MIERCOLES 13 DE DICIEMBRE DE 2000
Ť Incluidos Cárdenas y Robles, por omisión o encubrimiento: Salvador Abascal
Serían responsables de quebranto al erario federal los ex gobernantes del DF, desde 1992
Ť Habrían incurrido en evasión fiscal por mil 500 millones de pesos, según el diputado del PAN
María Esther Ibarra y Grabiela Romero Sánchez Ť En caso de tener responsabilidad en el quebranto al erario federal por mil 500 millones de pesos, podrían ser sancionados o inhabilitados los ex titulares del ahora gobierno capitalino que fungieron de 1992 a 2000, incluida Rosario Robles, así como el ex subsecretario de Hacienda en el sexenio pasado y actual director del IMSS, Santiago Levy, aseguró ayer el diputado del PAN Salvador Abascal Carranza.
En conferencia de prensa, el legislador local panista también informó que el grupo parlamentario del blanquiazul solicitará auditorías externas a la Contaduría Mayor de Hacienda del Distrito Federal, y a diversas dependencias del gobierno capitalino, como las secretarías de Finanzas y de Transporte, el Instituto de Cultura, el Fondo de Vivienda y Desarrollo Urbano, entre otras.
Aseguró que esa medida fue acordada por todos los partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa, incluido el PRD, porque hubo consenso en que debe haber rendición de cuentas claras, "empezando por hacer la limpieza en casa". Por eso, enfatizó, la primera en ser auditada será la Contaduría Mayor de Hacienda.
Al abundar sobre la denuncia de hechos que presentó el PAN ante la Procuraduría General de la República y que ratificó el pasado 5 de diciembre, Abascal Carranza indicó que hasta el momento el Ministerio Público cuenta con el expediente por daño patrimonial federal, por el "doble" quebranto, tanto a la hacienda pública del Distrito Federal como a la de la Federación, por la evasión fiscal de mil 500 millones de pesos.
La denuncia comprende las gestiones de Camacho Solís y Espinosa Villarreal
Las administraciones de Manuel Camacho Solís, Oscar Espinosa Villarreal, Cuauhtémoc Cárdenas y Rosario Robles están comprendidas en la denuncia de hechos, los dos últimos por presunta "omisión" o "encubrimiento".
El diputado panista incluyó a Cárdenas y Robles, ya que "a pesar de que estaban enterados de las irregularidades no actuaron conforme a derecho"; esto es, no denunciaron los hechos ante las autoridades competentes, dijo.
Según Abascal existe presunción de que ambos ex jefes de gobierno "pudieron hacer lo mismo durante sus administraciones, bajo el argumento de que en las pasadas administraciones se cometieron las irregularidades y no pasó nada, hasta ahora que nosotros las denunciamos".
De ser responsables, sostuvo que "de entrada el delito es de encubrimiento, más lo que resulte", y ambos podrían ser sancionados con la inhabilitación hasta "por 20 años" en el desempeño de cualquier cargo público. Sin embargo, aclaró que corresponderá a la PGR determinar el grado de responsabilidad y, consecuentemente, la sanción.
Para fundamentar la presunta responsabilidad por "omisión" o "encubrimiento" de Cárdenas y Robles, el panista entregó a los reporteros copia del dictamen de auditoría PV98013407, otros impuestos y derechos, al cual se anexa un escrito de fecha 21 de septiembre de 1998, firmado por Luis Ramón Irineo Romero, director general de Legalidad y Responsabilidades de la Contraloría del Distrito Federal.
El documento da cuenta de los resultados de la auditoría PV9801 cierre del ejercicio presupuestal de 1997, practicada a las áreas de Finanzas, Oficialía Mayor y Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal; "se presume que se desprenden actos y omisiones contrarios a los principios que rigen a los servidores públicos, con posible daño al erario del DF por la cantidad de un millón 947 mil 492 pesos".
En el caso de Santiago Levy, manifestó que podría estar involucrado en las irregularidades, por haber firmado a nombre de la Secretaría de Hacienda el convenio por el cual el gobierno federal y el entonces Departamento del DF reconocen los créditos y deudas de carácter fiscal, así como de compensación de los mismos. El documento, firmado el 17 de noviembre de 1997, también fue signado por Tomás Ruiz, entonces presidente del Servicio de Administración Tributaria (SAT), y el actual director del Banco Nacional de Obras, Tomás Ruiz, así como por Javier Beristáin y Manuel Merino García, en ese año secretario de Finanzas y oficial mayor, respectivamente.