DOMINGO 10 DE DICIEMBRE DE 2000
Macedo de la Concha en la PGR, la primera incongruencia
Derechos humanos, la promesa incómoda
Desde hace más de 20 años México es receptor cotidiano de recomendaciones internacionales por la violación de derechos humanos, y más recientemente por ejecuciones y torturas cometidas por el Ejército. Una tarea pendiente para la que el nuevo gobierno anunció trabajo sin tregua. Pero como en otros asuntos de la agenda nacional, también en éste el gobierno de Vicente Fox lo mide con dos varas distintas: una, la del discurso salpicado de promesas, y otra la que demuestran los hechos. Esta vez, sin embargo, el reto a enfrentar es mayor, y el riesgo de equivocarse también es más grave
Alberto NAJAR
El presidente Vicente Fox Quesada alzó la voz.
"México no será ya más una referencia de descrédito en materia de derechos humanos -dijo, mientras los diputados panistas empezaban a aplaudir-. Vamos a protegerlos como nunca y a considerar una cultura que repudie cualquier violación y sancione a los culpables".
1o. de diciembre. En su toma de posesión, el primer Presidente no priísta en la historia del país se comprometió a combatir prepotencia y arbitrariedades con toda la fuerza de su gobierno, y también "con la fuerza sencilla del ejemplo".
Al día siguiente, como para reforzar las palabras de la víspera, el presidente firmó con la titular del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Mary Robinson, un acuerdo de cooperación que estaba pendiente desde el sexenio pasado.
"Hay voluntad de cambiar las cosas -dijo Fox, horas después de estampar su firma-, para que represión y violaciones a derechos humanos no estén jamás presentes".
Una semana después, sin embargo, las señales de buena voluntad se torcieron.
A pesar del rechazo de activistas y organismos de derechos humanos, e incluso por encima de la preocupación que Mary Robinson externó por el asunto, los senadores de PAN, PRI y Partido Verde ratificaron el nombramiento del general Rafael Macedo de la Concha como procurador general de la República.
Se consumó, pues, la primera incongruencia del nuevo gobierno: el año pasado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recomendó la desmilitarización de las corporaciones policiacas en nuestro país.
Y antes, en 1997, la misma CIDH emitió una recomendación para que se liberase al general Francisco Gallardo, sujeto a proceso por una supuesta sustracción de haberes militares.
En su momento las propuestas no fueron acatadas, e incluso en el caso del general Gallardo la Procuraduría General de Justicia Militar -a cargo del general Macedo de la Concha- fincó nuevos cargos.
Hoy, con el nombramiento del militar el nuevo gobierno parece inclinarse, también, por la ruta del incumplimiento a las recomendaciones.
Por eso, entre los promotores de derechos humanos la ratificación dejó un mal sabor de boca: en menos de una semana el gobierno foxista pasó del camino de la cooperación y la buena voluntad a transitar por la senda que seguían las administraciones priístas.
"Empezaron por no cumplir -dice la abogada Pilar Noriega-. Lo que se ve hasta ahora es la continuidad de las políticas de (Ernesto) Zedillo".
El director del Centro de Derechos Humanos Miguel
Agustín Pro, Edgar Cortez, advierte que las señales son
preocupantes, porque no se trata de un hecho aislado sino que "se suma
a un proceso y una línea política que se ha venido
implementando" desde gobiernos anteriores.
Y Santiago Corcuera, responsable del área de derechos humanos de la Universidad Iberoamericana, sentencia: "Es una incongruencia que nos hace poner en tela de juicio que su discurso se apegue a la realidad... Me preocupa que por un lado se diga una cosa y por el otro se haga algo distinto".
El problema, añade Corcuera, supera el nombramiento de un militar al frente "de la policía más importante del país", pues pone en duda la capacidad del nuevo gobierno para cumplir la agenda pendiente en materia de derechos humanos... Sobre todo la que sostienen la ONU y la Organización de Estados Americanos (OEA).
Y es que además de las recomendaciones para mitigar los efectos de la pobreza, combatir la prostitución infantil y garantizar seguridad social a toda la población, los planteamientos de estos organismos incluyen la investigación y castigo de ejecuciones, torturas y desapariciones cometidas por elementos del Ejército, así como poner fin a la protección que les brindan las instancias de justicia militar.
Cumplir estos señalamientos, dice Edgar Cortez, equivale a someter "al escrutinio y debate público" a las fuerzas armadas del país, además de someterlas a la jurisdicción de tribunales civiles.
Un trompo que, para ponerlo en términos foxistas, no se sabe si el nuevo gobierno podrá echarse a la uña.
