MARTES 19 DE DICIEMBRE DE 2000
Ť Explosiones provocadas en 92 por Pemex
La CEDH jalisciense emite una recomendación a Cárdenas Jiménez
Cayetano Frías Frías, corresponsal, Guadalajara, Jal., 18 de diciembre Ť La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) responsabilizó al gobierno que encabeza Alberto Cárdenas Jiménez de que no se haya esclarecido quiénes fueron responsables de las explosiones del 22 de abril de 1992, debidas a un derrame de gasolina en una planta de Petróleos Mexicanos (Pemex), por las cuales murieron más de 200 personas y se destruyeron mil 200 viviendas en el Sector Reforma de esta capital.
María Guadalupe Morfín Otero, presidenta de la CEDH, envió al gobernador la recomendación 16/2000 del organismo, la cual contiene ocho puntos.
La ombudsman indicó que "todavía es tiempo de impulsar un juicio civil en contra de quien resulte responsable para que se pueda resarcir en forma legítima los daños causados a las víctimas".
Cárdenas Jiménez respondió que de los ocho puntos de la recomendación solamente aceptaría el que se refiere a construir un monumento en memoria de las víctimas de las explosiones, y aseguró que las demás peticiones del documento "están siendo atendidas desde hace años".
En su escrito, la CEDH solicitó modificar el contrato del Fideicomiso de Apoyo de Seguridad Social para que las pensiones a damnificados aumenten con base en el Indice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), y no sobre el incremento al salario mínimo vigente en el DF.
Además, se pidió transparencia en el manejo de los fondos del fideicomiso, que se evalúen con sentido humanitario las lesiones y secuelas de damnificados, y que se le ordene a la procuraduría estatal elaborar y llevar a buen término una demanda para reclamar "hasta las últimas instancias la responsabilidad civil objetiva de quien provocó las explosiones".
La CEDH sugirió igualmente organizar una bolsa de trabajo con incentivos para empresas que contraten a personas afectadas por la tragedia, que se reconsideren las incapacidades físicas de dos damnificadas, y que se construya un monumento en recuerdo de las víctimas del 22 de abril.
Morfín Otero señaló que funcionarios del gobierno estatal han incurrido en "violaciones al derecho a la solidaridad, relativas a las necesidades y secuelas que padecen las víctimas de las explosiones, y que comprenden también violaciones del derecho a la verdad, a la protección de la salud y a la impartición de justicia".
Añadió que está pendiente evaluar, "en forma real", lesiones y secuelas que presentan muchos afectados, y aseguró que en la Colonia Alamo Industrial aún no se retiran hidrocarburos del subsuelo.
Recordó que "durante su campaña, el gobernador prometió atender el prolongado agravio de toda la sociedad jalisciense, en particular de los deudos, damnificados y afectados por las explosiones de 1992. Todavía es posible iniciar la demanda".