VIERNES 22 DE DICIEMBRE DE 2000

Ť Se cumplen tres años de la matanza de 45 indígenas a manos de paramilitares

Acteal, parteaguas en el conflicto chiapaneco

Ť La masacre marcó el inicio del empleo de la violencia en la negociación política, según expertos

Ť Sauri rechaza que el PRI haya fomentado a los grupos armados que perpetraron los asesinatos

José Gil Olmos Ť La madrugada del 22 de diciembre de 1997 la imagen del gobierno y del PRI recibió un nuevo impacto de desprestigio a nivel nacional e internacional. En Acteal, 45 indígenas tzotziles murieron a manos de civiles armados, confirmando lo que oficialmente se había ocultado y hasta negado: la actuación de al menos diez grupos paramilitares en Chiapas, muchos de ellos integrados por simpatizantes del partido tricolor.

A partir de lo ocurrido en Acteal, el conflicto chiapaneco tomó un nuevo curso y entró en un vórtice de violencia al interior de las comunidades indígenas con consecuencias quizá más graves en pérdidas de vidas humanas que las sufridas en 11 días de enfrentamiento entre el Ejército y el EZLN, en enero de 1994, cuando murieron unas cien personas.

Según investigaciones de los centros de derechos humanos Fray Francisco de Vitoria y Fray Bartolomé de las Casas, desde la suspensión de las negociaciones, el 2 de septiembre de 1996 y hasta este año han muerto más de 150 indígenas a manos de los grupos paramilitares en la zona de los Altos, norte y selva chiapanecos.

Acteal se ha convertido en el parteaguas en la historia de siete años del conflicto armado. A partir del asesinato de los 45 miembros de la agrupación civil Las Abejas, la estrategia militar del gobierno para enfrentar al EZLN se mezcló con el rompimiento del tejido social de las comunidades. Algunos especialistas han señalado que la matanza fue una expresión de la estrategia de "guerra de baja intensidad", que se ha aplicado para disminuir la fuerza de las comunidades de base zapatistas.

"Si la masacre de Acteal no es el punto culminante de tres años de guerra contrainsurgente, puede representar, más bien, el inicio de un nuevo periodo de violencia más abierta en la cual el Estado utiliza todos los recursos para inmovilizar cualquier tipo de oposición. El sentido de la violencia se dirige no sólo contra el EZLN, sino hacia organizaciones campesinas, de la sociedad civil y dirigentes políticos de oposición. En esta nueva etapa el juego del consenso, la legitimidad y la legalidad están determinadas por el uso de la violencia como forma de relación e interlocución política", sostiene el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas en su informe La legalidad de la injusticia.

La postura oficial

Sin embargo, esta visión ha sido rechazada en reiteradas ocasiones por el gobierno federal. Antes de concluir su gestión, el coordinador gubernamental para el dialogo en Chiapas, Emilio Rabasa, dejó al presidente Ernesto Zedillo una memoria de acuerdos, compromisos, acciones y obras que se realizaron a partir de 1998, al que tituló Chiapas con justicia y dignidad, donde señala que la estrategia seguida después de Acteal "nunca fue concebida como una política coyuntural o de otro plazo".

"La composición de la estrategia -precisa- jamás incorporó elementos propios de una guerra regular, de baja intensidad o de contrainsurgencia, totalmente inadecuados para enfrentar un conflicto de índole política. Por eso el eje fundamental fue la política en sus distintas expresiones y con mecanismos propios, ya fuera como política social para enfrentar las causas del conflicto, ya como diálogo y negociación para llegar a un acuerdo con el EZLN".

A pesar de la insistencia oficial de negar la orquestación de una "guerra de baja intensidad", los gobiernos estatal y federal ya no pudieron negar la existencia de las agrupaciones paramilitares, que en su nomenclatura llamó "grupos civiles armados".

Nuevos actores, a escena

Antonio García de León, reconocido historiador y ex asesor del EZLN en los diálogos de San Andrés, comenta que en Acteal los grupos paramilitares saltaron por primera vez como actores en un conflicto social en México.

"Entran en acción como grupos de contención irregular, entrenados por el Ejército y patrocinados por el gobierno. El Ejército no podía actuar directamente porque estaba limitado por una ley, mientras los zapatistas mantenían sus armas y su beligerancia, lo cual, en un momento de estancamiento del diálogo, permitiría acciones violentas", explica.

Conocedor de lo que ocurre en Chiapas desde antes del conflicto, García de León afirma que estos grupos armados "fueron creados a la manera de 'patrullas civiles' que operaron antes en Guatemala, reclutando a indígenas contrarios al EZLN, y entre las bases tradicionales del PRI en los Altos, una región donde el partido oficial ejerció su dominio absoluto por muchos años".

A pesar de que en la región de Chenalhó había grupos armados zapatistas, el historiador destaca la paradoja de que el ataque de los paramilitares fue contra integrantes de una agrupación cooperativa no armada, Las Abejas, simpatizante del zapatismo, pero más cercana al obispo Samuel Ruiz.

"Fue así como la matanza se convirtió en una acción atroz de ablandamiento de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, en donde, para variar, los indios pusieron los muertos (y a los asesinos materiales también). Pero Acteal, como todas las acciones de genocidio, se convirtió en un búmerang y logró lo contrario del efecto buscado: fue una acción ofensiva brutal que tuvo repercusiones de profundo desprestigio político para el gobierno en los niveles nacional e internacional, y que contribuyó, sin duda, a hacer visible el proceso de descomposición que vivía el sistema político mexicano, lo que hizo posible la derrota electoral del antiguo régimen".

