SABADO 9 DE DICIEMBRE DE 2000

Ť La Cámara de Diputados de Oaxaca aprobó una ley que otorgó el beneficio

Amnistían a 311 zapotecos con presuntos vínculos con el EPR

Ť La decisión de los legisladores no beneficia a los 26 acusados de eperristas presos en Las Palmas

Víctor Ruiz Arrazola, corresponsal, Oaxaca, Oax., 8 de diciembre Ť La Cámara de Diputados de Oaxaca aprobó por unanimidad una ley de amnistía para el estado que beneficiará principalmente a 61 indígenas zapotecos presos y otros 250 que tienen órdenes de aprehensión por sus presuntos vínculos con el Ejército Popular Revolucionario (EPR).

Israel Ochoa Lara, abogado defensor de los zapotecas de la región Loxicha acusados de pertenecer al EPR, señaló que esta ley tiene carácter estatal por lo que no beneficiará a los 26 indígenas acusados de pertenecer al EPR y a los que se les imputan delitos del orden federal, de los cuales nueve se encuentran recluidos en el penal de máxima seguridad La Palma, en el Estado de México. "Sus casos seguirán los cauces jurídicos normales o en su caso esperaremos una amnistía del gobierno federal".

La exposición de motivos de la ley de amnistía aprobada hoy sostiene que a raíz de la aparición violenta del EPR, el 28 de agosto de 1996, en la comunidad Tlaxiaco y posteriormente en La Crucecita, Huatulco; la capital del estado y San Pablo Macuilxóchilt, se emitieron 138 órdenes de aprehensión contra quienes intervinieron en dichos actos violentos.

También reconoce que después del EPR "se manifestaron grupos armados similares convocando a la rebelión que, por su propio dicho, están motivados por las mismas causas de reivindicación social, como son los autodenominados Ejército Revolucionario Popular Independiente (ERPI) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo (FARP)".

A pesar que durante la noche del jueves y madrugada del viernes se reunieron los coordinadores de las fracciones parlamentarias de los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática con el gobernador José Murat para discutir el contenido de la iniciativa de ley, ésta fue entregada formalmente al Congreso a las 12:00 horas de hoy por el procurador de Justicia, Sergio Santibáñez Franco, durante una comparecencia que tuvo ante diputados y tres horas más tarde ya había sido aprobada por el pleno del Congreso en una sesión extraordinaria convocada la misma madrugada.

La iniciativa sostiene que ante tales circunstancias de violencia "y como respuesta al recurrente reclamo de los oaxaqueños para la construcción de la reconciliación, es necesario instituir los medios legales para decretar una amnistía que propicie el retorno de la armonía entre los oaxaqueños quebrantada por los actos ilícitos citados".

El artículo primero de la ley señala que se decreta amnistía "a favor de todas aquellas personas contra quienes se haya ejercitado o pudiere ejercitarse acción penal, ante los tribunales del Poder Judicial del estado por los delitos cometidos con el propósito de alterar la vida institucional y la seguridad interior del Estado y para aquellos individuos que en actuaciones ministeriales se desprenda que el delito que se les imputa se encuentra vinculado con dicho móvil de reivindicación social, a partir del día 28 de agosto de 1996 hasta la fecha de entrada en vigor de la presente ley".

El artículo segundo sostiene que los individuos que "actualmente sustraídos a la acción de la justicia, dentro o fuera del territorio del estado, por los motivos a que se refiere el artículo primero, podrán beneficiarse de la amnistía, condicionada a la entrega de todo tipo de instrumentos, armas, explosivos, u otros objetos empleados en la comisión de los delitos, dentro del plazo de 120 días a partir de la vigencia de esta ley".

La amnistía extingue "las acciones penales y las sanciones impuestas respecto de los delitos que comprende, dejando subsistente la responsabilidad civil y a salvo los derechos de quienes puedan exigirla".

Las personas que se beneficien con la aplicación de esta ley no podrán ser en lo sucesivo aprehendidas, detenidas, procesadas o molestadas de manera alguna, por los ilícitos que comprende esta amnistía, indica el artículo cuarto de la ley. "Asimismo, se guardará la confidencialidad de la identidad de los amnistiados quienes quedarán sin antecedentes penales, respecto de los delitos motivos de esta ley".

Se establece que el gobierno del estado "implementará programas de apoyo, así como proyectos productivos viables y de asistencia técnica para quienes se acojan a esta ley, y para las víctimas de los delitos que son materia de amnistía, dotándolos de instrumentos de labranza, semillas, maquinaria y equipo, a fin de impulsar su desarrollo económico y social".

Podrían salir en el día de Navidad

El abogado defensor de los indígenas loxichas, Ochoa Lara, indicó en tanto que los presos que se beneficiarán con esta ley "podrían salir en libertad para el día de Navidad", debido a que la vigencia de este ordenamiento jurídico iniciará a partir de este fin de semana, cuando se publique en el Diario Oficial del Gobierno del estado.

Posteriormente, establece un término de 15 días para elaborar y aprobar el reglamento que la haga operativa y en ese mismo periodo "se integrará una comisión especial por funcionarios de la Procuraduría General de Justicia del Estado, del Tribunal Superior de Justicia, así como de dos diputados y una representante de organismo civiles de derechos humanos para dar seguimiento a esta amnistía".

Sobre la situación jurídica de los 61 presos que se beneficiarán con esta ley dijo que "diez ya tienen sentencias condenatorias confirmadas por el Tribunal de Apelación, otros diez están pendientes de que se agote el recurso de apelación y 41 aún están sujetos a proceso penal".

Detalló que sólo uno está sentenciado a dos años de prisión por portación de arma de fuego, mientras que otros dos andan libres bajo fianza, pero cuyo proceso aún no termina, porque el juez ordenó la reposición del procedimiento.

Aclaró que "los otros 26 tienen procesos en el fuero común, varios de ellos dos o tres, como el ex presidente municipal de San Agustín Loxicha, Agustín Luna Valencia".

Sobre las 250 órdenes de aprehensión que la procuraduría de Justicia tiene pendientes de ejecutar, el abogado manifestó que la misma ley establece que éstas se tienen que cancelar, "lo cual implicaría un beneficio para un buen número de personas que andan sustraídas de la acción de la justicia".

Por otra parte dijo que desde el mes de septiembre de 1996, cuando iniciaron las detenciones de indígenas zapotecas en la Sierra Sur de Oaxaca, han sido detenidas 141 personas al vinculárseles con este grupo armado. Hasta el momento 54 han sido liberadas por jueces federales por falta de elementos para procesarlos.