Ť Se reprime a organizaciones ciudadanas: Agudo 

Denuncian regresión de derechos civiles y políticos en el País Vasco

Ť ETA, excusa para perseguir a ciudadanos honrados, afirma el Grupo contra la Tortura de Euskal Herria

David Aponte Ť El País Vasco padece una regresión en materia de derechos políticos y civiles. El gobierno español utiliza a la organización armada Euskadi Ta Askatasuna (ETA) como un "comodín" para reprimir a las organizaciones sociales, políticas, sindicales y, en general, a la sociedad, asegura el abogado Joseba Agudo, miembro del Grupo contra la Tortura de Euskal Herria.

El Estado español tiene un rasero diferente para los delitos cometidos en el territorio vasco, en relación con el resto de España. Por ejemplo, un delito cometido en Euskadi puede ser considerado como colaboración con banda armada, complicidad con los etarras, mientras que en otro sitio representa delincuencia común, explica.

"Vemos que cualquier reivindicación de los trabajadores en Andalucía o acto de violencia cometido por grupos anarquistas o de izquierda acaba siendo penado con meses de prisión o penas bastante mínimas. Y en el País Vasco la misma acción es interpretada como colaboración con banda armada. Quemar un cajero automático en Andalucía puede suponer una pena de unos meses de cárcel y en el País Vasco vemos asombrados que se aplican condenas de hasta 10 y 15 años de cárcel por ese tipo de acciones", expone.

El abogado Joseba Agudo estuvo de visita en México hace unas semanas para dar a conocer la situación político-jurídica del País Vasco a diferentes actores de la sociedad mexicana. El abogado expuso en sus encuentros que en esa región de España hay una regresión de los derechos civiles y políticos, resultado de una aplicación "ambigua" de las leyes penales.

"El gobierno español acude al derecho penal, el último residuo al que apelan los Estados, para reprimir a la población, principalmente con figuras ambiguas como puede ser el delito de apología, colaboración con banda armada, actos ilícitos terriblemente difusos, para combatir a ETA.

"A partir de eso es que venimos a decir que se está dando una regresión en los derechos humanos y libertades públicas. ¿Adónde vamos a llegar?, ¿dónde están los límites entre la crítica política y lo otro? Los artículos que hoy día están en vigor permiten que cualquier cosa sea delito".

En entrevista, considera que el gobierno español vincula cualquier inconformidad política o social con las acciones de ETA. Tal situación endurece la aplicación de la ley en contra de los vascos: "por ejemplo, cuando alguien quema un cajero automático, la policía desaloja las viviendas de arriba, siempre con el ánimo que pueda haber personas que están en peligro de resultar dañadas o heridas. Estamos viendo que muchas veces no es necesario ese modo de proceder, de sacar a la gente de sus casas. Pero esa medida configura el delito de estragos e implica una pena mayor a los detenidos.

"Con relación a esto quería decir que también es verdad que la mayoría de las detenciones de lo que se denomina 'lucha callejera', se suele detener arbitrariamente a 10 o 15 jóvenes del pueblo que sea y utilizando la presión sicológica y a veces las torturas, incluso físicas, consiguen que los arrestados se inculpen o señalen a otros compañeros, amigos o amigas, porque normalmente no suele haber otro tipo de prueba en esos casos más que la conseguida en el periodo de incomunicación, mismo que ya ha sido denunciado por Amnistía Internacional y el Comité para la Prevención de la Tortura de las Naciones Unidas".

El vasco menciona que el periodo máximo de incomunicación es de cinco días. El artículo 17 de la Constitución de España habla de tres días como plazo, pero el artículo 55 prolonga la misma en casos de terrorismo, precisa.

-¿A partir de qué momento comienza la regresión de los derechos? ¿Desde 1995?

-No, tampoco debemos pensar que el Código Penal anterior a 1995 era una maravilla. El problema es que el Código Penal de 1995 fue aprobado y se llamó Código Penal de la Democracia. Nuestra organización dice que fue mal llamado así, y esto lo decimos porque se redactó basado en golpes mediáticos, de que la prensa publicaba tal cosa de violaciones de mujeres, entonces se redactaban los artículos. Se reunían los ministros y en dos o tres días decidían 10 artículos.

