La decisión del hasta ayer candidato demócrata Al Gore de darse por vencido en la disputa legal por la presidencia de Estados Unidos marca el fin de un conflicto poselectoral sin precedentes en ese país y abre la perspectiva inmediata de la asunción de su rival, el republicano George W. Bush, a la jefatura de Estado. Innumerables ciudadanos de la nación vecina --y muchos otros en el mundo-- respiraron aliviados por la culminación de más de un mes de incertidumbre política en la más importante potencia del mundo.

Hay, sin duda, un elemento tranquilizador en el hecho de que esa crisis no haya desembocado en una desestabilización financiera que habría podido tener consecuencias devastadoras para la economía global y para los delicados equilibrios político-diplomáticos en el planeta; sin embargo, debe tenerse claro que el inesperado e inédito empate o empantanamiento electoral en que culminaron los comicios presidenciales del mes pasado, así como el traslado del diferendo de las urnas a los tribunales, causaron un daño profundo e irreversible a la credibilidad y la legitimidad de la presidencia de George W. Bush y del sistema político estadunidense en su conjunto.

En efecto, el hasta ahora gobernador republicano de Texas será el primer mandatario que ocupe la Casa Blanca tras sufrir una derrota en el voto popular --toda vez que Gore obtuvo más votos ciudadanos--; el primero cuya victoria electoral haya sido impugnada ante la Corte Suprema de Justicia y una corte estatal; será, asimismo, el primer presidente que tendrá que confesar que el cargo no se lo debe a los sufragios de los ciudadanos sino a los jueces y a las peculiaridades legales de un obsoleto sistema de votación indirecta; será, en suma, un jefe del Ejecutivo que no podrá esgrimir un mandato ciudadano inequívoco. En consecuencia, la próxima presidencia estadunidense padecerá una marcada debilidad de origen y tendrá que mantenerse en una permanente búsqueda de legitimación.

Finalmente, a la luz de la manera torcida en que Bush logra introducirse a la Casa Blanca, Washington no puede ya presentarse ante la comunidad internacional como el Estado guardián y máximo exponente de la democracia, porque desde cualquier perspectiva democrática, lo ocurrido en estas semanas en Estados Unidos fue una negación del principio de gobierno de las mayorías, una ofensa a la transparencia electoral y una muestra de que el poder político no necesariamente se constituye con base en la decisión ciudadana sino, como pudo observarse claramente en esta ocasión, a partir de ataques y contraataques mediáticos, confrontaciones entre leguleyos y normas de representación indirecta que se encuentran entre las más arcaicas y obsoletas del mundo.