JUEVES 7 DE DICIEMBRE DE 2000

Ť Promete que no habrá persecución de disidentes

Aguilar Zinser anuncia que se redefinirá la seguridad nacional

Ť En cien días habría una iniciativa de ley en la materia, adelanta

Ť Limitaría atributos del Ejecutivo; el Congreso, corresponsable

Jesús Aranda Ť En el gobierno de Vicente Fox la seguridad nacional dejará de ser "discrecional", no se usará para "espiar" a adversarios políticos y quedará atrás el uso que le dieron los regímenes priístas, que equipararon "la seguridad nacional a la del régimen", afirmó Adolfo Aguilar Zinser.

En entrevista con La Jornada, el asesor de seguridad nacional del presidente Vicente Fox adelantó que tiene el compromiso de elaborar, en los próximos cien días, un proyecto de ley de seguridad nacional que controle la acción del Ejecutivo en ese campo, y, además, hacer "corresponsable" al Congreso en esta materia. También informó que se evaluará el Cisen y la conveniencia de se cuente con un catálogo nacional de zonas de riesgo.

Precisó lo que significa para la administración de Vicente Fox el concepto de seguridad nacional: "la seguridad colectiva de los mexicanos en su territorio y en relación con las instituciones que les sirven y los gobiernan"; es decir, no se trata de la seguridad del régimen político, sino la del conjunto de la nación, lo que va desde la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, hasta el problema del Popocatépetl, la deforestación, la escasez del agua y la estabilidad financiera.

Postura ante la guerrilla

Dijo que el conflicto en Chiapas es un asunto de seguridad nacional "porque tenemos la obligación con la ciudadanía de alcanzar la paz con ese movimiento", pero rechazó que la aparición de nuevos grupos armados, como las FARP, constituya, necesariamente, un problema de esta índole.

"Un levantamiento armado en una zona aislada del país no debe ser levantado al rango de seguridad nacional, porque puede ser atendido como un caso de seguridad social, de atención a la pobreza, un asunto de comunicación política, de capacidad de diálogo con esos grupos. Dentro de una estrategia de seguridad nacional puede haber todos estos elementos, pero probablemente se pueda hacer frente a un problema de inconformidad violenta con una actitud nueva y distinta, democrática y participativa.

"Yo, como consejero, seré muy cauto en considerar las muestras de inconformidad como problemas de seguridad nacional. En cambio, cuando se trate de un levantamiento armado que afecte de manera general a la población, entonces sí estaremos en un escenario de seguridad nacional. Pero hay que ser cautos, no hay que caer en los mismos criterios de que cualquiera que se opone al gobierno es, por definición, potencialmente un terrorista", sostuvo.

Aguilar Zinser -cuyo cargo podría formalizarse hoy mismo, mediante el acuerdo presidencial correspondiente- precisó que la iniciativa de ley de seguridad nacional delimitará las facultades del Ejecutivo, del Congreso y de los órganos de inteligencia del Estado.

Dejó en claro que la información que generen los servicios de inteligencia del Ejército y de la Armada será entregada exclusivamente al presidente Fox.

Rechazó que se vaya a convertir en un "supersecretario", porque "no tendré funciones operativas", y porque una vez que establezca la estrategia para atender determinados asuntos y que el Presidente "la haga suya", entonces quien dará las órdenes y las directrices será el jefe del Ejecutivo. Consideró que no deberá haber ninguna fricción con secretarías de Estado, "porque mi trabajo será ayudar a los secretarios en problemas concretos que tengan el carácter nacional".

Adelantó que su labor será la de ubicar "los focos rojos" en materia de seguridad nacional, pero que también dará seguimiento a las directrices que adopten, en su momento, tanto el Presidente como el gabinete de seguridad nacional en su conjunto, del cual será secretario técnico.

En lo que se refiere a la ley de seguridad nacional, Aguilar Zinser señaló que el proyecto correspondiente pretende "transparentar y controlar la labor del Ejecutivo en la materia: se limitará el poder presidencial al establecer bajo qué condiciones el Ejecutivo puede ordenar tareas de seguridad nacional -como sería el espionaje telefónico-, pero también para que órganos como el Cisen actúen conforme a la ley, rindan cuentas y que todo ello se traduzca en un sistema eficaz y que cuente con los instrumentos necesarios para defender al país en caso necesario, pero que también responda rápidamente a situaciones de crisis internas, como serían inundaciones, el problema del agua, capacitación de respuesta de los organismos de seguridad civil, deforestación, terremotos y otro tipo de catástrofes naturales".

Señaló que la intención es realizar labores de prevención en zonas de alto riesgo con base en la información disponible, a efecto de evitar, en lo posible, desastres naturales, o bien actuar de inmediato en el apoyo a la población damnificada.

Con relación al Cisen planteó que se establecerá una comisión formada por el secretario de Gobernación -quien será el coordinador-, el procurador general de la República, el secretario de Seguridad Pública y el consejero de Seguridad Nacional, la cual evaluará la operación de este organismo. Además examinará "qué tanto de lo que hace el Cisen le sirve a la seguridad nacional y qué tanto le servía a un régimen que ya se terminó".

Nosotros, subrayó, no queremos ni debemos, por ningún motivo, darle el mismo uso que le dio al Cisen la administración anterior, cuando éste no estaba dirigido a satisfacer requerimientos de seguridad nacional.

Precisamente, dijo, ahora se trata de transparentar la información, pero regulándola de tal modo que se establezca quién y cómo se tendrá acceso a información "sensible" para la seguridad nacional; quién podrá declarar y bajo qué circunstancias y cuáles serán las sanciones legales para aquellos que violen la privacidad o confidencialidad de documentos o informaciones en el ejercicio de sus facultades o funciones políticas. La idea, subrayó, es que el Congreso se haga "corresponsable" también de velar por la confidencialidad de los actos de seguridad nacional que se lleven a cabo; también se contempla que los legisladores puedan llamar a comparecer al consejero en Seguridad Nacional cuando así lo consideren necesario.

Por otra parte, aseguró que la oficina a su cargo contará con muy poco personal de apoyo técnico y profesional, y que el suministro de la información que procesará y servirá al Presidente vendrá de "los propios órganos de inteligencia del Estado", de organismos como el INEGI y el Cenapred, de los medios de comunicación y de la propia sociedad.