MARTES 5 DE DICIEMBRE DE 2000
Ť Pedro Alvarez-Icaza Ť
La política ambiental en los acuerdos de San Andrés
Sin duda alguna, los acuerdos de San Andrés establecieron espacios inéditos para la reflexión que, por las circunstancias extremas de atención del gobierno de la República a una parte de su población --la indígena, herida y ofendida históricamente--, obligaron a repensar un nuevo pacto social para la sociedad nacional.
El centro del debate cruza por la necesidad de reconocimiento pleno de las tierras y territorios de los grupos indígenas de México. Para el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) el concepto de territorio no sólo abarca la ocupación perma- nente de un espacio geográfico determinado; para ellos el territorio es la base material de reproducción como pueblo y expresa la unidad indisociable hombre-tie- rra-naturaleza, desde una valoración del "terruño" como espacio histórico cultural, que debe ser repensado y reconocido a partir de la apropiación tradicional que de él hacen los grupos indígenas para recrearse socialmente.
Los principios de una nueva relación en materia ambiental están basados en los siguientes criterios reconocidos en los acuerdos de San Andrés.
1. Sustentabilidad. Sobre la base de asegurar la perduración de la naturaleza y cultura de los territorios que ocupan y utilizan grupos indígenas, con pleno respeto a las modalidades tradicionales de aprovechamiento de recursos naturales.
2. Integralidad. Las políticas públicas tienen que ser expresadas territorialmente, es decir, las incidencias institucionales de los distintos órdenes de gobierno en la vida de los pueblos indígenas deben, en todo momento, ser concurrentes y congruentes con las expectativas del desarrollo endógeno. La aplicación de políticas públicas debe evitar en todo momento su fraccionalidad, tratando de multiplicar sus impactos directos.
3. Autodeterminación. Mediante planeación directa y participativa y con respeto pleno a la forma de organización indígena y a la expresión de sus decisiones de desarrollo, desde la concepción, ejecución y evaluación de acciones en las que actúan. Es, en síntesis, el derecho a la gestión y ejecución de sus propios proyectos de desarrollo.
4. Consulta y consenso (acuerdo) de las políticas, leyes, programas y acciones públicas que tengan relación con los pueblos indígenas. El gobierno tendrá que cumplir con pluralidad y respeto a la diversidad étnica y cultural de sus programas mediante el reconocimiento a las diferencias interétnicas e interculturales, formulando una sociedad con una orientación más pluralista.
Estos cuatro principios de la nueva relación deberán integrar una aceptación nacional incluyente para los otros grupos indígenas existentes en nuestro país.
Como se muestra líneas arriba, la incidencia de una política ambiental de Estado en los acuerdos de San Andrés es buena oportunidad para echar raíces, pero presenta algunos obstáculos, como la forma de regular el acceso colectivo al manejo de los recursos naturales, con los impactos que la economía globalizadora genera en los ámbitos locales, o el pleno reconocimiento a la sabiduría indígena sobre los recursos genéticos y a la biodiversidad asociada a ellos de nuestro país.
Territorialidad, tenencia de la tierra, protección plena de los recursos naturales, son algunos elementos base para comprender la interrelación necesaria entre medio ambiente, políticas públicas y cultura indígena. Si acuerdos de San Andrés e iniciativa de la Cocopa se convierten en hechos, la relación sociedad-naturaleza tendrá un nuevo futuro; habría entonces que suscribirlos.