*La ONU nos vigila
Cuando se presentó el llamado gabinete de Orden y Respeto, la nueva embajadora de Derechos Humanos y Democracia, Mariclaire Acosta, se comprometió a poner fin al rezago que en materia de derechos humanos tiene el país, en especial los señalamientos de organismos internacionales.
La tarea no es fácil.
Tan sólo en los últimos tres años el gobierno mexicano recibió observaciones y recomendaciones de 11 organismos distintos de la ONU y la OEA, la mayoría de los cuales, advierte el Centro Miguel Agustín Pro, no se atendieron o se encuentran parcialmente cumplidas.
Entre la lista de pendientes se encuentran las
recomendaciones que formuló en noviembre de 1999 la relatora
especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias,
Asma Jahangir, después de una vista a México.
En su informe la funcionaria destacó que nuestro país requiere tomar medidas preventivas urgentes que reduzcan la violencia y protejan "la vida de civiles inocentes que son víctimas de la policía, las fuerzas armadas, los grupos paramilitares y los grupos armados de la oposición".
La ineficacia de la justicia, señala, "ha permitido que se violen derechos humanos. Su falta de competencia para juzgar a los militares por violar los derechos humanos de los civiles limita la independencia de los tribunales ordinarios".
Asma Jahangir fue especialmente crítica con la actuación de la Procuraduría General de Justicia Militar en el caso de las ejecuciones en el ejido El Charco, en Guerrero, sobre todo por la "subordinación" que el procurador Macedo de la Concha tenía de los mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional.
"Preocupa esta situación", consigna en su informe, porque "unida al problema de las presiones de los colegas y la lealtad profesional mal entendida, vaya en perjuicio de las víctimas civiles y sus familiares".
Así, entre sus recomendaciones Asma Jahangir propone que el gobierno mexicano "logre la desmilitarización de la sociedad y evite delegar en las fuerzas armadas el mantenimiento del orden público o la lucha contra el delito".
También advierte la necesidad de que los tribunales civiles recobren la facultad de juzgar delitos cometidos por militares, sobre todo cuando éstos se encuentren en ejercicio de sus funciones.
Y subraya, ante todo, que el gobierno mexicano tiene "la obligación jurídica de hacer cumplir los tratados y principios internacionales", sobre todo en materia de violaciones a los derechos humanos.
Los planteamientos de la relatora especial siguen a la espera de cumplirse.
Otro paquete de recomendaciones que se mantienen en el limbo es el que formuló el relator especial sobre Tortura de la ONU, Nigel S. Rodley, en 1998.
Al visitar el país el funcionario se encontró con que, contrariamente a los informes oficiales, la tortura y los malos tratos "ocurren con frecuencia en muchas partes de México", que esta práctica es tolerada por los agentes del Ministerio Público y los médicos legistas, y sobre todo que "el personal militar parece gozar de inmunidad frente a la justicia civil y está protegido en general por la justicia militar".
Así, en su informe el relator especial recomendó que "los delitos graves perpetrados por personal militar contra civiles, en particular la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, deben ser conocidos por la justicia civil, con independencia de que hayan ocurrido en actos de servicio".
Pero la lista no termina aquí.
El 24 de agosto del año pasado la Subcomisión para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos de la ONU expresó su preocupación "por la creciente intervención de los militares en la sociedad, especialmente en los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca", y demandó al gobierno que se investiguen "las persistentes alegaciones de tortura, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones".
Asimismo en septiembre de 1998 la CIDH advirtió que el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) -y la ley que lo ampara- "debilita los resguardos institucionales contra la existencia de abusos de autoridad y violaciones de derechos humanos", por lo que recomendó revisar su contenido "con el fin de mantener a las fuerzas armadas en el rol propio para el que fueron creadas".
Al igual que los relatores sobre tortura y ejecuciones extrajudiciales, los enviados de la CIDH encontraron en México un clima de tensión social.
"La aparición de nuevos grupos armados -advierte su informe- ha provocado no sólo el recrudecimiento de prácticas de control por las fuerzas de seguridad, sino además el sometimiento indiscriminado de organizaciones y dirigentes sociales".
También dieron cuenta de las denuncias de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, "ocurridas bajo los rubros de lucha contra la guerrilla, el narcotráfico o la delincuencia común".
La CIDH también recomendó poner fin a "guardias blancas organizados por propietarios de tierras, desarmar a sus miembros, investigar los hechos violatorios y sancionar a quienes resulten responsables de los mismos".
