A tres años de la matanza de Acteal, y enmedio de una campaña publicitaria del gobierno federal, que pretende maquillar la hostilidad en contra de los zapatistas, el riesgo de nuevos actos de represión violenta permanece latente. Tan es así, que hace dos días en la comunidad indígena de Santa Fe El Duraznal, municipio de Chilón, Chiapas, un grupo de paramilitares relacionados con el PRI hostigaron con lujo de violencia a los integrantes de nueve familias simpatizantes del zapatismo, obligándolos a desplazarse a las montañas. 

La escena, similar al contexto previo a la masacre de diciembre de 1997, prende una luz roja que merece atención y actos inmediatos por parte de los gobiernos local y federal, así como de la sociedad en su conjunto. Mientras los grupos paramilitares, los cacicazgos y las ologarquías locales siguan imperando en la región, nada asegura que una matanza como la de Acteal no se repetirá. La presencia de familias desplazadas, la incesante adversidad y hostigamiento paramilitar advierten un escenario nada halagüeño para Chiapas, diametralmente distante al optimismo que refleja el Presidente al referirse a la cuestión. 

El retiro parcial de los retenes militares de la zona de influencia y el envío de los acuerdos de San Andrés Larráinzar al Congreso, son signos de aliento que abren de nuevo la ventana al diálogo. Son una primera muestra de voluntad política para dar solución al conflicto, pero no basta. El conflicto real se vive a diario en las comunidades, lo padecen las mujeres, ancianos, niños y hombres que viven marginados, bajo el yugo caciquil y la constante amenaza paramilitar. Ante esta realidad, la posible reanudación del diálogo que promueve el gobierno se perfila confusa; se publicita cual imagen de consumo, pero no aterriza en lo tangible de los actos. 

Urge el desmantelamiento de las organizaciones paramilitares, la justa aplicación de la ley a quienes proceden con lujo de impunidad en contra de los derechos y vida de las bases de apoyo zapatistas, que mantienen una resistencia pacífica. 

Los primeros signos de voluntad que han demostrado el gobierno federal y la dirigencia del EZLN para solucionar el conflicto, y el cambio de gobierno en Chiapas, abre un nuevo espacio de exigencia social en torno a las diferentes dimensiones de la problemática indígena en la región. 

Una demanda impostergable es que el Estado asuma y respalde con hechos su responsabilidad de salvaguardar el respeto a los derechos humanos, a la integridad de los indígenas que hoy viven amenazados. Es un llamado urgente. Acteal no se debe repetir jamás.