MARTES 26 DE DICIEMBRE DE 2000

Ť Fue acusado de violación; alega que se fabricaron pruebas en su contra

Denuncian abusos contra oficial de la Armada

Ť Autoridades judiciales de Campeche actuarían en contubernio con personal de la Marina

Jesús Aranda Ť Después de un controvertido consejo de honor en la séptima Zona Naval, mediante el cual se habría dado de "baja definitiva", por "mala conducta", al teniente de fragata del Servicio de Sanidad Andrés Amaya Pozada, éste se inconformó en contra de la sentencia que derivó en irregularidades (tales como el no estar claro si fue dado de baja o está en situación de retiro) y meses después fue detenido (octubre de 2000), acusado de violación en condiciones que hacen sospechar la participación de oficiales de la Armada en su contra.

De acuerdo con testimoniales y el expediente del caso -en poder de La Jornada-, Amaya Pozada, con 21 años de servicio en la Secretaría de Marina, está detenido en el Cereso ubicado en Francisco Kobén, Campeche, en donde autoridades judiciales locales le han advertido que su situación es difícil porque "están metidos los de la Marina" y que mejor deje su asunto -su baja- "como está" para que no se meta en más problemas.

De acuerdo con las documentales del expediente, el problema de Amaya Pozada comenzó cuando en 1998 llegó al Hospital Naval de Campeche la capitana Guadalupe Gutiérrez Briseño, quien empezó por tener problemas con el personal, particularmente con él. Resulta que por ser especialista en enfermería en el ramo de ginecobstetricia, en una ocasión una paciente le solicitó ayuda para poder amamantar a su hijo recién nacido. A pesar de haber informado a la capitana Briseño que era preferible que esa ayuda la diera una enfermera, la respuesta fue que él estaba capacitado para hacerlo.

Sin embargo, cuando una paciente le pidió auxilio para ese propósito, la capitana Briseño lo acusó de haberse propasado con la paciente y juntó otras firmas de internas -esposas de personal de marina de bajo rango-, a quienes convenció para presentar un escrito en su contra.

Esto motivó un consejo de honor en su contra y, a pesar de que no se le concede el derecho de audiencia, se le encuentra culpable de "mala conducta comprobada" el 15 de abril de 1999, por lo que es dado de baja de la Armada con base en los artículos 12 y 123 del Apartado B fracción XIII de la Constitución; 25 fracción VI del Reglamento Interior de la Armada, 105, fracción II, inciso "O" de la Ley Orgánica de la Armada, y 52, fracción VII de la Ley de Disciplina de la Armada. Sin embargo, resulta que no existe ningún artículo 105, fracción II, inciso "O" en la Ley de la Armada.

Cabe señalar que respecto a la capitana Briseño hay incluso en el expediente una carta firmada por el doctor Eduardo E. López Pacheco, con fecha 9 de junio de 1999, quien señala que tiene el grado de ex teniente de fragata y que sirvió en el Hospital de la Armada de la séptima Zona Naval, del primero de mayo de 1993 al 15 de abril de 1999, cuando causó baja. En la misiva señala que la referida capitana, "valiéndose del grado que detenta", entorpeció en múltiples ocasiones la buena marcha del área a su cargo y "creó conflictos y dificultó la atención a los derechohabientes".

Cuando se interpuso el recurso administrativo en contra del consejo de honor y se dio conocimiento a la Presidencia de la República de la situación -22 de mayo de 2000-, la Armada decidió entonces -19 de junio del 2000- cubrir, a través de la Dirección General de Administración de la Marina, la cantidad de dinero por concepto de la parte proporcional del primer período de prima vacacional correspondiente a 1999 al teniente de fragata retirado Andrés Amaya Pozada, quien causó baja el 16 de junio" del mismo año, "pasando a situación de retiro".

A pesar de este documento, que lleva la firma del entonces director general de Administración, contraalmirante Jaime Mejía Michel, lo que contradice la versión oficial de que su baja fue definitiva, la Armada mantiene su negativa de otorgarle la pensión a que tiene derecho.

El asunto, posteriormente, pasó a la CNDH, en donde el oficial demandó una investigación a fondo de su situación y que se reivindique su derecho a recibir las prestaciones económicas que la ley le otorga.

Sin embargo, el 7 de octubre pasado, el asesor jurídico de la séptima Zona Naval -del cual no se precisa el nombre- lo "entregó" a la procuraduría de Campeche, la cual lo detuvo de inmediato, según el propio testimonio del acusado.

Estuvo incomunicado en los separos de la Policía Judicial del Estado sin ser notificado de delito alguno. Los policías sólo le advertían: "mejor di que tú fuiste y yo te ayudo para que salgas libre, o de lo contrario, acuérdate de tu familia, pues ya los investigamos y sé que no son de aquí y que no tienen familia en ésta ciudad, mejor más vale que te eches la culpa ya".

Finalmente fue acusado de haber violado a una paciente en las instalaciones de la clínica del ISSSTE local.

Sin embargo, hay en el expediente un certificado médico del director del hospital, doctor Cuho, en el que señala que la presunta víctima "tiene graves conflictos emocionales secundarios a una disfunción familiar, donde el alcoholismo del padre ha sido detonante de esta situación, y la madre hace cuatro días abandonó el hogar con la hija menor, lo que al parecer provoca la depresión que la hace acudir al servicio. La enferma no muestra datos de lesiones externas en ano ni vulva, el tono del esfínter es normal, no hay datos de sangrado o escoriaciones o secreciones".

Empero, el Ministerio Público se apoyó en un certificado del médico legista -hecho prácticamente de manera paralela y después de la presunta agresión-, que señala: "Exploración ginecológica, genitales externos de acuerdo con edad y sexo, región vulvar indemne, con edema postraumático en labios menores, himen indemne, sin datos de sangrado al tacto con gasa. Exploración proctológica con dilatación de esfínter anal interno, así como borramiento de pliegues riadados del ano y con laceraciones de los mismos. La presunta víctima agregó que se encontraba bajo efectos de un sedante cuando fue atacada. El mismo acusado solicitó a las autoridades una investigación a fondo para demostrar su inocencia.