SABADO 16 DE DICIEMBRE DE 2000

Ť Miguel Concha Ť

Avances significativos

Hace unos días Kyra Núñez, corresponsal de La Jornada en los organismos de la ONU en Ginebra, informó puntualmente desde Santiago que en la Conferencia Regional de las Américas, que tuvo lugar en Chile los días 5, 6 y 7 de diciembre, preparatoria de la Conferencia Mundial contra el Racismo, que se llevará a cabo en Durban, Sudáfrica, en agosto del año próximo, se obtuvieron por fin resultados positivos, al reconocer 36 naciones del continente, entre ellas Estados Unidos y Canadá, a los indígenas como pueblos, y no como poblaciones, en una declaración política y en un plan de acción, y al aceptar su demanda de que por razones de justicia debe repararse el daño que les fue provocado en el pasado, mediante políticas, programas y medidas adoptadas por los Estados que se beneficiaron del coloniaje, así como al asumir que la esclavitud y otras formas de servidumbre que los afectaron fueron moralmente reprochables y en algunos casos constituyeron delitos en virtud del derecho internacional.

Tales avances significativos, como se dijo en la conferencia: la participación de los pueblos indígenas tiene ahora que repercutir en reformas constitucionales, legislativas, administrativas y judiciales en cada uno de nuestros países, se debieron indudablemente a la nueva actuación política y diplomática del gobierno de México para con los pueblos indios, pero también a la importante movilización que a nivel continental estos realizaron antes y durante la conferencia. Más de mil 500 delegados de afrodescendientes y pueblos indígenas, así como representantes de ONG se reunieron los días 3 y 4 de diciembre en el Centro de Convenciones Diego Portales de Santiago para llevar a cabo una conferencia ciudadana de la que emanaron 12 consideraciones y 75 propuestas contra el racismo, la discriminación, la xenofobia y la intolerancia, y una declaración de los pueblos indígenas de América que demanda, entre otras cosas, una nueva relación con los Estados, respetuosa de la diversidad social, cultural, lingüística y de ordenamiento jurídico y organización entre pueblos indígenas, y entre éstos y los Estados.

Cuatro son a nuestro entender sus principales exigencias a nivel legislativo: que los Estados ratifiquen y apliquen el Convenio 169 de la OIT, procurando en posteriores procedimientos la superación de sus deficiencias, así como su constante evaluación por los pueblos indígenas, lo que nulifica todo intento gubernamental de denunciar ese tratado, ahora que se cumplen diez años de su entrada en vigor; que la ONU y la OEA reconozcan que los indígenas son pueblos, con todo el significado que corresponde a ese término en las normas internacionales; que todos los Estados reconozcan el derecho de los pueblos indígenas en sus respectivas constituciones y leyes, y que incorporen en sus ordenamientos jurídicos sistemas de protección a los derechos colectivos de los indios, tipificando y sancionando penalmente toda conducta ofensiva, discriminatoria y racista contra ellos.

Aunque de acuerdo con las disposiciones y situaciones precedentes en la ONU se les autorizó estar presentes como observadores en las deliberaciones de los gobiernos, éstos, siguiendo sus malas costumbres, ni siquiera mencionaban en sus intervencionales las propuestas ciudadanas y la declaración de los indios, lo que motivó una enérgica protesta y una carta de denuncia al presidente Lagos y a la titular del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, en la que entre otras cosas denunciaron que los gobiernos rechazaban su participación directa en la redacción de la declaración y en el plan de acción de la conferencia; no tomaban en cuenta sus propuestas, ni los instrumentos internacionales en la materia y los avances en derechos indígenas en sus propios países, y además exigieron participación plena en el proceso preparatorio de la conferencia mundial. Esto apoyó en buena medida las gestiones políticas de nuestra diplomacia, y gracias a ello el 7 de diciembre, antes de concluir los trabajos de la conferencia, se organizó un comité conjunto de representantes de afrodescendientes, pueblos indios y ONG, que le propondrá a Mary Robinson que se revise el formato de la Conferencia Mundial contra el Racismo, con el fin de garantizar antes y después un intercambio directo, respetuoso y fructuoso con los gobiernos.