DOMINGO 24 DE DICIEMBRE DE 2000
Ť La Procuraduría continúa las investigaciones
Caso Lobohombo: sin aclarar complicidad de funcionarios
Ť El dueño cuenta con muchos recursos para evadirse: Bátiz
Laura Gómez Flores Ť La Procuraduría capitalina continúa con las investigaciones para determinar si funcionarios de la delegación Cuauhtémoc dieron el "pitazo" para que Alejandro Iglesias Rebollo, dueño del centro nocturno Lobohombo, huyera tras el incendio de este giro negro, o solaparon irregularidades en el lugar.
Al término de la reunión de los gabinetes de Seguridad Pública y de Gobierno, el titular de la PGJDF, Bernardo Bátiz Vázquez, reconoció que el empresario cuenta con muchos recursos para diferir la orden de aprehensión que hay en su contra, pero la corporación la cumplirá a fin de dejar en claro que en esta administración no habrá impunidad.
Con base en los resultados de la investigación, pudo determinarse que la puerta de emergencia estaba atrancada con una barra y sillas amontonadas enfrente, cuando eran por donde tenía que salir la gente en caso de una emergencia, con lo que los dueños del centro nocturno incurrieron en actitud irresponsable.
Además no se descarta que funcionarios de la delegación presuntamente tuvieran alguna complicidad, aunque, hasta este momento, no se ha tenido contra funcionarios ninguna cuestión que ameritara un procedimientos contra de ellos, agregó el funcionario.
La delegada en Cuauhtémoc, Dolores Padierna Luna, se mostró satisfecha por el avance de las investigaciones y adelantó que 102 establecimientos mercantiles están en proceso jurídico de retiro de licencia y existen 49 casos donde no la tienen y están operando, los cuales pueden cerrarse de manera definitiva.
Para ello, se cuenta con apoyo de un amparista, muy especializado, y tres abogados que tienen en sus manos el análisis de 800 expedientes de giros comerciales, de los cuales, una cuarte parte, resultan prioritarios resolverlos, dijo en entrevista al mencionar que en la demarcación se tienen 70 mil establecimientos y cinco mil son de alto riesgo, pero solo se tienen 30 verificadores para cumplir con la tarea de inspección.
Sin embargo, en los dos grandes grupos que tienen muchos giros negros en la zona hemos sido totalmente implacables y hemos estado llevando un seguimiento tanto jurídico, como técnico para retirarles la licencia de funcionamiento definitivamente, como es el caso del Isis y otros dos más, aunque el procedimiento jurídico les otorga cinco días para trabajar, mientras se vuelve a verificar y reponer los sellos, argumentó.
La jefa delegacional reconoció que los procesos jurídicos son latosos y largos, pero se trabaja en una estrategia firme que permita cerrar los antros de manera definitiva, no provisional, para que dejen de representar un riesgo para la población mientras continúan las indagaciones en torno también a la responsabilidad de servidores públicos en el caso.