VIERNES 8 DE DICIEMBRE DE 2000
Ť De diez recomendaciones enviadas, ningún soldado u oficial fue enjuiciado, dice
La procuraduría castrense ignoró a CNDH: Centro Pro
Triunfo Elizalde Ť De diez recomendaciones que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) le dirigió al procurador de Justicia Militar, Rafael Macedo de la Concha, entre 1993 y 2000, ''ni un solo soldado u oficial acusado de tortura ha sido detenido o enjuiciado por su crimen'', señaló el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.
El organismo agrega que la administración de Macedo como procurador castrense ''se caracterizó por omitir la investigación de violaciones a los derechos humanos cometidas por miembros del Ejército en contra de civiles''. Añade que, históricamente, ''en nuestro país se ha demostrado que la intervención de militares en los espacios civiles no resuelve las situaciones que tratan de justificar su participación'' en ese ámbito.
Igualmente, dijo el Centro Pro, es necesario invocar las numerosas recomendaciones emitidas por distintos órganos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ''diversos relatores especiales de Naciones Unidas, y reiterar que éstas han sido desoídas'', por lo que preocupa que con el nombramiento de Macedo de la Concha el gobierno mexicano continúe incumpliendo las recomendaciones que le han sido formuladas.
En su análisis, la ONG hace notar que de las 11 recomendaciones dirigidas a Macedo de la Concha, cinco de ellas relacionadas con hechos de tortura, ''fueron catalogadas como totalmente cumplidas, a pesar de que ningún miembro del Ejército fue detenido o enjuiciado''. Agrega que pareciera que la Procuraduría de Justicia Militar está satisfecha con la mera apertura de las averiguaciones previas, investigaciones o con la emisión de una orden de aprehensión, a pesar de que al hacerlo no necesariamente se ejerce acción penal.
Por otra parte, afirma que ''el fuero militar se ha convertido en un obstáculo para que se realicen investigaciones veraces, procesos judiciales y sanciones en contra de militares que han cometido violaciones a los derechos humanos, y esto debido a que es la propia institución castrense quien investiga, juzga y decide sobre la inocencia o culpabilidad de sus elementos, por lo que no existe un órgano independiente e imparcial que realice estas tareas, permitiendo a los responsables escapar de la justicia''.
Apunta que los datos de la CNDH respecto al cumplimiento de sus recomendaciones, ''dan la apariencia de haber ejercido justicia dentro del Ejército, a pesar de que las autoridades militares no investigan enérgicamente ni enjuician a los violadores de derechos humanos''. Las estadísticas de la CNDH ''tampoco revelan el número de denuncias recibidas sobre las violaciones cometidas por el Ejército''. De 1990 a 1998, la CNDH recibió 908 denuncias sobre violaciones a derechos humanos cometidas por las fuerzas armadas, y sólo emitió 19 recomendaciones, concluye.