Ť Magistrados electorales determinarán si los enjuician política y penalmente
Yucatán: diputados del PRI desacatan por segunda vez resolutivo federal
Ť Se ha violado sistemáticamente la soberanía estatal, argumen-tan los 14 legisladores del tricolor
Luis A. Boffil Gómez, corresponsal, Mérida, Yuc., 12 de diciembre Ť En un hecho inédito en el panorama político de Yucatán, 14 de 15 diputados locales del PRI que integran la mayoría del Poder Legislativo podrían quedar sujetos a juicio político y penal al negarse hoy a cumplir, por segunda ocasión, con el resolutivo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para iniciar el procedimiento selectivo de consejeros electorales.
El plazo del TEPJF venció hoy a las 20:20 horas y la presidenta de la Comisión Permanente de Legislación, Myrna Hoyos Schlamme, no convocó a sesión para iniciar el trámite que ordenó el organismo federal el 15 de noviembre pasado, cuando invalidó las acciones de los entonces consejeros y ordenó reponer el proceso para designar a los nuevos funcionarios del Instituto Electoral del Estado.
Posteriormente, al filo de las 21 horas, 14 diputados priístas ?con excepción del legislador de extracción indígena Gaspar Xiu Cachón? manifestaron que no acataron el resolutivo porque "se ha violado sistemáticamente la soberanía estatal".
De esta forma, el mensaje fue dirigido a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, senadores y diputados federales, magistrados de los tribunales superiores de justicia de los estados, gobernadores de las entidades del país, órganos electorales, e instituciones académicas y juristas.
Por su parte, la oposición panista y perredista destacó que diputados priístas, principalmente Myrna Hoyos Schlamme y William Sosa Altamira, presidentes de las comisiones de Legislación y de la Mesa Directiva, respectivamente, están en condiciones para ser juzgados política y penalmente.
De acuerdo con la página 13 del oficio SGA-JA-1772/2000 que recibió el Congreso del Estado, el TEPJF consideró que las autoridades deben acatar el resolutivo, porque éstas juraron cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen, según el artículo 128.
De esta forma, y a menos de seis meses del proceso electoral previsto para el 27 de mayo, el Congreso local se encuentra en un franco enfrentamiento con un órgano federal que podría derivar en algo inusitado en materia constitucional.
Por la noche, Hoyos Schlamme, quien durante el día se mostró reservada, manifestó en rueda de prensa que la fracción del PRI no cederá a la presión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, "pase lo que pase".
Asimismo, reiteró que la bancada del PRI entablará ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación un recurso "nunca antes visto" contra el TEPJF, por considerar que se violenta la soberanía de Yucatán.
Por su parte, el presidente de la Mesa Directiva de turno del Congreso del Estado, William Sosa Altamira, dijo que la amonestación que recibió del TEPJF en relación con el desacato, lo tiene sin cuidado: "Seguimos en lo mismo, nadie se raja".
De igual forma, evitó hacer más comentarios sobre la amonestación del órgano electoral federal, aunque agregó que la postura de la fracción tricolor es no ceder ante las "arbitrariedades" de los magistrados del citado órgano federal electoral.
Cervera dijo no conocer la resolución
Por la mañana, el gobernador Víctor Cervera Pacheco había minimizado la llamada de atención del tribunal electoral, al señalar que desconocía su contenido. "Voy a pedir una copia del dictamen", atajó al ser entrevistado, pero indicó que él es respetuoso de la soberanía del Poder Legislativo.
Empero, los dirigentes opositores del PAN y PRD agregaron que los diputados priístas cometen un error al desacatar la orden del TEPJF y expusieron su temor por un posible enfrentamiento entre la Federación y el estado de Yucatán.
Alfredo Rodríguez Pacheco, dirigente de Acción Nacional, acusó al gobernador Víctor Cervera Pacheco de ser el "autor intelectual" del desacato al TEPJF y lo exhortó a que "saque las manos" del asunto para no complicar el problema todavía más.