Por si fuera poco, además de las recomendaciones
internacionales, el nuevo gobierno debe aclarar las ejecuciones
cometidas en enero de 1994 durante los enfrentamientos con el EZLN en
Chiapas, así como las que han ocurrido en combates del
Ejército contra integrantes del ERPI en Guerrero.
En Chiapas se documentó la ejecución de 10 civiles que se encontraban en el hospital de Ocosingo, y que fueron enterrados en una fosa común.
De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional, el subteniente Arturo Jiménez Morales, "él solo, sin colaboración ni conocimiento ni de sus superiores ni de sus subordinados, ejecutó, en tres momentos diferentes, a ocho civiles que se encontraban en el hospital".
La versión oficial nunca pudo ser corroborada, porque el subteniente "se suicidó" a los pocos días del incidente. Sin embargo, las investigaciones de Human Rights Watch/Americas y del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas revelan que las ejecuciones no fueron un hecho aislado, sino que formaron parte del operativo aplicado en Ocosingo por el Ejército.
Otro caso similar ocurrió en el Ejido Morelia, en Altamirano, cuando una partida de soldados, después de torturar a los habitantes, detuvo a Severiano y Hermenegildo Santís Gómez, así como a Sebastián Santís López.
Cuatro días después, los campesinos aparecieron muertos a balazos y descuartizados.
Por este caso la CIDH emitió una serie de recomendaciones que nunca fueron acatadas. Una práctica que se volvió común a lo largo de todo el sexenio pasado.
"Siempre decían que los informes eran sesgados, que sólo prestaban oídos a las ONG -denuncia Edgar Cortez, del Centro Pro-. En lugar de cumplir se dedicaron a cabildear en los foros internacionales. Nomás guardaron las apariencias".
ƑCuál va a ser la tónica en el gobierno que apenas se inicia?
"Lo que dijo Fox en su discurso es correcto -dice Cortés-. Pero el parámetro deben ser los hechos concretos, porque discursos hemos oído millones".
Por lo pronto, añade, en el horizonte político se presentan algunas contradicciones, como el nombramiento del titular de la PGR, que se contrapone "frontalmente" con las recomendaciones de la ONU y la OEA.
Las mismas que Mariclaire Acosta dijo que atendería.
*Va de nuez
La pregunta sigue siendo válida: Ƒpodrá con el paquete el gabinetazo?
Algunos activistas, como Santiago Corcuera, dicen que el nuevo gobierno merece el beneficio de la duda, pues a pesar de las contradicciones también existen hechos positivos. Un ejemplo es el repliegue de tropas en Chiapas.
También Mariclaire Acosta dice que sí se puede, y argumenta que el compromiso de Fox con los derechos humanos es explícito, como lo demostró la firma del acuerdo de cooperación con Mary Robinson.
(Sin embargo, según el Centro Pro "la propuesta de la Alta Comisionada es buscar un acuerdo de cooperación técnica amplio, que vaya mucho más allá de lo planteado por el gobierno mexicano". En otras palabras, el acuerdo que firmó el presidente Fox es, a juicio de la representante de la ONU, insuficiente.)
Lo cierto es que la promesa foxista de respetar "como nunca" los derechos humanos, no entusiasma a todos, sobre todo a partir del nombramiento del responsable de la PGR.
Edgar Cortez advierte del riesgo de caer en la tentación "de buscar seguridad al precio que sea, sacrificando incluso la justicia y los derechos humanos, como ocurrió en otros países".
ƑPuede llegar a ese nivel el nuevo gobierno?
Hasta ahora, lo único cierto es que en materia de cumplimiento a compromisos internacionales, el gabinete de Orden y Respeto no es el único que sale raspado.
Hace un año el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU expresó su preocupación por la privatización del régimen de seguridad social, "que podría privar de ciertas prestaciones a quien no pueda hacer aportaciones a una cuenta particular de pensión, como los desempleados, los subempleados, los obreros de más escasos ingresos y quien trabaja en el sector no estructurado".
Paradójicamente, el eje de la propuesta del nuevo secretario de Salud, Julio Frenk, es compartir con la iniciativa privada la responsabilidad de prestar servicios médicos.
El presidente Vicente Fox ha dicho que esto no representa la privatización de la seguridad social del país.
Pero en agosto pasado el guanajuatense aseguró que se desmilitarizaría "gradualmente" a los cuerpos policiacos... Y ahora es un general el responsable de la PGR.
Quién sabe. A lo mejor ésta podría ser otra recomendación que decide no cumplir.
Y la segunda incongruencia de su gobierno.