VIERNES 15 DE DICIEMBRE DE 2000

Ť Fernández de Cevallos las devolvió a comisiones

Freno a iniciativas panistas para regular financiamiento a partidos

Ť Buscaban acabar con el sistema de entrega de recursos a pequeños

Ť Son reformas trascendentes; no deben detenerse, dicen senadores

Andrea Becerril y Víctor Ballinas Ť Dos iniciativas del Partido Acción Nacional encaminadas a modificar el financiamiento público de partidos políticos para acabar con "la situación anómala" por la cual entre menos votos obtiene un partido mayor es la cantidad de recursos asignados, no pasó al pleno y se regresó a comisiones debido a la presión que ejercieron dirigentes y militantes de agrupaciones minoritarias, encabezados por Gilberto Rincón Gallardo.

Los inconformes discutieron, por más de hora y media, con senadores del PAN y de los partidos Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática que dictaminan las dos iniciativas, y finalmente el coordinador panista, Diego Fernández de Cevallos, decidió que los proyectos se regresaran a comisiones.

Así "nos daremos tiempo y oportunidad para reflexionar sobre algunas observaciones y en su caso llevar a cabo las correcciones necesarias", agregó el panista, quien sostuvo luego un encuentro con Jorge Alcocer, ex subsecretario de Gobernación.

Las presiones originaron el descontento de legisladores de todas las fuerzas políticas, quienes consideraron que "son reformas trascendentes y no deben frenarse".

En entrevista al término de la reunión con los senadores, Rincón Gallardo, dirigente del Partido Democracia Social, sostuvo que las propuestas son restrictivas y antidemocráticas, y "es verdaderamente inconcebible que del Senado salga una reforma electoral que restringe las posibilidades para formar nuevos partidos políticos".

Sin embargo, en tribuna el senador panista Ricardo Alaniz Posada insistió en la urgencia de hacer una evaluación objetiva de las reglas constitucionales y legales que regulan la distribución del financiamiento ordinario a los partidos políticos, ya que el actual mecanismo "distorsiona la soberanía del voto, la igualdad de los partidos ante la ley y ante el Estado y los propósitos de equidad en la competencia electoral".

Precisó que un ejemplo de ello es que en el presupuesto que se habrá de aprobar para los partidos políticos en el 2001, la organización que menor votación obtuvo en la pasada elección recibirá casi 288 pesos por voto, mientras que el partido de mayor votación alcanzará sólo 50 pesos por voto.

Es en ese sentido, reiteró, en que se proponen las dos iniciativas de reforma en materia de derechos y prerrogativas de los partidos, a los artículos 41 constitucional y 49 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe).

Insistió en que las reformas de 1996, por las que la principal fuente de ingresos de los partidos políticos es el financiamiento público, deben ser conservadas, pero se requieren cambios porque las normas vigentes no establecen un criterio adecuado para su distribución.

Una situación injusta

Detalló Alaniz Posada que las iniciativas del PAN plantean resolver el problema desde su raíz, modificando tanto las bases para la determinación del financiamiento ordinario y de campaña para los partidos como la forma de distribución de esos recursos.

Aclaró que los proyectos de reforma no pretenden beneficiar o perjudicar a ningún partido, ya que de hecho todos se ven afectados en comparación con los beneficios que les daría conservar la situación actual.

Sin embargo, insistió, debe aprobarse esa reforma por la que el financiamiento a los partidos sería designado en relación a su porcentaje de votos obtenidos en la elección de diputados inmediata anterior, con lo que se solucionaría el actual vacío jurídico.

No obstante, las protestas de los dirigentes del PDS y del Partido de Centro Democrático, entre otros, lograron que por lo pronto se frenara el proceso legislativo y las iniciativas regresaron a comisiones.

Antes, el coordinador panista, Fernández de Cevallos, sostuvo una larga reunión privada con el ex subsecretario de Gobernación Jorge Alcocer, uno de los fundadores de Democracia Social.

En la sesión de ayer se turnó a las comisiones de Justicia y Estudios Legislativos la iniciativa remitida por el titular del Ejecutivo, a través de la cual propone modificaciones y adiciones a los artículos 95, 99 y 105 de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y al artículo 21 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con el propósito de incorporar el mecanismo de cumplimiento sustituto de las sentencias de amparo y al quejoso a solicitarla ante el órgano que corresponda.

Se propone en esa iniciativa modificar la fracción X del artículo 95 de la Ley de Amparo, a fin de posibilitar que las partes puedan impugnar --a través del recurso de queja-- la resolución de la autoridad judicial que resuelve el incidente.

Lo anterior permitirá que, en su caso, puedan ser revisadas las determinaciones que las partes consideren atentatorias de sus intereses jurídicos.

Asimismo, en el desarrollo de la sesión ordinaria se remitió a las comisiones unidas de Justicia, Seguridad Social, de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos la iniciativa presentada por la senadora Yolanda González Hernández, del PRI, que adiciona a la Ley Federal para la Administración de Bienes Asegurados, Decomisados y Abandonados un párrafo segundo al artículo 49, a fin de que esos recursos se destinen para apoyar la rehabilitación de farmacodependientes.

La senadora González Hernández explicó ante el pleno que de acuerdo con estudios de la Secretaría de Salud, a nivel nacional 8.2 por ciento de los jóvenes estudiantes ha consumido por lo menos una vez en su vida alguna droga, mientras que 4.4 por ciento lo ha hecho en el último año, y que en el Distrito Federal el consumo de estupefacientes afecta a uno de cada 10 jóvenes.