LUNES 11 DE DICIEMBRE DE 2000

Ť Pide a cambio información sobre desaparecidos


Analiza Lagos una posible salida judicial a procesos a militares

Ť El ejército pedirá una ley de punto final, dice diario oficialista

Ť Lamentable actitud del gobierno: abogados antipinochetistas

Dpa, Afp y Ap, Santiago, 10 de diciembre Ť El gobierno chileno analiza la posibilidad de una salida extrajudicial para los procesos por violaciones a los derechos humanos contra militares retirados y en activo, con la condición de que reciba al menos 70 por ciento de información veraz sobre el paradero de miles de detenidos desaparecidos durante la dictadura de Augusto Pinochet, informó el diario La Nación .

En su edición de este domingo, el periódico oficialista adelantó que el ejército solicitará al presidente Ricardo Lagos una "ley de punto final" en los procesos contra los militares durante la reunión del Consejo de Seguridad Nacional, que el mandatario accedió a convocar en los próximos días.

Con ello, el diario descartó que el encuentro del consejo sea exclusivamente para analizar el resultado de la petición de amparo que solicitó Pinochet a la Corte de Apelaciones de Santiago para evitar el arresto domiciliario ordenado por el juez Juan Guzmán, veredicto que se otorgará a más tardar el martes.

A estas alturas, agrega La Nación, el ejército está convencido de que "es imposible sustraer al octogenario general de las manos de la justicia".

La posibilidad de que Lagos evalúe la salida extrajudicial depende de la cantidad de información que entreguen los militares en la Mesa del Diálogo, que tiene hasta el próximo 6 de enero para recibir datos sobre los desaparecidos, añadió el periódico.

En esa instancia, creada el año pasado, participan las fuerzas armadas, abogados de derechos humanos y la Iglesia católica.

La Nación, que cita fuentes del gobierno que no identificó, señaló que Lagos está interesado "en dar vuelta la página, eso sí sobre la base de un avance sustantivo" para encontrar los restos de las mil 200 víctimas de la dictadura.

En su edición del sábado el rotativo indicó que los uniformados darían información de los desaparecidos a cambio de que Lagos haga lo necesario para avanzar hacia la ley de punto final, ya que la actual amnistía ha sido reinterpretada por los jueces y se considera como delito permanente la desaparición hasta que los restos sean hallados.

La nueva ley tendría como objetivo que no se investiguen los hechos ni la identidad de los autores, y en este caso el ejército entregaría la máxima cantidad de restos y en caso de que no sean encontrados ofrecerían un certificado donde conste la identidad, la fecha y el lugar de la ejecución.

Esta noche, el ministro de la Presidencia, Alvaro García, afirmó que no habrá "punto final" al proceso que se le sigue a Pinochet.

En tanto, los abogados querellantes en el proceso contra Pinochet por la caravana de la muerte se declararon pesimistas sobre la posibilidad de que la Corte de Apelaciones rechace el recurso de amparo solicitado por el ex dictador hace ocho días.

La abogada Carmen Hertz declaró que "el gobierno ha tenido una actitud lamentable... no tengo ninguna esperanza de que el recurso de amparo sea rechazado".

Por otra parte, el diario británico The Observer informó que el ejército y la policía secreta pinochetista traficaron cocaína a Europa y Estados Unidos en beneficio de altos funcionarios de la dictadura militar.

The Observer se basó en el libro de Rodrigo de Castro, un ex funcionario internacional en Chile, en el que asegura que Pinochet debió conocer las operaciones de narcotráfico porque supervisó en forma estrecha a la policía secreta.