JUEVES 14 DE DICIEMBRE DE 2000

Ť Podría ser sujeto a un proceso administrativo o penal, dice Carlos Rojas

Retuvo Levy más de $300 millones de Diconsa

Ť Piden senadores priístas que se asignen recursos con base en lo presupuestado, no en el gasto

Andrea Becerril y Víctor Ballinas Ť El director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Santiago Levy, puede ser sujeto a proceso administrativo e incluso penal por atentar contra los mexicanos más pobres del país, al haber retenido más de 300 millones de pesos destinados a las tiendas de abasto comunitarias (Diconsa), durante su gestión como subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Ayer reveló lo anterior el presidente de la Comisión de Desarrollo Regional del Senado de la República, Carlos Rojas, y dijo que los consejos comunitarios de abasto presentaron ya ante la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam) una denuncia contra Levy, ya que como funcionario de la SHCP del pasado gobierno entregó menos de la mitad de los recursos que el Congreso aprobó para la operación de dichas tiendas.

El senador priísta consideró que se trata de una ilegalidad. "en el fondo lo que hay es un capricho de Hacienda, especialmente en la subsecretaría de Egresos, y también una cuestión ideológica, pues lo que pretenden es ir aniquilando poco a poco un programa que a pesar de los cambios de gobierno se ha logrado mantener con una gran participación comunitaria".

Conocedor del tema, ya que como secretario de Desarrollo Social en los primeros tres años del sexenio zedillista tuvo divergencias con Levy por la asignación presupuestal, Rojas insistió en que la actitud del actual director del IMSS es un "capricho inexplicable, al no entregar en su totalidad los 715 millones de pesos que la Cámara de Diputados aprobó en el presupuesto del 2000 y en apoyo del funcionamiento de las 23 mil tiendas rurales Diconsa, que atienden a cerca de 30 millones de mexicanos que viven en situación de miseria".

Entrevistado luego de una reunión de la Comisión de Desarrollo Social del Senado, Rojas explicó que faltan por canalizar 300 millones de pesos a las tiendas Diconsa, lo que es aún más grave e inaceptable si se considera que esa cantidad representa apenas uno por ciento de lo que se ha pagado por el rescate bancario".

Informó que además de presentar la denuncia ante la Secodam, los representantes de los Consejos Comunitarios de Abasto solicitaron la intervención del Senado para exigir por cuarta vez a la SHCP que cumpla la ley y les entregue los recursos asignados en el presupuesto del 2000, toda vez que han hecho la misma petición a la Cámara de Diputados sin éxito alguno, y "a los legisladores las autoridades hacendarias sólo les responden con pretextos".

Rojas precisó que ambas cámaras del Congreso han solicitado una explicación por esta ilegalidad, pero la SHCP tampoco les responde satisfactoriamente ni argumenta por qué se incumplió el mandato de la Cámara de Diputados, y consideró que aún hay tiempo para que la dependencia que encabeza Gil Díaz haga llegar los recursos faltantes a las tiendas rurales.

Riesgo de privatización del IMSS

Rojas consideró que al poner a Santiago Levy al frente del IMSS, el propósito del presidente Fox quedó muy claro, ya que pretende avanzar a la privatización del Seguro Social. Resaltó que desde el momento en que tomó posesión, Fox habló de subrogar al menos los servicios médicos del Seguro Social, "esa es su intención, (y) lo deberían decir abiertamente para discutirlo, pero tratan de buscar caminos torcidos para alcanzar esa decisión".

Consideró que la tónica de la SHCP no ha variado, ya que persiste en "ir maniatando y esquilmando a las instituciones, disminuyendo los recursos, desacreditándolas, de tal manera que cuando viene la decisión de privatizarlas o cerrarlas, en la opinión pública ya están bien asentadas causas suficientes para justificar la medida", y advirtió: "que no extrañe que en los próximos meses el IMSS presente un mayor déficit en el abasto de medicinas y una disminución en la calidad de los servicios, de tal manera que se empiecen a poner las bases para proponer la subrogación, lo cual evidentemente es una privatización parcial.

Por otra parte, senadores del PRI denunciaron ayer que este año el subsecretario de Egresos de Hacienda, Santiago Levy, no cumplió con el presupuesto del 2000, ya que a programas sociales como Diconsa y Liconsa les retuvo recursos asignados en un monto de 30 a 40 por ciento, y lo más grave es que "ese dinero se gastó en otros programas".

Eduardo Bours Castelo, comisionado por sus correligionarios para ofrecer conferencia de prensa, dijo que "este año se recortó el presupuesto destinado a programas asistenciales", que estaba presupuestado "pero no se ejerció por no haber sido liberado a tiempo".

Precisó que "no se gastó ese recurso debido a las reglas de operación de los programas, que eran muy estrictas", y se destinó ese dinero a otros rubros, pero "el PRI no va a aceptar que el presupuesto del 2001 incremente los fondos de los programas a partir de los recursos ejercidos y no del gasto previsto", o sea que los incrementos a Diconsa y Liconsa "se hicieron a partir de lo gastado y no de lo presupuestado".

Detalló que los programas no utilizaron esos recursos debido a la concentración de facultades de la SHCP, que decidía el gasto de la Sedeso y la Sagar, entre otras dependencias.