Ť Demanda informar
Exige Greenpeace ley sobre productos transgénicos
Matilde Pérez U. Ť Con el argumento de que "los consumidores tenemos derecho a demandar información", la organización ecologista Greenpeace mostró la cara transgénica de productos elaborados por empresas como Nestlé, Maseca, Minsa, Bimbo, Anderson Clayton, Del Monte, Procter and Gamble, Gamesa, Danone, Maizoro, Grupo Modelo y Cervecería Cuauhtémoc, entre 70 industrias y cadenas comerciales que procesan alimentos.
Alejandro Calvillo, director de la organización, insistió en la urgencia de que el Congreso de la Unión elabore una ley para obligar a las empresas a etiquetar los productos transgénicos. "Es indignante que industrias de otras partes del mundo se preocupen por la salud de sus consumidores y se comprometan a no utilizar los transgénicos ?organismos vivos genéticamente modificados?, mientras que en México ni siquiera informan si utilizan ingredientes modificados".
Puntualizó que la lista de casi 70 empresas que dio a conocer ayer Greenpeace se deriva de "declaraciones escritas proporcionadas por las industrias procesadoras de alimentos; no se basa en pruebas de laboratorio ni tampoco incluye todos los productos a la venta en el país".
En la lista de la organización también se incluye a los llamados productos de "marca libre" de las cadenas comerciales como Aurrerá, Comercial Mexicana, Nutrisa, Superama y Wall Mart.
Calvillo aceptó que todavía no existen pruebas científicas de que los productos transgénicos afecten la salud humana, ya que tendría que ser resultado de una larga investigación y tener un seguimiento puntual de los individuos.
Por lo pronto, dijo, hay un grupo de 570 tortillerías que garantizan un producto libre de transgénicos, ello resultado de un acuerdo con la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras del sector social, molineros y tortilleros de la ciudad de México.
El director de la Asociación Mexicana de Estudios para la Defensa del Consumidor, Arturo Lomelí, comentó que el movimiento internacional de consumidores exige que todos los países adopten una norma obligatoria para el etiquetado de alimentos transgénicos, ya que ello significa el reconocimiento al derecho a la información y el derecho a elegir.