MIERCOLES 20 DE DICIEMBRE DE 2000

Ť Había falsa seguridad sobre qué hacer ante el aumento en la actividad del volcán

Por recelo, la gente rechazaba dejar la zona

Ť Evidencia del temor hacia el autoritarismo de los funcionarios, afirman investigadores

Ť Surgió en 1994 el fenómeno de la contraevacuación, resultado del proceso de planeación difuso

Karina Avilés Ť El fenómeno del rechazo a las medidas de evacuación en localidades del volcán Popocatépetl encuentra una de sus razones en la política "emergencista y autoritaria" de los funcionarios gubernamentales y del Sistema de Protección Civil. La resistencia de los pobladores para abandonar sus comunidades pone en evidencia una "falsa seguridad" respecto de lo que se tenía que hacer y no se hizo en términos de planeación, analiza el Centro Universitario para la Prevención de Desastres Regionales (Cupreder).

Lo anterior se establece en una investigación sobre la vulnerabilidad social de las poblaciones aledañas al Popocatépetl en la parte correspondiente al estado de Puebla, realizada por el Cupreder. El estudio destaca que un "plan simulado" mantiene una condición de "falsa seguridad", en la medida en que "no existe en realidad y en que los habitantes en general, incluidos los funcionarios públicos, confían en que sí y en que además, este plan tiene un tono de eficiencia aceptable".

A la luz de la actual situación en las poblaciones aledañas al cráter del Popo, Jesús Manuel Macías, investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (Ciesas) y codirector de la investigación, explica que si los pobladores de las zonas de riesgo aceptaron salir fue porque se percataron de las dos erupciones registradas a las 19:13 del pasado lunes y a las 2 la mañana de ayer. Y no abandonaron sus comunidades por los llamados del gobierno, lo que muestra que continúa la desconfianza hacia las autoridades.

No obstante, en la medida en que los habitantes han evacuado, las condiciones "son favorables" porque si el Popo registrara en estos momentos una "erupción violenta se salvarían muchas vidas".

El investigador va más allá. Prevé que el problema central de ahora -sin soslayar "la incertidumbre ante otra posible explosión"- estará en los albergues porque no se realizaron los trabajos de planeación que debían haberse hecho con anterioridad. Por ejemplo, en cuestiones como el abastecimiento, la administración y la falta de comunicación con los pobladores. O en aspectos tan importantes como qué se hará cuando los pobladores quieran regresar a sus localidades para darle de comer a sus animales.

Lo anterior, dice, habla "de un alto nivel de ineficiencia respecto de lo que se trabajó". Y ejemplifica: "En Puebla hay registros que apuntan que el gobierno prácticamente secuestró a los autobuses que se incorporaron a la evacuación".

El 21 de diciembre de 1994, fecha en que el volcán registró cinco explosiones freáticas y un aumento en las emisiones de vapor de agua, ceniza y gases, también puso en evidencia que "el desempeño del sistema estatal de Protección Civil (en Puebla) respecto a los preparativos ha sido prácticamente inapreciable y no sólo por su orientación 'rescatista' sino también por la evidente falta de pertinencia de la dirección y coordinación técnica del propio sistema", apunta la investigación del Cupreder.

Desde entonces se cumplió sólo parcialmente con el objetivo de evacuación y se dio paso al surgimiento de fenómenos sociales que el Cupreder ha calificado como de "contra-evacuación". La cifra oficial del número de evacuados fue de 60 mil, que fue de una "obvia exageración".

Muchos de los que salieron de sus comunidades desarrollaron una estrategia durante el periodo de refugio respecto a la vigilancia de su patrimonio: "Diversas familias enviaron de regreso a sus comunidades, por cuenta propia, a algunos de sus miembros para cuidar sus bienes y de esa manera pudieron manejar y distribuir sus riesgos".

"Geocientíficos imponen su visión"

El estudio destaca además aspectos que se registraron antes de la evacuación en ese año, y que "definen una base autoritaria en términos de la determinación del riesgo (esto quiere decir que son las autoridades y los geocientíficos quienes determinan las características del riesgo en una visión que imponen a los habitantes de las faldas del volcán: ninguna otra consideración es entendida como válida) y una suerte de la negación al diálogo con las poblaciones expuestas".

Y por otra parte, subraya que para "los responsables gubernamentales y científicos tanto de la atención de la emergencia como de los mecanismos preventivos, o de mitigación, ha resultado más fácil moverse a través de un proceso de planificación de emergencia, autoritario, procedimental y jurídicamente difuso. Esto requiere de ignorar a la población que está en riesgo respecto de sus capacidades de respuesta y organización". Dichos aspectos, no sólo se encaminaban a garantizar resultados ineficientes, sino que además prometían incrementar los niveles de riesgo".

El acercamiento a las condiciones "socioeconómicas y culturales" de dichas poblaciones permitió observar "a las comunidades en riesgo como un conjunto societario complejo y en muchos aspectos heterogéneo. La reacción a las acciones de evacuación mostró lo anterior y las consecuencias observadas de ello también".

El 30 de junio de 1997 se registró un incremento de la actividad del Popo que implicó la caída de ceniza volcánica en la ciudad de México. En ese ocasión se pusieron de manifiesto una serie de problemas como que hubiera alerta "roja" y luego retornara al nivel anterior y la confusión derivada de ello. Lo anterior, provocado por las autoridades de protección civil correspondientes y también por las autoridades gubernamentales.

En este fin de año, y frente a la actividad del Popocatépetl, sus habitantes mostraron de nueva cuenta resistencia para evacuar la zona. "A las poblaciones se les ha visto como el problema. Sin embargo, las previsiones que tuvieron un impulso importante a partir del 94 para generar una planificación se quedan en el papel", indica Jesús Manuel Macías.