MIERCOLES 27 DE DICIEMBRE DE 2000
Ť Preocupa a la Iglesia argentina la vida de los reclusos en huelga de hambre
Evalúa De la Rúa conmutar penas a presos de La Tablada
Ap y Afp, Buenos Aires, 26 de diciembre Ť El presidente Fernando de la Rúa dijo hoy que evaluaría la conmutación de penas a los 12 presos por el asalto al cuartel de La Tablada, quienes ayunan desde hace 113 días en demanda de que se les otorgue el derecho de apelar a las condenas que les fueron impuestas hace casi 12 años.
En tanto, un vocero presidencial reveló que el titular del la Conferencia Episcopal Argentina, Estanislao Karlic, manifestó la preocupación de la Iglesia católica local "por la vida de estos muchachos en huelga de hambre", quienes están actualmente internados en dos hospitales de la capital federal en grave estado.
Interrogado por una radioemisora local sobre si podría conmutar las penas de los guerrilleros, De la Rúa respondió que "es una posibilidad a examinar, para que pueda haber alguna reducción de las condenas que están cumpliendo".
El mandatario lamentó que tanto la Corte Suprema de Justicia como el Congreso "me han tirado todo a mí, me han dejado ahora todo el problema de ver cómo combino los sentimientos de justicia de la gente, el problema de la huelga de hambre, que desde el punto de vista humanitario a cualquiera le preocupa, y la posición internacional del país".
Sin embargo, el mandatario descartó la posibilidad de un indulto presidencial, porque la "opinión pública en general se opone a todo tratamiento especial en materia de justicia (...) A mí me parece que sería un avance peligroso usar un decreto de necesidad y urgencia para eso".
Los asaltantes al cuartel de La Tablada fueron condenados en 1989 a penas que oscilaban entre ocho años y prisión perpetua, pero se les aplicó la "ley de defensa de la democracia", que establece un proceso sumario que no permite apelación.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Organización de Estados Americanos, solicitó hace tres años al gobierno argentino que cumpla los pactos internacionales firmados por el país sudamericano y permita a los ex miembros del izquierdista Movimiento Todos por la Patria una segunda instancia, así como la revisión del juicio, en el que se verificaron varias irregularidades.
Además, tres de los atacantes al cuartel del ejército argentino --que dejó un saldo de 39 muertos entre militares y guerrilleros-- continúan desaparecidos.
Pero la oposición peronista se ha negado a tratar en el Congreso un proyecto de modificación de la ley de defensa de la democracia, y en cambio aconseja que el presidente indulte a los presos, tal como hizo el ex presidente justicialista Carlos Saúl Menem con los jerarcas del último régimen militar, que dejó 30 mil desaparecidos.
Por otro lado, De la Rúa amenazó hoy con utilizar decretos de necesidad y urgencia para poner en vigencia proyectos de reforma demorados en el Congreso, entre ellos una polémica eliminación del sistema estatal de pensiones, resistida incluso en las filas de la gobernante Alianza, una coalición integrada por el socialdemócrata partido Unión Cívica Radical y el centroizquierdista Frente País Solidario.
Las diferencias al interior de la gobernante Alianza, en el poder desde hace un año, llevaron a la renuncia en octubre pasado del vicepresidente Carlos Alvarez. Sin embargo De la Rúa anunció este martes que el ex vicepresidente volverá al gobierno como integrante de comisiones de apoyo o para "organizar tareas".
Finalmente, la ex primera dama Zulema Yoma amenazó hoy con pegar "un tiro a un juez en la cabeza" si la Corte Suprema decidiera no reabrir la causa judicial sobre la muerte de su hijo Carlitos Menem.
El joven murió cuando el helicóptero que pilotaba se estrelló en las afueras de Buenos Aires, en lo que la justicia argentina calificó de accidente, pero Yoma insiste en que se trató de un atentado y presentó un estudio, finalmente rechazado, que supuestamente mostraba la presencia de impactos de bala en la aeronave.