SABADO 9 DE DICIEMBRE DE 2000

Ť Ana María Aragonés Ť

ƑPremios y castigos para los migrantes?

El ahora canciller Jorge G. Castañeda, en una entrevista para La Jornada (28 de noviembre), señalaba que "si México quiere un nuevo acuerdo migratorio con Estados Unidos, tendrá a cambio que ser policía de la frontera común". Y señalaba que los mecanismos más eficaces para frenar los flujos migratorios van a ser "los del mercado y no los coercitivos, es decir, premios para los que se quedan y castigos para los que se van".

Si el gobierno del presidente Fox, realmente quiere frenar los flujos migratorios, no puede hablar ni de policías ni de premios y castigos. Y no se trata de cuestiones semánticas. Existe sí, la satisfacción de las más elementales necesidades y beneficios sociales, la posibilidad de una vida digna y protegida para los trabajadores, y por lo tanto no hay premios sino el cumplimiento estricto de los compromisos de un gobierno que se llame democrático y comprometido con la población. Como tampoco puede hablarse de castigos para los que se van, pues corremos el riesgo de que el gobierno "suponga" que, si satisface esas condiciones de vida, y por lo tanto el trabajador que migra lo tendrá que hacer, como hasta ahora, por su cuenta y riesgo. En honor a la verdad todavía no conozco a ninguno que haya dejado en México la bonanza para irse a sufrir a Estados Unidos. Pero, aun suponiendo que se diera esta situación, no tendría por qué "castigársele".

El presidente Vicente Fox tenía razón cuando planteaba, antes de su toma de posesión, que se debían cambiar radicalmente los términos del debate sobre la migración y "desarrollar una visión de la integración de América del Norte, que incluya la eventual abolición de sus fronteras comunes como parte de una solución de largo plazo a los problemas migratorios". Pero esto no sucederá en tanto nos mantengamos como un país reservorio de fuerza de trabajo barata, con nulo poder de negociación y sin ninguna estrategia para cambiar las precarias condiciones en la que viven los trabajadores mexicanos en ambos lados de la frontera.

Si el objetivo es revertir nuestra tendencia histórica, la política migratoria forzosamente deberá estar vinculada a un conjunto de objetivos económicos y sociales. Parece una verdad de Perogrullo, pero no puede dejar de enfatizarse que sólo se puede cambiar nuestra característica de país expulsor si somos capaces de absorber a la población trabajadora ofreciéndole la posibilidad de una vida digna como producto de su trabajo. Resultaría no sólo ineficaz, sino demagógico, mantener una estrategia económica que castigue los salarios y favorezca la regresión del ingreso, y hablar al mismo tiempo de que estamos en la mejor disposición de frenar los flujos migratorios.

Sin embargo, en el corto plazo las condiciones actuales del mercado estadunidense nos permitirían actuar en otro frente. De acuerdo con D. Papademetriou, la política social se ha enmarcado en lo que denomina "política de comida barata", y para continuar exitosamente con ella se requiere sin duda del concurso de los migrantes mexicanos. Este es el momento de evitar que la atracción ejercida por la economía estadunidense produzca los flujos migratorios correspondientes, pero abandonados a las terribles fuerza del mercado, sin ninguna protección.

La triste experiencia del Programa Bracero anterior no debería impedirnos discutir, sobre nuevas bases, y con el concurso de los propios trabajadores, la posibilidad de un nuevo acuerdo migratorio que fijara claramente los compromisos y obligaciones para ambos países, y así evitar que los trabajadores mexicanos sean considerados "de segunda".

Esto limitaría enormemente la actuación de las mafias, pero lo más importante es que sería la manera de poner un freno a las muertes de nuestros connacionales en la frontera que, parafraseando a Sami Nair, "no es un drama, sino un pequeño holocausto".