JUEVES 21 DE DICIEMBRE DE 2000

Adolfo Sánchez Rebolledo

El registro legal, abusiva herencia autoritaria

Está en manos de los senadores de la República una iniciativa para aumentar los requisitos exigidos por la ley electoral para el registro de nuevos partidos. Aunque no se dice con todas sus letras, la finalidad del anunciado proyecto consiste en cerrar a piedra y lodo las puertas del actual "sistema de partidos", consolidando así las tendencias de las últimas elecciones. La autocomplaciente propuesta da palos de ciego al reducir los temas de la representatividad de los partidos a un asunto de números, dinero y nuevas restricciones a la libertad de asociación; y se equivoca al considerar al pluralismo un riesgo y no la base de sustentación de la moderna democracia. Es, en suma, la iniciativa del partido de los satisfechos.

El capítulo sobre los partidos establecido en el Código Federal Electoral debe revisarse, ciertamente, igual que otros ordenamientos. En él hay lagunas y abusivas herencias de otras épocas, cuando el poder ponía todas las trabas posibles a la libre organización de la ciudadanía y usaba el registro legal como un arma para dividir a las oposiciones. Es una reliquia que no ayuda a vislumbrar el futuro y por eso su reforma se hace necesaria. Muchos son los puntos discutibles, pero el peor es la idea de partido subyacente tras los requisitos legales. ƑPor qué un "protopartido" que aún no se ha probado electoralmente debe tener en forma obligatoria los miles de afiliados que pide el Código Electoral para entrar a la competencia? Y aunque éstos fueran sólo una parte mínima del padrón, Ƒen qué cabeza cabe que cien asambleas distritales con 300 asistentes o 3 mil afiliados en diez entidades por sí mismas dan como resultado un partido nacional? Se puede doblar la cifra y el resultado será el mismo. En cambio, la ley impide que un partido en formación que no hubiera obtenido el registro en unas elecciones pueda presentarse a la siguiente, aprovechando la experiencia adquirida durante su primera salida. ƑPor qué no abrir la puerta mediante reglas mínimas a todos, como se hace en otros países? El Congreso nos haría un favor pensando en una fórmula más democrática que no se limitara a encarecer el registro. El problema de fondo es, dicen, el financiamiento. Es obvio que el Estado no puede entregar recursos a cualquiera, pero eso no lo obliga a elegir la solución menos lógica por restrictiva. Y, en todo caso, la cuestión de los dineros debe revisarse en conjunto, para todos los partidos y órganos electorales, y no sólo para los de reciente ingreso.

En definitiva, la legislación vigente impone condiciones que son difíciles de cumplir para las corrientes minoritarias que intentan convertirse en partidos nacionales, pero al fin y al cabo resultan insignificantes para los negociantes de la política que aspiran a una franquicia que les permita medrar del presupuesto. Ellos la pueden comprar. La ley no distingue entre unos y otros y la autoridad electoral sólo valora el cumplimiento de ciertos requisitos formales. Favorece, en definitiva, la política clientelar y con ella la falsificación de la representatividad de esas entidades de interés público que son, o deberían ser, los partidos.

Por eso da exactamente lo mismo si un "partido" obtiene el registro mediante auténticas asambleas de ciudadanos o si éstas se realizan con la promesa de algún beneficio en especie, como ya ha ocurrido. Con tales criterios, hasta al Partido Verde se le puede ocurrir, por qué no, duplicar los requisitos legales, pues nada, salvo la necesidad de controlar el flujo abierto de las fuerzas políticas y preservar los privilegios, explica la necesidad de poner tantas restricciones a la participación ciudadana. El registro es un trámite engorroso y caro que resulta completamente inútil para darle forma a un partido genuino, sea chico o grande; en cambio, repito, convalida legalmente a los mercenarios de la política que siempre existirán.

El drama, señores senadores, no es solamente que la Sociedad Nacionalista o el Partido Verde, que para el caso son lo mismo, obtengan el registro sin acreditar representatividad alguna. Lo verdaderamente negativo es el "salvamento" de tales membretes realizado en nombre de ya no se sabe qué alianzas históricas. Dejados a sus propias fuerzas esos partidos probablemente habrían desaparecido, pero gracias a los acuerdos electorales con los grandes alcanzaron jugosas posiciones en el Congreso y abultadas prerrogativas, así que ahora lo menos que puede pedírseles al PAN y al PRD es que no se rasguen las vestiduras.

Es verdad que la ley electoral debe revisarse para ajustarla a las necesidades actuales. Deben reformarse muchas cosas, entre ellas la duración de las campañas, los requisitos para que un consejero sea elegible a un puesto oficial, el gasto de los partidos, la cuestión de los medios, el papel de las Cámaras en el órgano electoral que es una doble aunque inútil representación y, desde luego, los requisitos para acceder a la legalidad electoral. Pero sería un grave error que en vez de garantizar el más amplio pluralismo, el Congreso actuara en este punto bajo supuestos sectarios tratando de pasar como definitivo un sistema de partidos cuya evolución está por verse. Puede ser que el sistema de tres partidos que hoy parece fuerte se fragmente en un número mayor, sobre todo si el PRI no consigue mantener la unidad y se viene abajo el bipartidismo vergonzante que hoy asoma las orejas entre la sopa de siglas que nos trajo la transición. En cualquier caso, la evolución democrática de México requiere, en lugar de iniciativas excluyentes, que se abran las compuertas de la participación. Como está dicho en la Constitución.