VIERNES 29 DE DICIEMBRE DE 2000
Luis Javier Garrido
El comienzo
El fin del siglo llega a México con un cambio de gobierno -y de régimen político- que fue impulsado por el pueblo mexicano, pero el verdadero cambio aún está distante.
1. El nuevo gobierno presidido por Vicente Fox ha iniciado su gestión en medio de un desastre económico y atado de manos por sus compromisos financieros internacionales, por lo que ante la imposibilidad de cumplir con sus ofrecimientos de campaña, busca imponer la idea del cambio a través de los medios, y va a recurrir seguramente a acciones espectaculares, de manera que en este contexto la situación de Chiapas reviste para él un nuevo significado al entender que desmantelar a la resistencia zapatista constituirá el mejor golpe propagandístico para su gobierno.
2. La situación social en Chiapas y el país, lejos de mejorar a la llegada del nuevo gobierno se sigue deteriorando mientras el nuevo presidente ha insistido en que ya cumplió con Chiapas por el hecho de satisfacer a su juicio las tres demandas zapatistas para el diálogo al enviar al Congreso de la Unión como iniciativa propia la ley Cocopa en materia de derechos y cultura indígenas, retirar al Ejército federal de algunas posiciones y retenes y estar promoviendo la libertad de algunos civiles pro zapatistas presos en el país, asumiendo que todo lo demás se dará por añadidura.
3. El nuevo presidente, hay que recordarlo, tiene la responsabilidad de enfrentar el conflicto generado por los gobiernos priístas en Chiapas y en el país y no puede delegarla. El régimen constitucional le da amplias atribuciones al Ejecutivo mexicano pero también enormes responsabilidades, que Vicente Fox no puede eludir, como lo hicieron en su momento Carlos Salinas y Ernesto Zedillo, haciéndolas recaer en sus subalternos o en los gobiernos estatales y hasta en factores externos. Y es por ello muy preocupante que el nuevo presidente declare ante los operativos oficiales en el Popocatépetl que no son responsabilidad suya sino de sus colaboradores (19 de diciembre) o que en múltiples declaraciones deje entrever que para él el conflicto lo van a resolver el Congreso y el gobierno estatal con las inversiones extranjeras.
4. Las declaraciones hechas por Fox a La Jornada (28 de diciembre) negando que su gobierno vaya a combatir a los grupos paramilitares creados por la administración de Zedillo y entrenados por oficiales del propio Ejército federal según se ha documentado, e incluso poniendo en duda su existencia al decir que "en este momento no están visibles" y que "nadie ha demostrado si son tal o no", revisten por esto especial gravedad pues evidencian no nada más la decisión del nuevo gobierno de encubrir los actos delictivos y anticonstitucionales de Ernesto Zedillo, sino una escasa visión del conflicto, que no puede tener un principio de solución sino a través de acciones decididas.
5. La otra tentación que parece permear a diversos sectores del gobierno foxista es la de que el nuevo escenario político en vez de propiciar una ampliación de la vida democrática del país sirva no sólo para desactivar a los movimientos sociales sino también para restringir los derechos sociales a fin de facilitar la aplicación de los programas económicos neoliberales, posición que parecen compartir los tres principales partidos políticos, como se apunta en el caso de Chiapas. No es de extrañar por ello que tanto desde la extrema derecha como desde el perredismo se insista con nerviosismo que habiendo terminado el régimen del PRI el EZLN no tiene ya razón de existir, lo cual es evidentemente un absurdo.
6. ƑO que acaso por la simple llegada de Vicente Fox a Los Pinos han cambiado las estructuras autoritarias y la realidad social y económica del país?
7. La campaña para confundir sobre lo que está aconteciendo en Chiapas y en el país arrecia conforme se acerca la fecha de la visita de una delegación de 24 miembros del CCRI-CG del EZLN a la capital, a donde vendrán el próximo febrero a exponer a los legisladores federales su posición ante los acuerdos de San Andrés y a encabezar las movilizaciones por su reconocimiento constitucional, y no sorprende por esto su virulencia. Los argumentos que se utilizan no son, sin embargo, nuevos y denotan no ignorancia sino mala fe, pues se dice que el movimiento zapatista no tiene razón de ser al no existir ya un partido de Estado y haber sido electo el gobierno actual de manera democrática, además de que se le acusa de haber perdido influencia, de carecer de representatividad, de no haber definido un proyecto nacional y hasta se le responsabiliza del desastre electoral del PRD.
8. La realidad es, sin embargo, muy distinta, y el EZLN es en este fin de siglo no nada más un movimiento de fuerte repercusión internacional como referente fundamental ante la necesidad que tienen los pueblos de una organización civil a fin de poder reivindicar sus derechos a la autonomía y a la diferencia, sino que constituye, más que nunca, un símbolo de la lucha por un cambio verdadero que se inicia por la resistencia a las políticas neoliberales actuales, que en el gobierno de Fox siguen siendo las mismas del de Zedillo.
9. El nuevo gobierno de Chiapas, que encabeza desde el 8 de diciembre Pablo Salazar Mendiguchía en nombre de una amplia coalición encabezada por el PAN y el PRD, se ha propuesto en ese sentido terminar con el clima de violencia en el estado, y también con la confrontación existente entre amplios sectores de la entidad y el gobierno local. La llegada de Salazar a la gubernatura entraña un cambio, pues es indudable que tendrá una política diferente ante los derechos humanos, pero será también un factor de apoyo a los programas neoliberales. De ahí que entre sus preocupaciones centrales esté la de apoyar con amplios recursos una reorganización institucional de las organizaciones sociales y la de desactivar a las redes locales del zapatismo civil ofreciendo cargos en su gobierno a quienes entiende han sido militantes de la inconformidad social, siguiendo una estrategia muy similar a la de los gobiernos perredistas en la capital.
10. El camino hacia la paz pasa por la justicia social y eso es algo que los gobiernos neoliberales aún no pueden entender.