JUEVES 21 DE DICIEMBRE DE 2000

Ť Temen que al despedir a funcionarios del gobierno se frene el proceso

Piden a AMLO concluir la regularización de predio

Bertha Teresa Ramírez Ť Cinco organizaciones vecinales de la delegación Iztapalapa exigieron al jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, poner un alto a los despidos injustificados de funcionarios en la Dirección General Territorial del Gobierno del Distrito Federal.

Vecinos del predio San Antonio, en voz de su representante, Gabino González Morales, dijeron que más de 100 familias podrían ver interrumpido el proceso de regularización que se preveía concluyera en febrero de 2001, tras una lucha que duró seis años, por el cambio de funcionarios.

Los vecinos dijeron que hasta noviembre del año pasado dejaron de ser víctimas del fraude que cometieron en su contra líderes corruptos al venderles un predio que resultó ser propiedad del Gobierno del Distrito Federal.

Indicó que tras una larga lucha los vecinos lograron que las autoridades los escucharan a fin de que se regularizara el predio, pues ellos habían comprado de buena fe y estaban bajo la amenaza de perder éste que es su único patrimonio.

González Morales dijo que el gobierno de López Obrador debe reflexionar al hacer los cambios de servidores públicos en la Dirección General de Regularización, "porque estos funcionarios se quitaban la camisa y se expusieron a todo para acabar con los líderes corruptos, vinieron hasta el predio a decirnos a los vecinos que no les diéramos ni un centavo más porque el predio era del Gobierno capitalino y por lo tanto no era sujeto de ser regularizado, los pagos se tendrían que hacer al gobierno capitalino".

Ahondó que la necesidad llevó a estas familias a confiar en líderes que les ofrecieron vivienda a cambio de pagos que les efectuaron durante cinco años, pero al final resultó que el predio era propiedad del gobierno. Explicó que aun cuando la gente se percató de las irregularidades nadie se podía enfrentar a estos líderes, porque éstos se protegían mediante una banda llamada Los Abuelos que cometía muchísimas arbitrariedades y atropellos. Las familias eran sacadas del predio cuando no pagaban las cuotas que les exigían los líderes.

"Ahora que las cosas van bien, que ya aparecemos en el mapa de la Secretaría de Desarrollo y Vivienda como un predio autorizado para uso habitacional y que se ha establecido un acuerdo con el gobierno local para que pudiéramos adquirir el predio por 727 pesos por 150 metros cuadrados y 50 salarios mínimos por la regularización, nos encontramos con que los funcionarios que siguieron el proceso de este predio ya se van".

González Morales dijo que con el cambio de funcionarios corren el riesgo de que los trámites para empezar a pagar en el mes de febrero ese predio y las escrituras que obtendrían entre mayo o junio, se podrían ver interrumpidas pues la nueva gente no ha seguido la problemática "y aquí el riesgo que corremos es que regresen los líderes y se reinicie un conflicto que parecía haber concluido".