VIERNES 8 DE DICIEMBRE DE 2000
Ť Rechazan recomendaciones, acusa la CDHV
Los ediles panistas de Córdoba y Orizaba contra derechos humanos
Ť Su actitud origina que la policía municipal siga abusando, dice
Guadalupe López Espinosa, corresponsal, Jalapa, Ver., 7 de diciembre Ť Los presidentes municipales de Córdoba y Orizaba, los panistas Armando Croda de la Vequia y Angel Escudero Standelman, respectivamente, se caracterizan por no aceptar las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos de Veracruz (CDHV) respecto a abusos y atropellos cometidos contra ciudadanos por parte de la policía municipal.
El primer edil rechazó siete y tiene pendiente de contestar otras cuatro, mientras que el de Orizaba tiene tres, dijo la presidenta del organismo Margarita Herrera Ortiz, quien rindió su último informe de actividades en presencia del gobernador Miguel Alemán Velasco.
Añadió que también han rechazado las recomendaciones los ediles de Catemaco (tres) y los de Tlacotalpan, Citlaltépetl y Tlapacoyan, una cada uno, todos de extracción partidista distinta.
-Con su actitud no toman en cuenta los derechos humanos, aunque esto nada tienen que ver con su origen partidista. Aquí lo único que podemos decir es que no habiendo contestado las negativas con algún argumento jurídico, ni lógico, ni ético, cada uno de ellos se están descalificando, dijo.
Respecto de los panistas, dijo que cuando se les envía una recomendación se enojan y sistemáticamente se niegan a analizarlas, lo que da lugar a que la policía municipal siga cometiendo más arbitrariedades al no ser sancionada.
Herrera Ortiz indicó que este último año la CDHV recibió mil 262 quejas por violación a los derechos humanos por parte de autoridades estatales y emitió 141 recomendaciones, de las cuales 66 fueron para presidentes municipales, 34 para la dirección general de Seguridad Pública, 17 a la procuraduría de Justicia del estado, nueve a la dirección de Prevención y Readaptación Social, seis a ayuntamientos, cinco a la secretaría de Educación y Cultura y cuatro a la dirección general de Tránsito y Transporte.
De las recomendaciones y conciliaciones que se emitieron a diversas autoridades estatales en este mismo periodo, 750 servidores públicos fueron sancionados, se integraron 29 averiguaciones previas, fueron preliberados 106 internos y ejecutadas 10 órdenes de aprehensión.