DOMINGO 24 DE DICIEMBRE DE 2000

Ť Hubo en ese sexenio desprecio a la legalidad, dice

Zedillo aplicó una política de contensión social: Centro Pro

Ť De 1994 a 2000 se documentaron 117 casos de desapariciones forzadas Ť La tortura fue común como método de interrogación

Triunfo Elizalde /I Ť El gobierno de Ernesto Zedillo "no tuvo ningún escrúpulo para pasar por encima de la ley en su afán de silenciar a quienes mostraron sus desacuerdos con las políticas fiscales. Las severas medidas económicas aplicadas originaron un grave deterioro en las condiciones materiales de vida y en el ejercicio de los derechos humanos de la mayoría de la población mexicana", señala el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez en un análisis de las violaciones a las garantías fundamentales durante el sexenio pasado.

En el documento intitulado La herencia de Zedillo, el organismo detalla que pudo constatar la continuidad de una política de contención social durante la gestión zedillista. "En efecto -dice-, la respuesta del gobierno a las demandas sociopolíticas de diversos sectores sociales ante el conflictivo panorama del país continuó siendo la utilización de mecanismos violentos y autoritarios como principal medio para tratar los problemas sociales".

Fue así que entre 1994 y 2000, pero sobre todo en los años de 96, 97 y 98, "aumentaron escandalosamente las desapariciones, documentándose 117 casos de desaparición forzada, en tres escenarios: la lucha contra el narcotráfico en los estados norteños del país; la lucha contra insurgentes, principalmente en Chiapas, Oaxaca y Guerrero, y los secuestros cometidos por autoridades y servidores públicos estatales del centro de la República".

Lo anterior dio como resultado que en 1998 México ocupara el tercer lugar en cuanto a número de denuncias presentadas ante el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias de la ONU. Muchos de esos hechos correspondían a miembros de organizaciones civiles, líderes o activistas de agrupaciones que luchan por reivindicaciones económicas y sociales.

Las ejecuciones extrajudiciales y las detenciones arbitrarias se volvieron "una práctica frecuente. La tortura fue común como método de interrogación policiaca y quienes la aplican gozan, en la mayoría de los casos, de total impunidad". Aunado a lo anterior, "imperó el sometimiento del Poder Judicial respecto del Ejecutivo en abundantes casos, siendo paradigmático el de los presuntos zapatistas, aprehendidos a partir del 9 de febrero de 1995". Después de arduos procesos plagados de irregularidades, "de la veintena de acusados por el presidente Zedillo ninguno permanece preso actualmente".

350 simpatizantes del PRD, ejecutados el sexenio pasado

Al hablar de ejecuciones extrajudiciales, motivo por el que México ocupó el primer lugar de denuncias de muerte, se recuerda que cuando la relatora especial de Ejecuciones Sumarias de la ONU visitó nuestro país en 1998, se le hizo saber que el número de miembros del PRD asesinados, superaba los 150. Durante todo el sexenio fueron ejecutados extrajudicialmente un total de 350 miembros o simpatizantes de dicho partido, "cantidad que excedió a los 299 que se sucedieron en el sexenio de Carlos Salinas".

Utilizando mecanismos legales, apunta dicha ONG, la represión se institucionalizó. "La creación de la ley general que establece las bases de Coordinación Nacional de Seguridad Pública, que según Zedillo fue adoptada como parte de la lucha contra la delincuencia organizada, ha servido como marco legal (sic) para ejercer acciones abusivas en contra de la población", y por si fuera poco, la participación de las fuerzas armadas en dicha coordinación "creó el marco para graves violaciones a los derechos humanos en las regiones donde la inconformidad social se ha agudizado, como son los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas".

Asimismo, la creación de la Policía Federal Preventiva (PFP) ha tenido un carácter similar, al ser utilizada como instrumento del Estado mexicano "para contener e inhibir mediante el uso de la violencia las voces disidentes de la sociedad, tal como sucedió en el conflicto estudiantil de la UNAM".