En tanto, el dirigente del PRD, Jorge Vallejo Buenfil, indicó que este nuevo desacato de los priístas podría entorpecer el panorama electoral de la entidad, e incluso retrasar las elecciones gubernamentales previstas para el 27 de mayo del 2001.
En términos generales, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha fallado contra las autoridades estatales en tres ocasiones consecutivas. En octubre pasado los magistrados invalidaron la ratificación de consejeros que había ejecutado el Congreso local. Aunque a "regañadientes", este órgano repuso el procedimiento.
Posteriormente, ese mismo mes, el TEPJF ordenó al Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) reponer el proceso para designar a los magistrados del Tribunal Electoral del Estado (TEE), al cual se le dio la atención debida.
Sin embargo, el 15 de noviembre, y ante las quejas de panistas y perredistas por supuestas irregularidades en el método de selección, el TEPJF invalidó la actuación de los consejeros en funciones y ordenó designar a nuevos funcionarios y se le impuso un plazo de 48 horas al Poder Legislativo para cumplir.
Empero, la fracción del PRI se negó a acatar la orden del tribunal electoral por considerarla violatoria de la soberanía de Yucatán. Este lunes, el TEPJF impuso un plazo de 24 horas, advirtiendo a los diputados "rebeldes" que podrían enfrentar juicio político y, posteriormente, ser sancionados con la cárcel.
Ante esta negativa, el tribunal podría iniciar, ante el Congreso de la Unión, la petición de juicio político.
Ť Las órdenes del TEPJF son definitivas e inatacables
Jesús Aranda Ť Ante la negativa de la mayoría priísta del Congreso de Yucatán de acatar la orden del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de iniciar un nuevo proceso de auscultación para conformar al Consejo Estatal Electoral, los magistrados electorales se reunirán en las próximas horas para determinar la aplicación "discrecional" de las medidas de apremio y de sanciones en contra de los 14 legisladores priístas.
De acuerdo con la sentencia del pasado lunes, los magistrados están en condiciones de iniciar acciones legales en materia penal, política y administrativa hasta lograr el pleno cumplimiento del ordenamiento.
Asimismo, según la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, una vez que el Congreso de Yucatán hizo caso omiso del emplazamiento para cumplir con la sentencia del TEPJF del pasado 15 de noviembre en la que se ordenó iniciar un nuevo proceso de selección de los consejeros electorales locales, los magistrados electorales están facultados para "aplicar discrecionalmente los medios de apremio y correcciones disciplinarias" necesarias para "mantener el orden, el respeto y la consideración debidos".
Dichas sanciones son: apercibimiento, amonestación, multa por 100 veces el salario mínimo, el auxilio de la fuerza pública y el arresto hasta por 36 horas.
La misma legislación establece también que dichas sanciones podrán ser "más severas" en caso de reincidencia. Esto último sería aplicable al presidente del Congreso de Yucatán, el priísta William Sosa Altamira ?quien fue amonestado por escrito por el TEPJF en su sesión del pasado lunes? por negarse a iniciar el procedimiento para que la Comisión de Legislación, Gobernación y Asuntos Electorales reactivara el proceso de selección de los consejeros electorales.
Por otra parte, la misma legislación señala que las autoridades federales, estatales y municipales "están obligadas a proporcionar" a las autoridades electorales el auxilio de la fuerza pública necesarios para el cumplimiento de sus funciones y resoluciones.
En este contexto, el presidente del TEPJF, Fernando Ojesto Martínez Porcayo, es el encargado de vigilar que se cumplan las determinaciones del tribunal, por lo que habrá de convocar a sus compañeros para hacer frente a esta situación que es la primera de su tipo que enfrenta el tribunal.
Fuentes judiciales aseveraron que en razón de que las resoluciones del tribunal electoral son "definitivas e inatacables", cualquier recurso que interpongan los legisladores yucatecos en contra del dictamen será rechazado por las instancias federales por improcedente.