JUEVES 7 DE DICIEMBRE DE 2000
Ť Jesús Martínez Saldaña y Nayamín Martínez Cossío Ť
Políticas migratorias: retos y promesas
Vicente Fox ha prometido que su administración dará prioridad a la relación con los millones de mexicanos que han emigrado a Estados Unidos. De concretarse, el nuevo gobierno estaría haciendo algo que los gobernantes priístas nunca quisieron hacer.
El interés por los migrantes se refleja en la designación del titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores y en la creación de una oficina especial dentro de la Presidencia para atender asuntos migratorios.
Además, se ha nombrado un zar para la región fronteriza que atenderá el flujo de trabajadores.
Sin duda son pasos que deben ser valorados aun por quienes hemos criticado al gobierno mexicano por subordinar los derechos de los migrantes a los intereses de la clase política y a proyectos como el TLC. Tan criticable como esto fue la relación selectiva que los gobiernos de Salinas y Zedillo sostuvieron con personas y organizaciones que apoyaban sus programas ignorando a la gran mayoría de los mexicanos que se encuentran fuera del país.
La población migrante es un grupo social que se distingue porque ni siquiera tiene acceso a los derechos básicos que todo régimen democrático garantiza a sus ciudadanos, como es el de votar y ser votado. Por ello se debe concluir la tarea comenzada con las reformas electorales de 1996 para que el mayor número de migrantes participe en las elecciones presidenciales. Ya no hay excusas para posponer el voto migrante ni necesidad de aceptar una reforma anémica que permita el voto a una reducida proporción del electorado potencial. Según un estudio que mandó hacer el Instituto Federal Electoral, el pasado 2 de julio había 10 millones 887 mil personas en el exterior elegibles para votar.
Asimismo, los migrantes necesitan ser representados en el Congreso de la Unión, así como en las legislaturas locales con altas tasas de migración internacional.
El sufragio extraterritorial y la creación de circunscripciones especiales para la representación legislativa de los mexicanos en el exterior deben dejar de ser vistas como ideas descabelladas de un puñado de activistas migrantes y verse como lo que son: prácticas inherentes a los gobiernos modernos que se precien de ser democráticos.
Además del derecho de votar y ser electos, es necesario crear espacios y mecanismos de participación institucionalizada de esta población para la toma de decisiones gubernamentales. Quienes cruzan la frontera son seres humanos con la capacidad de entender su realidad individual y colectiva, pero a la fecha no hay manera de trasmitir y hacer efectiva su opinión y conocimiento.
Los migrantes cuentan además con una rica tradición de organización y participación en ambos lados de la frontera. En Estados Unidos han tenido destacados logros en la academia, la organización comunitaria, procesos electorales, desarrollo de pequeñas y medianas empresas y en la organización sindical. Este potencial ha sido desaprovechado por los gobernantes que ni siquiera se han imaginado la posibilidad de tener a un migrante como cónsul en Los Angeles o en otra ciudad con alto número de mexicanos.
ƑCómo institucionalizar la participación de los migrantes en la toma de decisiones? En primer lugar habría que invertir tiempo y recursos en campañas de información sobre sus derechos en Estados Unidos y México, así como para capacitarla a fin de hacer efectivo su potencial organizativo y político.
No hay mejor ciudadano que el bien informado y capacitado para ejercer sus derechos.
En segundo lugar, el nuevo gobierno debe abstenerse de desarrollar relaciones con un pequeño grupo de supuestos interlocutores de la comunidad migrante. Sería un grave error repetir la costumbre priísta.
Ya es hora de que la designación de cónsules, la evaluación de proyectos como el Programa Paisano y el diseño de reformas electorales, entre otros asuntos, sean discutidos y resueltos sin la participación ciudadana. Los foros públicos y las consultas son dos de los muchos posibles mecanismos para promover la participación de la población en el exterior.
Después de décadas de irresponsabilidad oficial en el área de migración, el nuevo gobierno merece la oportunidad de demostrar que puede mejorar la relación con el México de afuera. Si bien hay posibilidades de logros importantes, hay que destacar que las reformas migratorias del gobierno de Fox son parte de un programa de gobierno ideológicamente conservador.
Será muy interesante ver el trabajo del nuevo gobierno, así como los esfuerzos de los mexicanos en el exterior para influir en el sistema político nacional después de la era priísta.
Ť Jesús Martínez es activista migrante y profesor de Estudios Chicanos y Latinoamericanos en la Universidad Estatal de California, en Fresno. Nayamín Martínez es socióloga política egresada del Instituto Mora.