Niega corte chilena extraditar a ex represor

Dpa, Afp, Ap y Reuters

Santiago, 28 de diciembre. La Corte Suprema de Justicia negó este miércoles la extradición a Italia del jefe policial de la pasada dictadura castrense, el ex general Manuel Contreras Sepúlveda, por el fallido atentado de 1975 en Ro-ma contra el entonces vicepresidente chileno, Bernardo Leighton, y su esposa Anita Fresno.

La solicitud de extradición de Contreras había sido girada por la justicia italiana desde el año pasado, e incluía la del ex general Raúl Iturriaga Neumann, a quienes un tribunal romano condenó en au-sencia a 20 y 18 años de prisión.

El rechazo a extraditar al fundador de la antigua Dirección de In-teligencia Nacional (la policía se-creta del pinochetismo) fue adoptada por el propio presidente de la corte, Hernán Alvarez, que el 4 de octubre pasado aplicó el mismo procedimiento para denegar la extradición de Iturriaga.

La defensa de Contreras en Chi-le sostuvo que el acusado no tuvo en Roma un "debido proceso", cuyo argumento fue acogido de inmediato por el juez Alvarez.

En su oportunidad se aludió al mismo argumento jurídico en el caso de Iturriaga, y se añadió que la causa estaba prescrita para la ley chilena y que no se probó su participación criminal.

Alvarez dictaminó en su calidad de juez de primera instancia, conforme a los casos de peticiones de extradición. No obstante, Italia to-davía podría apelar a la sala penal de la Corte Suprema, pues el fallo deberá ser ratificado o modificado en segunda y definitiva instancia.

Próximo a salir libre

Contreras cumplirá en enero del 2001 su condena de siete años de prisión en un penal de alta seguridad en las afueras de Santiago, como autor intelectual del asesinato del ex canciller socialista Or-lando Letelier y su secretaria estadunidense Ronnie Moffit, ocurrido en 1976 en Washington.

A su vez Iturriaga, junto con Pi-nochet y Contreras, enfrenta un pedido de extradición de Argentina por el crimen en 1974 en Buenos Aires del general Carlos Prats González, ex comandante en jefe del ejército chileno, en cuyo atentado también murió su esposa Sofía Cuthbert.

En tanto, en las últimas horas se presentaron seis nuevas querellas criminales contra Pinochet, con lo que aumentaron a 201 este tipo de demandas en su contra en relación los más de mil desaparecidos y ejecutados políticos bajo su régimen dictatorial.

Además, en uno de los libelos se pide investigar la presunta responsabilidad del senador Carlos Bombal, de la Unión Demócrata Independiente, como cómplice o encubridor en cuanto a la muerte del profesor Alejandro Avalos.

En el mismo caso se solicita in-vestigar a Contreras Sepúlveda.

Mientras, la defensa de Pinochet se manifestó impaciente ante la demora del juez Juan Guzmán Ta-pia para determinar la fecha en que su cliente será sometido a exámenes mentales y neurológicos, por temor a que no se concreten en el plazo del próximo 9 de enero establecido por la Corte Suprema de Justicia.

El máximo tribunal falló que Pinochet será interrogado por el juez una vez cumplido ese plazo, haya sido o no examinado médicamente, y ante esta situación el abogado Gustavo Collao dijo no comprender la demora.

Anticipó el jurista que si en 24 horas el magistrado Guzmán Ta-pia no se pronuncia sobre la fecha de los exámenes, entonces volverá a plantear "la situación ante la Corte Suprema".

Locura, la salvación

Uno de los voceros de Pinochet, el ex vicecomandante del ejército Guillermo Garín, señaló que ningún médico podrá establecer que el ex dictador esté loco, única ex-cusa legal para eximirlo de un juicio por los crímenes de la dictadura, pero afirmó que médicamente no puede enfrentar un proceso.

Parlamentarios de la alianza go-bernante expresaron su temor de que en la reunión del Consejo de Seguridad Nacional --organismo en el cual los militares son mayoría--, que convocará para el próximo martes 2 de enero el presidente Ricardo Lagos, las fuerzas armadas traten de introducir el tema de Augusto Pinochet.

Varios diputados de la coalición gubernamental acudieron al palacio presidencial de La Moneda para asegurarse de que los fallos jurídicos sobre el ex dictador no entren a discusión.