LUNES 18 DE DICIEMBRE DE 2000
Ť Campamento militar
El 28 de diciembre, solución al litigio en Amador Hernández
Elio Henríquez, corresponsal, San Cristóbal de las Casas, Chis.,17 de diciembre Ť El juez primero de distrito, José Neals Andre Nalda, resolverá el próximo 28 de diciembre en qué situación queda el campamento que el Ejército Mexicano tiene en la comunidad Amador Hernández, municipio de Ocosingo, informó Diego Cadenas, abogado del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas.
Dijo que el juez resolverá sobre el caso después de analizar los informes justificados entregados por altos mandos militares y por el entonces presidente Ernesto Zedillo, quienes argumentan que la ocupación de las tierras que reclaman los habitantes de Amador Hernández es legal, pues se basa en un decreto presidencial expropiatorio.
En octubre pasado se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto mediante el cual se expropiaron tres hectáreas y media por causa de utilidad pública en ese ejido. Sin embargo, como los pobladores de ese lugar previamente habían interpuesto un juicio de garantías, el caso se resolverá el 28 de este mes.
''En este juicio los habitantes de Amador Hernández han demostrado que los militares ocupan sus tierras de manera ilegal y esperamos que les sean devueltas'', comentó el abogado.
Mediciones topográficas distintas
Añadió que, además, en su informe justificado entregado al juez, la Secretaría de la Defensa Nacional manifiesta que el espacio que ocupan los soldados es de sólo 3.5 hectáreas que les autoriza el decreto, pero de acuerdo con el dictamen pericial elaborado por topógrafos de la Procuraduría de Justicia del estado, se confirma que están en posesión de casi 9 hectáreas.
De igual forma, abundó, el Ejército Mexicano sostiene que el campamento, instalado desde agosto de 1999, está fuera del ejido, pero el mismo dictamen corrobora que no es así, sino que está dentro del mismo.
En uno de sus últimos actos como presidente, Ernesto Zedillo envió un informe justificado al juez el 28 de noviembre pasado para argumentar que la ocupación de las tierras que reclaman los indígenas tzeltales de Amador Hernández es legal, porque está sustentada en el decreto de expropiación y que, por lo tanto, no existe despojo.
Cadenas señaló que por ''todas las irregularidades que existen en el caso, esperamos que la resolución sea favorable''. De cualquier forma, añadió, la representación legal ha solicitado al Instituto Nacional Indigenista la elaboración de un peritaje antropológico, que sería presentado ante instancias internacionales, y en el cual se acreditará que ''el despojo'' es contra un pueblo indígena cuyos derechos se garantizan en tratados y convenios firmados y ratificados por el Estado mexicano.
El abogado cuestionó la posición asumida por el comandante de la séptima Región Militar, general Abraham Campos López, quien en el informe justificado que entregó al juez sostiene que el juicio que iniciaron los habitantes de Amador Hernández ''puede tratarse de una campaña en contra del instituto armado para tratar de obstaculizar sus misiones legales y constitucionales establecidos''. Según Cadenas, ''es preocupante que el militar piense y diga lo anterior, pues ello significa que se niega a reconocer que han cometido un acto inconstitucional''.
Por otra parte, la representación legal y los dueños de las tierras esperan que el presidente Vicente Fox intervenga y solucione el caso de una vez, anulando el decreto emitido por Ernesto Zedillo.