MIERCOLES 27 DE DICIEMBRE DE 2000

Luis Linares Zapata

El capital de la emigración

Por años, los altos funcionarios de la Secretaría de Hacienda fueron vistos como los representantes del gobierno ante los banqueros privados o, también, como los agentes de éstos frente a la administración en turno. Lo mismo podía predicarse de los directivos del Banco de México. Para aquellos que prestan sus caros servicios en la Secofi, hoy Secretaría de Economía, sus funciones los acercan a los grandes industriales y comerciantes de la República, a quienes entienden y apoyan en sus necesidades. Y, en muchas formas, es conveniente que así sea entendido dada la importancia que tales organismos productivos tienen en el conjunto de la fábrica nacional.

Pero de ahí a dejar en el olvido otros renglones cruciales de las operaciones que involucran fuertes intereses financieros y empresariales hay una considerable, injusta y hasta criminal omisión. Es el caso de las cajas de ahorro y, también, de las transferencias de los ahorros que los emigrados envían a sus familiares en el país. Ambos renglones, estrictamente financieros, languidecen ignorados por las autoridades que debían ocuparse de ellos. Y, lo que es peor aún, han quedado a merced de personas o empresas nacionales y americanas que han abusado, hasta el cansancio y a plena luz del día, de la ignorancia e indefensión de los usuarios de sus servicios o de los depositantes de sus escasos ahorros. Sin embargo, los volúmenes que ahí se mueven son de gran magnitud y tocan círculos donde impera la estrechez de recursos si no es que la franca marginación y la miseria.

Aunque parezca una contradicción, en los intereses financieros de la pobreza la ausencia de las agencias públicas es casi completa. Pero sucede que, aun en los estratos de casi nulo poder económico, aparecen oportunidades de hacer negocios en gran escala y con utilidades fabulosas. Es el caso de las transferencias de los ahorros que logran acumular los emigrados y que año tras año fluyen hacia México de manera por demás ineficiente y trampeada. En particular a esas partes del país de difícil acceso para las flamantes sucursales bancarias y por completo olvidadas de cualquier regulación oficial. Calculados en cifras que rondan los seis mil y ocho mil millones de dólares, este circuito de dinero ha quedado, por entero, fuera de las ocupaciones y más de las preocupaciones de los funcionarios de áreas que, por sus responsabilidades, debían estar involucrados en ellas.

Por años se ha estado advirtiendo de los avatares del fenómeno y, por decenios, se le ha ninguneado. Nadie sabe, por ejemplo, dónde quedó el fabuloso fondo de seguridad que se les descontó, desde tiempos ya inmemorables, a los mexicanos que emigraron bajo el programa "bracero". Luego fueron los administradores de correos los que asaltaron los sobres sin que algo grave ocurriera. Después llegaron al negocio las empresas americanas, en sociedad con algunas tiendas o con ciertos bancos comerciales que pararon oreja y afilaron sus ambiciones, para hacer y tornar a voluntad.

Tuvieron que aparecer las organizaciones civiles de los EUA para que, al menos, parte de los intereses de los emigrados se comenzaran a defender. En ese proceso se llegó, por fin, a los tribunales. La decisión de la juez estadunidense que obliga a devolver algo más de 400 millones de dólares a los intermediarios de esos envíos revela el tamaño de lo que ahí se transa. Ojalá y ello ponga sobre la ruta debida a las autoridades entrantes en México. La razón es sencilla, las ganancias indebidas (ya sea por altísimas comisiones cobradas por cada envío o aquellas extraídas por la especulación con el tipo de cambio o por los condicionamientos a la hora de entregar el dinero), le quitan, a la población destinataria de tales ahorros, sumas parecidas o mayores que cualquier programa gubernamental diseñado para el combate a la pobreza.

Si la administración de Vicente Fox le quiere dar la importancia que la emigración tiene, es urgente tomar cartas en este asunto que tantos ángulos contiene para tutelar los intereses de los más desprotegidos y para hacer justicia distributiva. Es cierto que, a los neoliberales de pura cepa, el que el gobierno intervenga en la transmisión de esos recursos les parece anatema. Pero es indispensable la creación de imaginativos programas al respecto y urge la regulación detallada de las voluminosas transferencias. También se requiere de una supervisión exhaustiva que no se limite a este lado de la frontera, sino que sea tema especial del TLC, de modulaciones privadas o de acuerdos bilaterales con EU e, inevitablemente, con Canadá. El caso lo amerita y, para vergüenza de la contraparte mexicana, lo ha puesto de relieve la determinación de la justicia americana y el trabajo de los organismos civiles de los vecinos.