SABADO 23 DE DICIEMBRE DE 2000
Alberto J. Olvera
Caudillismo regional, federalismo y democracias
En el proceso de cambio de régimen político que de forma atropellada y casi accidental estamos empezando a experimentar, una de las grandes paradojas es la que emerge de la tensión entre la necesidad de impulsar el federalismo (debilitando el ominoso centralismo priísta) y la persistencia de focos de control caciquil de áreas de la vida pública, regiones y hasta estados enteros del país por parte de viejas mafias del tricolor.
Esta paradoja no es desconocida en los procesos de transición a la democracia: el desmontaje de las instituciones del viejo régimen puede implicar el fortalecimiento de algunos de los componentes autoritarios que se atrincheran en sus plazas fuertes. En Brasil, por ejemplo, las elites del norte y nordeste resistieron hasta la fecha todo esfuerzo modernizador y han impuesto un costo enorme a la democratización, retrasándola y tornándola incompleta y selectiva. En Argentina, la vieja estructura sindical peronista y poderes clientelares estatales persisten 20 años después de la redemocratización. En Chile, la sombra de Pinochet permanece ominosa sobre la nación.
En México, la gama de situaciones de este tipo es enorme, y va desde la rebeldía del Congreso de Yucatán ante las decisiones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, hasta el sindicato de gobernadores que anda haciendo lobby a favor de una mayor transferencia de recursos federales a sus entidades. En efecto, la discusión del presupuesto de la Federación ha permitido que salgan a flote muchos intereses que, escudándose en causas nobles, defienden en realidad la permanencia de sus privilegios. Es un tiempo de lucha a muerte por la sobrevivencia política.
El caso de Yucatán es tal vez el más ilustrativo. El gobernador casi eterno de aquella entidad, Víctor Cervera Pacheco, mentor de la actual líder del PRI, decidió nombrar a los consejeros electorales estatales pasando por encima de su propia ley electoral. Calculando que las instituciones federales carecerían de la fuerza para ponerlo en cintura, el gobernador empujó a la legislatura local a rebelarse a la decisión del TEPJF que anula la ilegal y amañada designación de consejeros. En este caso el federalismo y la defensa de la autonomía estatal son pretextos para violentar impunemente las leyes estatales. La violación descarada de la ley electoral fue similar en las recientes elecciones de Tabasco, sobre las cuales el TEPJF tendrá que pronunciarse pronto, y en la misma tesitura se encuentran varias importantes elecciones municipales en Veracruz. Es obvio que nos enfrentamos a decisiones históricas que definirán si las instituciones y leyes electorales penosamente construidas por los partidos y los ciudadanos en la segunda mitad de los noventa sobreviven la resistencia del PRI a perder el control de entidades, municipios e instituciones electorales estatales que son hoy vitales para evitar su desmoronamiento.
En este contexto hay que evaluar el debate sobre el futuro papel del IFE. Hay quienes insisten que la probadamente eficaz institución debe organizar en adelante todas las elecciones, incluidas las estatales y municipales, en el contexto de una reforma del Estado que implicaría la recalendarización de las elecciones locales para hacerlas coincidir con las federales, la reducción de los tiempos de campaña, la regulación de las elecciones primarias y la mejor vigilancia del financiamiento de los procesos electorales. Esta centralización es temida por muchos, pues implicaría la tentación para los grandes partidos nacionales de evitar la entrada de potenciales competidores, congelando el actual sistema de partidos. Ejemplo de este riesgo es la ridícula iniciativa del Partido Verde, avalada por todos los partidos grandes, para hacer virtualmente imposible el registro de nuevos partidos. Sólo la presión de la opinión pública detuvo (por lo pronto) esta maniobra, por medio de la cual los partidos con registro pretendían evitar posibles fraccionamientos internos y mantener el monopolio de la política.
Hay quienes, por el contrario, insisten que la democratización en marcha debe llevarnos a una federalización tipo estadunidense, en donde las entidades (y hasta los municipios) deben organizar todas las elecciones, incluidas las federales. La experiencia de la catástrofe de las recientes elecciones en Estados Unidos debe prevenirnos contra esquemas en donde el localismo es llevado al extremo.
La actual discusión sobre el federalismo y el presupuesto no puede ignorar el hecho de que la única manera de que la descentralización del poder fortalezca a la democracia es a través de la democratización de todas las instancias de decisión. De nada sirve repartir recursos si quienes los reciben los usan para mantener viejos privilegios.