VIERNES 22 DE DICIEMBRE DE 2000

Carlos Montemayor

En homenaje al EZLN, a siete años

Las guerrillas urbanas y las rurales no parten necesariamente de las mismas condiciones sociales. Por su distinto origen, la guerrilla rural suele ser regional y de movilización lenta, puesto que se propone combatir conflictos propios de su región y no fuera de ella. Es injustificado el temor de que la guerrilla rural avance y se extienda en otros territorios. En realidad se confunde la naturaleza de la guerrilla rural con la de un ejército insurgente regular capaz de avanzar en posiciones de combate y en captura de plazas. No es así. La guerrilla rural puede crecer y ampliar su fuerza en la región misma. También puede unirse a otros movimientos armados regionales y lograr así, en cierto sentido, una extensión. Pero tal crecimiento no logrará, en principio, situarla fuera de las regiones iniciales ni podrá caracterizarse como un avance territorial.

Por otra parte, la guerrilla rural no consta sólo de un núcleo armado: vive, sobre todo, por la comarca entera que la protege. Esta aceptación de las comunidades constituye precisamente la naturaleza regional de la guerrilla. El apoyo de la comarca puede ser activo si consiste en aportaciones de pertrechos, alimentos, armas o información; puede ser pasivo si se reduce a la solidaridad silenciosa. Por esto la guerrilla rural no puede reproducirse fácilmente en otras zonas. Podría coordinarse, repetimos, con grupos armados de otras regiones y sólo de esta manera convertirse en un movimiento mayor, aunque, aun así, arraigado a las regiones a que cada grupo pertenezca. En otras palabras: las medidas militares de contrainsurgencia se pueden proponer limitar la expansión de los núcleos armados y de sus bases sociales dentro de una región, pero no su reproducción en diferentes regiones, puesto que eso no ocurre.

El Ejército Zapatista de Liberación Nacional apareció en 1994 como una fuerza fundamentalmente posicionada en las Cañadas, con bases sociales no armadas pero susceptibles de ir facilitando progresivamente la expansión del movimiento por otras regiones como los Altos y el norte de Chiapas. Varias medidas del Ejército Mexicano y de los cuerpos policiacos estatales de 1995 a 1998, particularmente las del cerco militar y la creación directa de grupos paramilitares, frenaron la posibilidad de esa expansión.

Otro es el caso del EPR en 1996. Por las regiones donde aparecieron sus cuadros básicos, podemos colegir que se integró como una coordinación de movimientos armados regionales y que su presencia en varios estados del sur no significaba, por tanto, el avance territorial de un movimiento armado más amplio, sino sólo su coordinación. En sentido inverso, las posibles escisiones del EPR a partir de 1999 no significan necesariamente su debilitamiento, sino la confirmación, primero, de su método de coordinación regional; segundo, la confirmación de un posible replanteamiento y restructuración regional.

La aparente limitación territorial de los movimientos armados rurales induce a adoptar como opción más efectiva para frenarlos la represión, en lugar de aplicar cambios en las circunstancias sociales de que se fueron nutriendo. La aparente facilidad de la localización de los núcleos armados y el alto grado de control que se puede tener sobre ellos mediante un cerco militar que cada vez se cierre más en torno de los territorios por los que esos núcleos se desplazan y obtienen víveres, equipo, municiones o información se convierte de manera natural en el único y primer objetivo visualizable en las operaciones contrainsurgentes. Se busca ante todo acorralarlos y reducir sus condiciones de movilidad y comunicación. En otras palabras, las medidas gubernamentales a menudo confunden la limitación propiamente regional de estos núcleos con la inexistencia de los procesos de polarización social de la zona. Puesto que la guerrilla rural no sale de su territorio, puede pensarse que ahí se le sofocará tarde o temprano.

Esto conduce a graves errores, particularmente para otra relevante dimensión de estos conflictos: la recurrencia de las guerrillas rurales. Tal recurrencia es la demostración palpable de que la fuerza militar no es una solución real. Por el contrario, la represión asegura, a futuro, el resurgimieno de la guerrilla.

Por otro lado, la ocupación militar de una comarca supone al menos dos aspectos: la acumulación de tropas y una rutina de acciones de campo. La suspensión de la rutina en patrullajes, instalación de retenes o cateos, no significa una disminución de los contingentes del Ejército en la ocupación de la comarca. Esto es lo que no deben ocultar ahora el presidente Vicente Fox y su gabinete de seguridad nacional. Si se busca un diálogo político verdadero con el EZLN, se requiere de un cambio verdadero no sólo en la rutina del Ejército que ocupa Chiapas, sino en la disminución de contingentes militares y en el desmantelamiento de las fuerzas paramilitares. No deben confundirse los hechos con la retórica de buena ni de mala fe.