JUEVES 7 DE DICIEMBRE DE 2000
Ť Fueron expulsados de por vida, después de realizar una visita a Taniperla
Parlamentarios de Italia solicitan a Fox anular sanciones contra 43 observadores
Ť El director general de Gobierno de la SG, Sergio Orozco, dictó la orden contra los extranjeros
Ť La aplicación del 33 constitucional es facultad exclusiva del Presidente de la República, señalan
Jesús Ramírez Cuevas Ť En una carta dirigida al presidente Vicente Fox Quesada y al secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda, un grupo de parlamentarios y representantes de varios municipios italianos solicitó la anulación de las sanciones que pesan contra 43 ciudadanos de ese país que fueron expulsados de México en mayo de 1998, después de haber visitado la comunidad Taniperla, en Chiapas.
Ayer al mediodía, una comisión de ciudadanos de la Asociación Ya Basta y políticos italianos -los mismos que hace días entregaron en La Realidad, Chiapas, una turbina para electrificar ese pueblo zapatista- se presentó en las puertas de Palacio Nacional para entregar al titular del Ejecutivo federal un documento firmado por 27 legisladores y 10 representantes municipales de Italia, en la que solicitan el retiro de las expulsiones de por vida que pesan sobre 43 observadores de su país.
Las fronteras no son barreras
Los diputados y senadores de los partidos Refundación Comunista, Los Verdes y Democracia de Izquierda -apoyados por cientos de firmas más- explican a Fox Quesada en su carta que los italianos fueron expulsados por el gobierno mexicano "por haber ido a visitar, a conocer e intercambiar con otros ciudadanos de este planeta en la comunidad de Taniperla, en Chiapas, en donde vivían una situación dramática".
Ahí, continúa el documento, encontraron "mujeres indígenas con sus hijos, encerradas en sus casas por la presencia de los cuerpos paramilitares".
"La única culpa de los observadores -señala la misiva que fue recibida por la Coordinación de Atención Ciudadana de la Presidencia- fue interesarse por la situación chiapaneca."
Los legisladores europeos consideran que "en un mundo globalizado, de libre circulación de los productos comerciales, hay que garantizar ante todo el derecho al libre tránsito, el derecho de moverse sobre el territorio, para conocerse y cooperar. Las fronteras no pueden volverse barreras imposibles de atravesar, protegidas por alambres y controles de identidad, como si fueran puertas de hierro cerradas para esconder algo incómodo".
"Todos somos ciudadanos de este planeta, en el cual los derechos fundamentales de cada ser humano deben ser reconocidos. Por eso pedimos el retiro de las expulsiones para los 43 italianos y la garantía de la libre circulación para todos aquellos que llegan a México."
Entre los diputados, senadores y representantes municipales italianos están Fausto Bertinotti, dirigente de PRC; Edo Rossi; Giorgio Malentacchi; Walter De Cesaris; Tiziana Valpiana; Nichi Vendola; María Lenti; María Celeste Nardini; Franco Giordano; Ramón Mantovani; Ugo Boghetta; Franco Bonato; Luca Cangemi; Giuliano Pisapia; Giovanni Russo Spena; Fausto Co; Aurelio Crippa; Paolo Cento; Giorgio Gardiol; Mauro Paissan; Stefano Semenzato; Luigi Manconi; Fiorello Cortiana y Paolo Galletti. También firman los diputados europeos Luigi Vinci, Giuseppe dui Lello y Luisa Margantini.
Entre los firmantes de la misiva están Gianfranco Bettin, vicealcalde de Venecia; Giuseppe Caccia; Luana Zanell; Bergantín Sandro; Mara Rumiz; Massimo Cacciari, consejero de la región de Beneto; Alfio Nicotra, de Arezzo; Sandro Targetti, de Florencia; de Roma y de la región Emilai Romagna.
Zedillo aseguró ante el juez que él no ordenó la expulsión
En mayo de 1998, 123 italianos realizaron labores de observación en Chiapas. El gobierno mexicano, aplicando el artículo 33 constitucional, ordenó la expulsión de 43 de ellos del país, con el argumento de que no tenían autorización para visitar el ejido Taniperla.
El director general de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, Sergio Orozco, dictó la orden. Pero 23 italianos afectados se ampararon ante el juez tercero de distrito en materia penal, quien les concedió el recurso judicial contra la resolución oficial. Gobernación se inconformó, pero el tercer tribunal colegiado confirmó la decisión del juez al considerar que la expulsión "carecía de fundamentación y motivación".
Sin embargo, la Secretaría de Gobernación dictó una nueva orden de expulsión el 24 de septiembre de 1999. Los afectados apelaron ante el juez. Actualmente el tercer tribunal colegiado en materia penal revisa el caso y no ha emitido ninguna resolución al respecto.
En el juicio, los abogados han demostrado las incongruencias del caso. La aplicación del artículo 33 constitucional es facultad exclusiva del Presidente de la República.
En el proceso judicial, el presidente Ernesto Zedillo negó ante el juez haber emitido la orden de expulsión y señaló -por medio de un escrito- que él no dio ninguna orden para que el funcionario de Gobernación expulsara a nadie.
Por ello, los legisladores y políticos italianos solicitan a Vicente Fox, con fundamento en los artículos 8 y 33 constitucionales, "que como Presidente de la República ordene dejar sin efecto la expulsión en cumplimiento del amparo dictado por el juez y el tribunal colegiado".
"Consideramos que la expulsión viola la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 22.9, el cual establece la prohibición expresa de las expulsiones colectivas de extranjeros, como ocurrió en este caso."
En su carta, los italianos conminan a Fox a "que se termine este asunto que a nadie favorece y en cambio demerita la imagen del gobierno mexicano en el ámbito internacional al expulsar de por vida a los observadores internacionales de derechos humanos sólo por ir a Chiapas".