VIERNES 15 DE DICIEMBRE DE 2000

Ť Para quedar libres tendrían que aceptar que son milicianos del EPR

Desconfían familiares de presos políticos de Loxicha de la amnistía en Oaxaca

Ť Si se aplica esa ley nadie juzgará a quienes los encarcelaron injustamente y los torturaron

Ť En la región no somos eperristas, dice la Unión de Pueblos contra la Represión y Militarización

Blanche Petrich Ť Sorprendidos y escépticos ante la ley de amnistía que decretó hace siete días el Congreso de Oaxaca con el fin de "extinguir" las acciones penales contra miembros de grupos armados que operan en esa entidad, los familiares de 81 presos y 250 campesinos con órdenes de aprehensión de la región Loxicha se sienten frente a una trampa: "Si nuestros presos aceptan ser del EPR, salen libres. Y nadie investigará ni juzgará a quienes los detuvieron arbitrariamente y a quienes los torturaron. ƑPero cómo han de aceptar ser lo que no son? Si no aceptan la amnistía no sólo se quedan injustamente en la cárcel sino que seguro los acusarán de intransigentes".

En una conferencia de prensa ofrecida ayer por Donaciana Antonio Almaraz y Estela García, dirigentes de la Unión de Pueblos contra la Represión y Militarización de Loxicha, ambas reiteraron su versión de la historia, contraria al supuesto contenido en la nueva ley que propuso el gobierno de Oaxaca, en el sentido de que todos los presos, sentenciados o aún en proceso, procedentes de esa microrregión de la Sierra Sur, son milicianos del Ejército Popular Revolucionario (EPR): "Ninguno de nosotros pertenece a ese grupo armado ni a ningún otro. En nuestras comunidades no hubo brotes guerrilleros, las acciones de los rebeldes fueron en otros lugares."

Informaron que a partir de mañana la unión y un grupo de abogados y representantes de organizaciones civiles solidarias empezarán consultas con los presos de Santa María Ixcotel, Etla, Pochutla y Almoloya de Juárez para definir una posición frente a la amnistía unilateral.

"El problema -comentó Donaciana- es que nunca se nos consultó. Nos tomó de sorpresa, totalmente. El día 8 un diputado me llamó en Oaxaca para avisarme que esa misma mañana se iba a aprobar una ley. Por más que corrí para llegar a tiempo, cuando llegué al Congreso ya hasta habían terminado de votar."

Estela García criticó al gobernador: "Siempre ha pretendido involucrarnos con el EPR, aunque no seamos. Nunca ha podido ofrecer pruebas, ni podrá, porque no las hay."

Por su parte, Raúl Marroquín, representante de la Asociación Católicos contra la Tortura (Acat), dijo que la nueva ley oaxaqueña es "ambigua y arbitraria". Ambigua, porque no establece si la amnistía se aplicará caso por caso o "en paquete", con su consentimiento o por procedimiento burocrático; y arbitraria, "porque le dice te perdono a quien está tratando de probar su inocencia desde la prisión; y porque se procede cuando aún quedan vías legales para agotar los procesos y lograr la absolución de los presos."

Explicó que la exposición de motivos de la ley está dedicada explícitamente al grupo armado EPR y a organizaciones similares "motivados -dice el texto legal- por las mismas causas de reivindicación social" que han "quebrantado la armonía entre oaxaqueños" con "actos ilícitos". De hecho, el beneficio de la amnistía está condicionado a "la entrega de todo tipo de instrumentos, armas, explosivos u objetos empleados en la comisión de delitos".

Pero en el cuerpo de la ley se habla de los "expedientes relacionados al grupo EPR", y estos son los 118 casos de Loxicha.

"Es decir, la ley está basada en la presunción de que todos los detenidos en esas comunidades son eperristas, sin que las pruebas o las sentencias ya emitidas contra 55 de ellos (11 en Almoloya) así lo asienten. También es parcial, ya que al ser una ley estatal sólo amparará a quienes hayan sido juzgados en el fuero común, pero varios de estos presos, sobre todo los líderes comunitarios y quienes ocuparon cargos, fueron trasladados, por presunta peligrosidad social, al fuero federal. A ellos no los alcanza la amnistía."

La legislación responde, agregó, a una lógica perversa: "Pertenecer a una comunidad de Loxicha fue criminalizado. Ahora, para acceder al perdón, los supuestos beneficiarios tendrían que autoincriminarse. Más aún, amnistía es perdón, y el perdón automáticamente abarca en este caso a quienes ejecutaron las detenciones ilegalmente, a quienes torturaron a los presos para obtener declaraciones autoinculpatorias, a quienes ordenaron los arrestos sumarios y a quienes perpetraron en varios casos desapariciones forzosas. Hay demandas penales en curso contra estos violadores de los derechos humanos que también quedarían anuladas de aceptar la amnistía."

La actriz Ofelia Medina, que ha promovido en dos ocasiones caravanas de organizaciones solidarias a la cercada región de Loxicha, señaló que la amnistía de Murat contradice el compromiso que asumió oficialmente el secretario de Gobernación, Santiago Creel, de revisar caso por caso los expedientes del fuero estatal y federal de manera conjunta entre las autoridades de los dos niveles de gobierno. "También hay incumplimiento porque a pesar de su promesa expresada cuando el presidente Vicente Fox viajó a Oaxaca, el 2 de diciembre, Creel no ha recibido a la gente de la unión".

Medina, quien además ha sido activa promotora de la solidaridad de ONG en torno al caso Loxicha, se preguntó: "ƑQué pretende Murat? A lo mejor dar un madruguete, aprovechando el clima de esperanza que se ha abierto en el país ante la perspectiva de que el Congreso de la Unión apruebe la iniciativa de la Cocopa basada en los acuerdos de San Andrés Larráinzar. A lo mejor lo que quiere es robarle el mandado a esta coyuntura, haciéndose pasar por benevolente."

Advirtió que para las comunidades de Loxicha y en particular para las dirigentes de la unión "este es un momento muy peligroso" ya que, de no aceptar la amnistía, "serán señaladas como intransigentes". Denunció que "poniendo a prueba el valor cívico ejemplar" que las jóvenes líderes de Loxicha han demostrado, éstas han sufrido amenazas y agresiones, algunas de ellas muy graves, tanto en Oaxaca como en la ciudad de México. También las mujeres y los niños que mantienen un plantón desde hace cuatro años bajo los arcos del palacio de gobierno en la capital estatal han sido hostigadas y presionadas. "De cualquier cosa que pueda sucederles, responsabilizamos a Murat", dijo Ofelia Medina.

En otra intervención, la representante de la Liga Mexicana de Derechos Humanos (Limedh) asentó que para su organización, la nueva ley "es positiva porque reconoce que hay disidentes encarcelados". Pero también reconoció que es una ley unilateral, "que puede resultar contraproducente y agravar la situación" en la región Loxicha.