MARTES 5 DE DICIEMBRE DE 2000

Ť Serán sustituidos por productos alimenticios


Ofensiva de Bogotá y pobladores para erradicar cocales en Putumayo

Ť Insuficientes, las acciones del gobierno contra paramilitares: ONU

Ť Pena de muerte para plagiadores y terroristas, piden a Pastrana

Ap, Afp y Dpa, Santafé de Bogotá, 4 de diciembre Ť El gobierno colombiano y los pobladores del departamento de Putumayo, comenzaron el fin de semana una ofensiva para erradicar manualmente los cultivos de hoja de coca y sustituirlos por productos alimenticios, informó el gobierno del presidente Andrés Pastrana.

Mientras, la alta comisionada de Naciones Unidas para los derechos humanos, Mary Robinson, consideró insuficientes las acciones del gobierno colombiano para combatir a los paramilitares, al tiempo que instó a las partes enfrentadas en el conflicto armado a que en medio de la creciente violencia se respete a los civiles.

Luego de reunirse esta mañana con Pastrana y altos responsables del gobierno, la funcionaria internacional reconoció, sin embargo, el compromiso del gobernante de combatir a los grupos paramilitares.

Robinson resaltó la creciente polarización en Colombia, y ante esto destacó la necesidad de reforzar y apoyar la legitimidad del gobierno y de sus acciones en contra de quienes violan los derechos humanos de los demás ciudadanos.

Tras condenar la matanza de medio centenar de pescadores y campesinos, hace una semana por los paramilitares de ultraderecha en el norte de este país, resaltó que esa acción puso de relieve una vez más el grave problema de seguridad que enfrenta Colombia y la necesidad de trabajar de manera firme y consolidada por el respeto al derecho internacional humanitario.

De su lado, los integrantes del Consejo Nacional de la Paz, órgano asesor y consultor del gobierno, reiteraron en un comunicado su compromiso con una solución negociada del conflicto armado y de trabajar en la construcción de una política de paz, al tiempo que consideraron urgente un acuerdo de respeto a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario que excluya a la población civil y a los bienes de uso civil de la confrontación armada.

Además, hicieron un llamado a las partes en conflicto para que reanuden de manera inmediata las negociaciones sobre las cuestiones sustantivas relacionadas con los mecanismo que aseguren la continuidad y éxito del proceso de paz.

El gobierno y la población de Putumayo, en tanto, firmaron un pacto para intensificar la siembra de productos alimenticios en sustitución de las plantaciones de coca.

De acuerdo con la agencia de prensa de la presidencia, el pacto "es una respuesta al terrorismo y la violencia, sin armas, y con la voluntad expresa de quienes no quieren saber más de la hoja de coca".

El proyecto incluye también la ejecución de una serie de obras de desarrollo que comprenden electricidad urbana, pavimentación de vías, el mejoramiento de la calidad de la salud y la educación, afirmó por su lado el secretario general de la Presidencia de la República, Eduardo Pizano.

En otro orden, diversos sectores de la sociedad colombiana propusieron al Ejecutivo instaurar la pena de muerte, un tribunal penal internacional y la exclusión del indulto y la amnistía para los autores de secuestro y terrorismo.

Un informe de la Fuerza de Elite contra el Secuestro y la Extorsión de la Policía, indicó que un comerciante se convirtió el sábado en el secuestrado número 2 mil 965 del año, lo que significa que cada 24 horas son plagiadas nueve personas en el país.

Ante esto, diversos sectores del país propusieron al gobierno la convocatoria a una consulta popular que le entregue facultades para adoptar medidas excepcionales en contra de los autores de secuestro o terrorismo, indicó el periódico El Tiempo.