La responsabilidad del tricolor

Dulce María Sauri Riancho, presidenta nacional del PRI, rechaza por su parte esa visión, así como las acusaciones de que los grupos paramilitares hayan sido solapados por su partido en Chiapas desde que se crearon, en 1995, como lo indican algunas organizaciones de derechos humanos.

"En su momento, el presidente del partido, Mariano Palacios Alcocer, habló con toda claridad y también la dirección estatal. Dijimos con toda energía que como organización política no aceptábamos ninguna responsabilidad si algunos de nuestros militantes o dirigentes de la región estaban involucrados en esos hechos".

La senadora también refuta que las constantes acusaciones de la responsabilidad implícita del PRI en la matanza de Acteal hayan causado algún daño en la imagen electoral del partido. "En la región donde está Acteal el PRI ganó la elección local en 1998; en la elección federal del 2 de julio volvimos a ganar y también en la del pasado 20 de agosto para gobernador", puntualizó.

Para Sauri, la masacre de Acteal tiene que ser vista más allá de las acusaciones de "cargarle los muertos a un partido", y debe tomarse en cuenta que se ha roto el "tejido social" entre las comunidades y que su restauración requerirá de mucho tiempo.

"Invariablemente sostuvimos la necesidad de realizar las investigaciones, de sancionar y castigar a los responsables de esos hechos. Como partido, estamos dispuestos a ayudar a reparar el tejido social, lo que implica entrar en un proceso complejo, de largo plazo", sostiene la senadora.

El desprestigio de Zedillo

Delal Baer, especialista estadunidense sobre México, considera a su vez que lo ocurrido en Acteal mostró parte de la profunda complejidad del conflicto en Chiapas, del deterioro social que han sufrido las comunidades y del uso que han hecho de los pueblos indígenas las "elites podridas de un lado y otro", que las han manipulado como "peones" en estos últimos siete años.

Pero también reconoce que lo que pasó en ese paraje del municipio de Chenalhó "tuvo un fuerte impacto deslegitimador en el régimen de aquel entonces, y aunque en Estados Unidos se entendió que había razones profundas que rebasaban al gobierno, la matanza ocurrió en medio de muchas críticas y en un periodo de monitoreo estrecho del gobierno americano sobre lo que ocurría en Chiapas.

"Se confirmaron las peores expresiones que había del gobierno mexicano, pero se diferenció de lo que ocurrió antes en El Salvador y Guatemala, donde hubo actos deliberados de un Estado represor", sostiene la responsable del Proyecto México, del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales en Washington.

Desde 1994 Delal Baer ha visitado en varias ocasiones comunidades de la zona de conflicto. La muerte de los indígenas de Acteal es para la investigadora una expresión de la división social que han sufrido los pueblos, del "tejido social roto" y de la polarización que se ha gestado entre los indígenas chiapanecos desde entonces.

"Al principio hubo represión de los zapatistas y salieron de sus casas miles de indígenas; en 1995 entró el Ejército y regresaron la mayoría de los expulsados, que encontraron sus bienes saqueados; entonces los zapatistas se fueron. En 1996, cuando estos últimos regresaron a sus casas, también encontraron despojo. Se ha creado un odio profundo entre las familias y se necesitaría un ejército de trabajadores sociales para resolver esa situación dentro de las comunidades. Se trata de una tragedia social que ya rebasa la ideología", advierte la mexicanóloga.

Por eso previene de los peligros de hacer una "caricatura fácil" del conflicto en Chiapas, de caer en la idea de que la sola firma de un acuerdo de paz con el EZLN resolverá una situación de conflictos que ya afecta a las instituciones sociales.

Penosísimo homicidio

Tres años después de la masacre, y antes de terminar el periodo de gobierno de Ernesto Zedillo, la PGR ha concluido las investigaciones del caso. Ratifica que lo de Acteal fue un "penosísimo homicidio múltiple" en el cual no se encontraron pruebas de responsabilidad de ningún funcionario importante de Chiapas, incluyendo al ex gobernador Julio César Ruiz Ferro, a pesar de que se tuvo conocimiento de "varios comentarios" que aludían a una relación casi necesaria con la muerte de los 45 indígenas tzotziles.

"No existen pruebas de que estos funcionarios hubieran instigado o persuadido el homicidio, o que hubieran planeado, preparado y ejecutado esos hechos", sostiene la PGR en una nueva edición del Libro Blanco, dada a conocer apenas en noviembre de este año.

Al final de la administración zedillista, la Procuraduría cierra las páginas de su indagación y asegura: "La serie de enfrentamientos entre comunidades de la misma etnia tztotzil, el arribo de habitantes de otros núcleos de población, la incursión de otras iglesias en el contexto social, la aparición del EZLN y de simpatizantes de ese grupo en Chenalhó (municipio autónomo de Polhó), la propia negligencia de las autoridades estatales en materia de procuración de justicia y seguridad pública; aunado a una aguda problemática económica, de educación y de explosión demográfica que tiende a crecer, fue el entorno que sentó el ambiente propicio para ese terrible 22 de diciembre".