ramas de defensa penal y asesoría jurídica.
A finales de noviembre de 1999, por primera ocasión, los defensores públicos y asesores jurídicos federales seleccionados vía concurso -51 defensores públicos y 152 asesores jurídicos federales- rindieron protesta constitucional ante el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Igualmente, en mayo del presente año, vía el procedimiento público, se cubrieron plazas de delegados del Instituto Federal de Defensoría Pública.
En otro orden de ideas, debe decirse que el consejo tiene presente que no sólo se requiere dotar de elementos humanos y materiales a los órganos jurisdiccionales para que la administración de justicia sea mejor, que no basta con elevar el nivel de especialización jurídica del elemento humano, que no es suficiente multiplicar el número de órganos jurisdiccionales, sino que es fundamental elevar la productividad sin que con esto se demerite la calidad de los procesos judiciales y menos aun la de las sentencias que se pronuncien.
Entre las actividades pendientes de desarrollar se encuentra precisamente impulsar, perfeccionar y poner en marcha un plan piloto que ya se ha diseñado, tendente a evaluar el desempeño de los juzgadores federales y hacer eficiente así su productividad, tomando en cuenta parámetros y variables de la actividad jurisdiccional.
Lo anterior no se traduce en entender la función jurisdiccional como una fórmula matemática, pero sí podría contribuir a mejorar la tarea de los resolutores federales en aras de optimizar la justicia federal.
Por último, el contenido del ejercicio publicado el pasado 18 de diciembre y éste constituyen sólo una muestra del universo de tareas que impulsa y desarrolla el Consejo de la Judicatura Federal, en cumplimiento de las atribuciones que le encomienda nuestra Carta Magna y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
Todo lo que aquí se ha descrito, lo que se ha avanzado, comprueba que de ninguna manera este órgano está a prueba, su eficacia está probada, toda vez que está cumpliendo cabalmente con sus funciones, lo que se demuestra con el hecho de que ha preservado la independencia del Poder Judicial de la Federación y la autonomía de los juzgadores.
Los logros de este órgano, tan son evidentes, que han suscitado criticas irresponsables que sin ningún fundamento se pronuncian en su contra, las cuales por sí solas se desvanecen ante la demostración del universo de actividades que en beneficio de la función jurisdiccional impulsa y desarrolla el consejo. La existencia y viabilidad del Consejo de la Judicatura Federal no está, ni puede estar, sujeta a discusión.