MIERCOLES 6 DE DICIEMBRE DE 2000
Ť La excusa que piden dé un magistrado, decisión personal, indica
Desecha tribunal electoral impugnación del PRI en Jalisco
Cayetano Frías Frías, corresponsal, Guadalajara, Jal., 5 de diciembre Ť Después de tres horas de discusión, el pleno del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado (TEPJE) aprobó desechar la solicitud que presentó el PRI para que el magistrado Abraham Castellanos Morfín fuera recusado y no conociera de la impugnación a la elección de gobernador del 12 de noviembre que interpuso el Revolucionario Institucional.
La presidenta del organismo, Felícitas Velázquez Serrano, precisó que ella y sus compañeros no discutieron de fondo la demanda de los priístas porque no está contemplado en la Ley Electoral del Estado la recusación -el que un magistrado sea declarado incompetente para tratar una impugnación-, y por eso determinaron rechazarla.
La presidenta del TEPJE añadió que éste enviaría hoy un escrito al PRI para informarle sobre la decisión, y señalarle que respecto a la solicitud que le hicieron al magistrado Castellanos Morfín, de excusarse, está supeditada a una decisión personal del mismo.
Durante la sesión, Castellanos Morfín consideró no tener ningún impedimento para conocer de la impugnación, que está en su etapa inicial y puede ser resuelta a más tardar el 31 de enero.
Este lunes, Ramiro Hernández García, dirigente estatal del PRI, anunció que su partido solicitó que Castellanos Morfín se excusara o fuera recusado para que no conociera de la impugnación que hizo el tricolor a la elección de gobernador, y sostuvo que el 16 de noviembre se publicaron declaraciones en las cuales el magistrado desvirtuó los reclamos de los militantes priístas.
Durante la sesión, Castellanos Morfín se dijo capaz de conocer del caso, argumentando que sus declaraciones se refirieron "exclusivamente" al cómputo de las elecciones municipales, y distribuyó entre sus diez compañeros magistrados una copia de la transcripción de sus dichos originales, que presentó un diario local.
La mayoría de los magistrados respaldaron a Castellanos Morfín y solamente Carlos González Durán consideró que su compañero impugnado debería de excusarse, pues a su ver, las declaraciones sí implicaban "una postura que se salía de las normas que debe observar un juzgador".
A su vez, la magistrada Verónica Martínez Espinoza, cuya confirmación del triunfo del PAN en Puerto Vallarta cuestionaron ayer los priístas, dijo que ignoraría cuanto se dijese a través de los medios de comunicación sobre su desempeño, y preferir que todo comentario al respecto "me los externen en mi presencia".
Disputa territorial con Colima
Clemente Valdéz Sánchez, representante legal del gobierno de Jalisco, informó que la administración estatal considera que el ministro instructor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Juan Díaz Romero, realizó una diligencia en forma parcial y que favorece al estado de Colima dentro del juicio que se sigue a una controversia constitucional por límites territoriales que sostienen ambas entidades.
La controversia que analiza la SCJN comprende la disputa de los predios La Culebra, Peña Blanca, Peña Colorada y la zona del Volcán de Fuego, con una extensión territorial total de 40 mil 680 hectáreas, que reclama Jalisco pero Colima tiene en su poder.
Acompañado del secretario general de Gobierno, Felipe de Jesús Preciado Coronado, el representante legal refirió que el ministro Díaz Romero ordenó el 18 de agosto que se realizaran dos estudios preliminares en la zona del conflicto, pero uno de ellos, referido a una inspección judicial para obtener elementos de convicción con relación al entorno geográfico, se considera "tendencioso".
Valdéz Sánchez aseveró que con esta prueba se pretendía "ver dónde están y qué dicen los letreros que el gobierno de Colima ha pintado en los territorios invadidos; esto apoya el argumento de esa entidad de que la posesión del territorio es la que define los límites".
Sin embargo, el litigante afirmó que el gobierno jalisciense confía en la imparcialidad de la SCJN, porque el pleno de la misma definirá una resolución cuando la controversia concluya. Sin embargo, Valdéz Sánchez no precisó cuándo se emitirá la sentencia, pues hace años inició el juicio y aún faltan diligencias. El principal argumento que presentó Jalisco en la controversia es el artículo 45 constitucional.