En el contexto del análisis se dice que, además de la "guerra de baja intensidad" impuesta en Chiapas, a la vez en varias partes del país la represión sirvió tanto como disuasión que como contención de descontento social y la oposición política. "Esta agresión se agudizó con la aparición de nuevos movimientos armados que proporcionaron el pretexto para deshacerse de adversarios incómodos... Lo característico en el régimen de Zedillo fue el absoluto desprecio de la legalidad y la indiferencia hacia la opinión pública nacional e internacional".

"Violencia extrema"

Respecto a la "violencia extrema", el Centro Pro Juárez se refiere a sucesos registrados en Guerrero y Chiapas, entre los que destaca el episodio más cruento en la primera entidad: la masacre de Aguas Blancas, en la cual unos 50, miembros de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) fueron emboscados por la Policía Motorizada, dando como resultado 17 muertos y 10 heridos de bala. "El operativo fue cuidadosamente dirigido por altos oficiales de la Policía Judicial Estatal, y entre los autores intelectuales figuró de manera sobresaliente el entonces gobernador Rubén Figueroa Alcocer, además del general Arturo Acosta Chaparro, actualmente preso acusado de vínculos con el narcotráfico".

Además de la masacre de Aguas Blancas, la represión se extendió a las regiones de la Montaña y Montaña baja, donde nueve campesinos amuzgos y mixtecos, que se manifestaban para una elección democrática, fueron asesinados. En la Costa Chica y la Costa Grande, luego de la aparición del EPR, en 1996, "se desplegó el Ejército y empezó una persecución despiadada de miembros de la OCSS; fueron detenidos, torturados y desaparecidos, y sus líderes encarcelados".

Se recuerda que la madrugada del 7 de junio de 1998, en la comunidad de El Charco, Ayutla, "el Ejército rodeó una escuela en la que dormían unas 40 personas, campesinos y algunos milicianos del ERPI -otro grupo insurgente armado-, que habían venido a adoctrinarlos. Los militares empezaron a disparar, por lo que se rindieron los guerrilleros y salieron desarmados; sin embargo 11, entre campesinos y guerrilleros, fueron ejecutados a tiros. Los demás fueron detenidos, interrogados y torturados en instalaciones militares antes de entregarlos a la Policía Judicial estatal".

Otro estado que sufrió una continua represión fue Oaxaca. Desde 1994 y durante 1995, el gobierno desplegó una intensa movilización militar y policiaca "en busca de militantes zapatistas en la Sierra del Sur, el Istmo de Tehuantepec, Chimalapas, Sierra Norte y serranía de Tezonapa". En 1996 el EPR incursionó en Huatulco y Tlaxiaco, lo que dio pie para operaciones militares en todo el estado. Una región severamente castigada fue la de San Agustín Loxicha. Fueron tales la represión y las aprehensiones ilegales perpetradas que las mujeres de los detenidos y familiares de las víctimas se mantienen en plantón frente al palacio de de la ciudad de Oaxaca reclamando justicia.

Respecto del conflicto que surgió entre autoridades y estudiantes de la UNAM, se apunta que siendo "un conflicto de origen social que fácilmente hubiera podido resolverse, como fue la oposición estudiantil al incremento de pagos y la huelga subsecuente, el gobierno adoptó una línea dura, que dio pie "a una guerra sucia: diálogos interrumpidos, secuestro de estudiantes, agresiones por porros, espionaje, desacreditación por parte de los medios de comunicación".

Todo culminó el primero de febrero de 2000, cuando miembros de la PFP entraron en la Preparatoria 3, consignando a 86 estudiantes acusados de terrorismo y sabotaje y otros 76 que fueron llevados a un tribunal para menores, acusados de robo, agresión y daño en propiedad ajena. El día 6 del mismo mes, dos mil 260 elementos de la PFP invadieron las instalaciones de Ciudad Universitaria de la UNAM, y en un operativo de cuatro horas detuvieron a 736 estudiantes de los cuales 200 fueron consignados".