"Pero en la actualidad hay prácticas que elevan las penas carcelarias para los menores de edad que participan en hechos de violencia callejera", explica.

"Ya lo estamos viendo con los cambios que se pretenden introducir tanto en este Código Penal como en la Ley Penal del Menor, publicada el 20 de enero en el Boletín Oficial del Estado español. Por ejemplo, la persona que cometiese cualquier delito tenía una condena de suspensión de la libertad máxima de cinco años, siempre con la opción de que el juez en funciones de los derechos del menor pudiera intervenir aduciéndola o poniendo otro tipo de sanción. Hoy vemos que eso ya se vino abajo y ya estamos hablando de 10 años de prisión, más otros 10 años de seguimiento de tener una persona como tutora.

"Además, no van a ser juzgadas en el lugar donde se cometa el delito, sino que se está pensando que se trasladará el caso a la Audiencia Nacional de Madrid, y en particular en un tribunal de excepción heredero del tribunal de orden público franquista. Luego, en vez de cumplir su pena en el centro penal de menores más cercano a su domicilio, van a ser dispersados por toda la geografía de España, violándose todavía más los derechos del reo, en tanto que estamos hablando de menores de edad".

El gobierno español aplica las penas que tiene contra los etarras a los menores infractores, el mismo rasero para ETA y los jóvenes que participan en la lucha callejera, menciona.

"Ahora lo van a formalizar en la ley, pero esto ya se estaba dando antes. Ahora se habla de Ley Penal del Menor, antes no había, existía una ley muy desigual sobre el menor. En el Código Penal anterior permitía castigar a los 16 años y no a los 18 y esto da lugar a que personas con 17 años que hubiesen cometido supuestamente un acto de violencia callejera tengan una sentencia de 40 años de cárcel".

Espiral de represión

Todo esto, señala, crea un ambiente de persecución contra lo que huela a vasco. "Vemos que se entra en una espiral de represión, tal vez justificada por parte del gobierno español en función de las acciones armadas que ETA lleva a cabo o que otras organizaciones pueden realizar. Entonces vemos que se da esa regresión con una excusa, pero al final es nada más que un pretexto bastante barato, porque lo que se está haciendo es detener políticos, abogados, miembros de organizaciones sociales y trabajadores con el argumento de perseguir a ETA, que es un comodín que es utilizado en función de los intereses del Estado español".

-¿Cuáles son las consecuencias de que en España los vascos sean vistos como terroristas? ¿Cuando viajas a otro sitio del país cómo te miran, cómo te tratan?

-Hay una criminalización de lo vasco, es decir, hoy día, un vasco no puede ir a Andalucía de vacaciones, porque se supone que está buscando un objetivo para ETA. Vemos que en Canarias, por ejemplo, hace poco fueron unos familiares de un refugiado o de un preso y la policía les estuvo siguiendo, incluso en el hotel les pidieron la documentación. Estamos viendo que hay un seguimiento del vasco a todos los sitios. Esa es un poco la situación que vivimos: el no acometer de una vez el problema político de fondo.

-¿Hay alguna propuesta del grupo contra la tortura contra esas medidas que se están tomando?

-Básicamente el grupo contra la tortura lo que tendría como objetivo final es la derogación del régimen de incomunicación. Eso sería nuestro principal pilar o línea de trabajo, denuncia de las torturas, de los testimonios que nos llegan de torturas, de malos tratos, de agresiones, denuncia pública, tanto en el Estado español, en el País Vasco, como en instancias internacionales, pero con el fin de conseguir la derogación de ese régimen de incomunicación que para nosotros es evidente que facilita la tortura y las inculpaciones.

Ť Un informe provisional elaborado por el Grupo contra la Tortura de Euskal Herria contiene los nombres de vascos que fueron entregados por las autoridades mexicanas a la policía española en el curso del año 2000. En México fueron acusados de violar las leyes migratorias, en España de estar vinculados a ETA.

Ť Los detenidos denunciaron actos de tortura en el espacio de incomunicación, previsto en la legislación española.

Ť Los nombres son: Mikel Izpurúa, José Angel Otxoa de Eribe Landa, Josu Gotzon Larrea Elorriaga, Mikel Arrieta Llopis y Leire Martínez Pérez. Al menos dos casos ya fueron presentados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, situación que involucra al gobierno de México.