SABADO 16 DE DICIEMBRE DE 2000

Ť Seguirá investigación de presunto desfalco en el DF

Con deficiencias jurídicas, la denuncia de Salvador Abascal

Gustavo Castillo García Ť La denuncia presentada por el diputado local del PAN Salvador Abascal Carranza, en contra de ex funcionarios del gobierno capitalino, tiene deficiencias jurídicas, por lo que una vez que el Ministerio Público Federal termine de integrar la averiguación previa, podría turnarla a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF).

Fuentes del Ministerio Público informaron que la acusación del legislador de Acción Nacional tiene, entre otras, las siguientes deficiencias jurídicas: se presentaron copias simples y no certificadas de los documentos que acompañan la denuncia. Además, Abascal Carranza, en su carácter de integrante de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, no tiene personalidad jurídica para haberla presentado, porque a quien corresponde hacerlo es a los contralores del gobierno capitalino.

Revelaron que pese a esas inconsistencias jurídicas, el Ministerio Público Federal continuará investigando hasta terminar la averiguación previa y posteriormente decidirá el destino de la denuncia, "pues el compromiso del procurador Rafael Macedo de la Concha es investigarla a fondo y comenzar a deslindar responsabilidades".

Aseguraron que Rosario Robles Berlanga y Cuauhtémoc Cárdenas no son los únicos ex jefes de gobierno que estarían implicados, por omisión, de encubrir un presunto desfalco por mil 500 millones de pesos, sino también Manuel Camacho Solís y Oscar Espinosa Villarreal.

Se dio a conocer que entre las consideraciones expresadas en un estudio de la denuncia, la responsabilidad del supuesto ilícito no es de los ex jefes de gobierno, sino de los ex contralores del Distrito Federal, ya que ellos eran quienes, por norma, tenían la obligación de denunciar esa situación.

Además, se informó que el daño al erario de la ciudad no serían los mil 500 millones de pesos, sino sólo la parte correspondiente a los intereses que generó la retención de impuestos federales que se entregaron a destiempo a la Secretaría de Hacienda.

Pero, reiteraron las fuentes, la responsabilidad de denunciar estos hechos correspondía a los ex contralores, por lo que en un momento determinado son quienes podrían haber incurrido en actos de omisión, lo que les generaría una sanción administrativa o penal por determinar.