VIERNES 8 DE DICIEMBRE DE 2000
Ť Atentan contra el Consejo de Defensa del Estado
Hasta el lunes, el veredicto sobre el amparo de Pinochet
Enrique Gutiérrez Aicardi, corresponsal, y agencias, Santiago, 7 de diciembre Ť Para el próximo lunes quedó aplazado el veredicto sobre el recurso de amparo con el cual la defensa busca anular el proceso contra Augusto Pinochet, ordenado por el juez Juan Guzmán Tapia por su presunta implicación en los crímenes de la caravana de la muerte.
En paralelo, este día un grupo de cinco encapuchados lanzó una serie de bombas incendiarias contra la fachada del Consejo de Defensa del Estado (CDE), que funge como uno de los querellantes contra el ex dictador y cuya titular, Clara Szczaranski, ha recibido fuertes críticas de la derecha política opositora.
Sólo uno de los vidrios de la entrada sufrió roturas y los atacantes, que se desplazaban en un automóvil, lograron huir rápidamente del lugar.
La policía dijo haber comenzado las investigaciones para dar con los culpables, de quienes sospecha habrían salido de dependencias de la Universidad de Arcis, ubicada a un costado del CDE.
Szczaranski, quien había recibido muestras de solidaridad del juez Juan Guzmán y que le costaron a éste una sanción disciplinaria de la Corte Suprema de Justicia, anunció que presentará acciones legales contra quienes resulten responsables del atentado, ocurrido en el centro de la capital y en pleno mediodía.
Durante los alegatos de este día, el abogado defensor Pablo Rodríguez Grez --ex líder del movimiento fascista Patria y Libertad, de gran actividad terrorista durante el gobierno de Salvador Allende-- sustentó sus argumentación en descalificar la validez del procesamiento ordenado el viernes pasado por el juez Guzmán, sobre la base de que se trata de una decisión ilegal y arbitraria ya que su cliente no fue interrogado por una "declaración indagatoria".
Insistió en que no había un proceso debido y aseveró que la declaración indagatoria fue suspendida por el propio juez el pasado 25 de septiembre, cuando dio espacio para que se realizaran los exámenes médicos obligatorios que marca la ley para los imputados mayores de 70 años.
Los abogados de la parte acusadora centraron sus alegatos en que el procesamiento dictado por el magistrado contra el desaforado senador vitalicio se ajustó a la Constitución y a las leyes chilenas, por lo que a su vez exigieron se desestime el recurso de amparo al considerar que "carece de todo fundamento".
El jurista Hugo Gutiérrez asentó que la supuesta inocencia que argumenta la defensa no puede discutirse en esta instancia sino en pleno proceso, y la abogada Carmen Hertz recordó que la "declaración indagatoria" se concretó el 4 de octubre de 1999 en Londres, cuando fue exhortado a decir la verdad y él se comprometió a esclarecer los hechos acontecidos durante su dictadura de 16 años y medio.
"El fallo quedó en acuerdo (postergado)", para ser estudiado, y posiblemente sea votado el próximo lunes, indicó Carmen Carvajal, quien es uno de los tres ministros que emitirán el fallo.
Por su parte, el presidente Ricardo Lagos negó que su decisión de convocar próximamente al Consejo de Seguridad Nacional, para abordar el asunto de las acusaciones contra Pinochet, pueda ser considerado como un acto de presión hacia los tribunales de justicia o se interprete como haber cedido ante los militares.
Al rechazar críticas de Amnistía Internacional, asentó que su decisión estaba muy clara cuando dijo que sólo lo convocará una vez que los tribunales den su fallo, y agregó que de haber mediado algún tipo de presión castrense no lo hubiera citado.
Del mismo modo el líder del Partido Demócrata Cristiano, Ricardo Hormazábal, comentó que no se justifica el llamado de Amnistía Internacional ya que se ha actuado en forma digna y el presidente Lagos ha mostrado "fuerza y liderazgo".
Mientras, hoy se fincó la querella número 189 contra Augusto Pinochet por el asesinato del periodista estadunidense Charles Horman, ocurrido el 17 de septiembre de 1973, crimen que inspiró la película Missing del cineasta griego Costa Gavras.
La demanda la impulsan Joyce Horman, viuda del corresponsal en Chile durante el gobierno de Allende, y los abogados Fabiola Letelier y Sergio Corbalán.