SABADO 23 DE DICIEMBRE DE 2000

Miguel Concha

Tres años de impunidad

El 22 de diciembre se cumplió un nuevo aniversario de la masacre de Acteal, perpetrada por paramilitares. A tres años de la matanza, a los sobrevivientes no se les ha hecho cabal justicia. Miles de familias de Chenalhó, forzadas a abandonar sus hogares por el terror paramilitar, siguen viviendo en condición de desplazadas, mientras los paramilitares no han sido desmantelados, y los principales autores continúan impunes, por más que 88 personas hayan sido procesadas por el asesinato de 45 indígenas tzotziles, en su mayoría mujeres y niños.

El tercer aniversario de Acteal se cumple a unos días de los cambios de gobierno en México y en Chiapas, cambios impulsados por los nuevos vientos democráticos, que impulsa la sociedad desde hace muchos años. Para los gobiernos salientes, Acteal es cuenta pendiente con la justicia. Para los gobiernos entrantes, Acteal es desafío ineludible para probar su compromiso con un pueblo martirizado por la criminal estrategia de guerra contrainsurgente.

Hacia finales de 1997 se desató en los Altos de Chiapas una verdadera campaña de terror, auspiciada por el grupo identificado oficialmente como "simpatizante del ayuntamiento constitucional de Chenalhó (priísta)". Su objetivo eran todos los que consideraban sus opositores, tanto zapatistas como miembros del grupo no-violento de Las Abejas.

Resultado de este terror fueron decenas de asesinatos perpetrados en los meses de noviembre y diciembre, y miles de desplazados forzados a abandonar sus hogares en las peores condiciones de precariedad y miseria, por negarse a colaborar con los paramilitares. Un clamor se elevó hacia las autoridades de parte de la diócesis de San Cristóbal, de organismos defensores de derechos humanos, así como de algunos medios de comunicación, incluida una televisora de difusión nacional. Se les demandaba que actuaran urgente y decididamente para impedir una tragedia de proporciones mayúsculas. Pero no hicieron absolutamente nada, Julio César Ruiz Ferro y Emilio Chuayffet, por entonces gobernador de Chiapas y secretario de Gobernación, respectivamente, acusaron a los denunciantes de querer manchar la imagen del país. Chuayffet ha desaparecido de la escena política, y Ruiz Ferro disfruta tranquilamente de un cargo diplomático en la embajada de México en Washington. šQué coincidencia!

El mismo día de la masacre, desde las oficinas de la curia diocesana se hizo saber a las autoridades del estado que había rumores de que algo grave estaba pasando en Acteal. Las autoridades del estado respondieron que todo estaba bajo control (lo cual desde su punto de vista probablemente era cierto). Durante las largas horas que duró la balacera, un destacamento de la seguridad pública del estado estuvo estacionado a unos metros del lugar de los hechos, y tampoco hizo nada por impedirlos.

En los días que siguieron a la conmoción creada por la matanza, el Ejército invadió literalmente el municipio de Chenalhó. Sin embargo, esta colosal movilización no resultó ni en el desmantelamiento ni en el desarme de un solo paramilitar, sino en el acoso y sitio impuesto a las comunidades zapatistas de Las Abejas. Este Ejército, del que se dice que "su función es preservar la paz y la seguridad pública", es el mismo que hace unos días, la primera semana de noviembre, no movió un dedo cuando en sus propias narices los paramilitares emboscaron y atacaron al personal de la PGR que había salido a aprehenderlos, en un incidente que estuvo a punto de convertirse en una segunda masacre de Chenalhó, y que, si no fue así, habrá que acreditarlo en todo caso a la prudencia de la PGR, no ciertamente al apoyo del Ejército.

Hasta ahora el gobierno de México ha evadido su obligación de investigar hasta sus últimas consecuencias la responsabilidad penal de las altas autoridades estatales, incluyendo al gobernador y a elementos del Ejército. Es el caso del capitán Germán Parra, quien en noviembre de 1997, después de haber decomisado a los paramilitares de Chenalhó fusiles AR15, se los devolvió. Por cierto, la Procuraduría de Justicia Militar era dirigida entonces por el general Rafael Macedo de la Concha. Habrá que ver si ahora, en su calidad de procurador civil, informa a la opinión pública lo que nunca informó en su calidad de procurador militar.