MARTES 5 DE DICIEMBRE DE 2000
Ť Continúa el malestar militar por el procesamiento al ex dictador chileno
Explicación, pide Corte a juez por caso Pinochet
Enrique Gutiérrez, corresponsal, y agencias, Santiago, 4 de diciembre Ť El juez Juan Guzmán Tapia tiene 24 horas para informar a la Corte de Apelaciones porqué decidió, el pasado viernes, el procesamiento y arresto preventivo del ex dictador Augusto Pinochet, que siguió hoy provocando malestar en ámbitos castrenses.
Pinochet, mientras tanto, continuaba descansando en su lujosa mansión de campo, ya que la orden de arresto y el procesamiento se encuentran en suspenso, hasta que la justicia chilena decida si acepta o no las apelaciones presentadas por la defensa del general retirado.
El ex vicecomandante en jefe del ejército, general en retiro Guillermo Garín, no descartó este lunes "alguna reacción" de las fuerzas armadas ante el eventual juicio, coincidiendo así con declaraciones que han hecho los jefes militares desde que Pinochet fue encausado como autor inte- lectual de los delitos de secuestro y desaparición de 55 dirigentes de izquierda que apoyaban al gobierno del presidente Salvador Allende, y el fusilamiento de otros 18, en el paso de la llamada caravana de la muerte por distintas ciudades del país en 1973.
"Nada se puede descartar en estas situaciones", dijo Garín al ser consultado sobre si las fuerzas armadas podrían actuar fuera del marco constitucional.
El máximo líder de los empresarios chileno, el conservador Walter Riesco, manifestó por su parte que los acontecimientos últimos sobre Pinochet perjudicarán la reactivación económica del país.
Entre tanto, el comandante en jefe de la fuerza aérea, general Patricio Ríos, afirmó que los problemas "se resuelven conversando", y que por ello las autoridades castrenses se reunirán mañana con el presidente Ricardo Lagos, quien regresa de México para tratar el asunto.
Los jefes militares plantearían al jefe de Estado, según trascendidos en ámbitos castrenses, la necesidad de convocar al Consejo de Seguridad Nacional.
Desde la ciudad de México, Lagos confirmó la reunión con los militares, pero declinó adelantar el contenido del encuentro, y sostuvo que no tiene pensado convocar al Consejo de Seguridad Nacional.
El subsecretario de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz, reiteró a su vez la posición del gobierno de dejar en manos de la justicia el proceso contra Pinochet por las violaciones a los derechos humanos bajo su dictadura (1973-1990).
Por su lado, los partidos de la coalición oficialista criticaron el "doble estándar" de la derecha pinochetista, recordando que cuando el dictador permaneció detenido en Londres a pedido de la justicia española, que buscaba procesarlo por genocidio, este sector se manifestó partidario de enjuiciarlo en el país. La coalición oficialista rechazó además la convocatoria del Consejo de Seguridad Nacional.
El Consejo de Seguridad Nacional, uno de los legados de la dictadura, impuesto en la Constitución de 1980, está conformado por el presidente de la república, los presidentes del Senado y de la Corte Suprema, y los comandantes en jefe de las fuerzas armadas; su convocatoria está prevista para afrontar amenazas externas o internas a la seguridad nacional.
Entre tanto, el juez Guzmán Tapia continuó siendo el blanco de la defensa de Pinochet, que hoy arremetió con una "orden de no innovar" para intentar que el proceso se paralice hasta que la Corte de Apelaciones falle el recurso de amparo. Antes de su fallo, la corte analizará las explicaciones que dé el magistrado sobre su decisión.
Además, Guzmán Tapia debió entregar un informe que le solicitó la Corte Suprema de Justicia para "explicar" los términos de una carta de apoyo a la gestión de la presidenta del Consejo de Defensa del Estado, Clara Szczaranski, ya que ese organismo asesor del gobierno es parte querellante en el caso Pinochet.
Mientras tanto, las querellas contra el ex dictador y senador vitalicio desaforado llegaron hoy a 187, con la presentación de los hijos del matrimonio del argentino Bernardo Lejderman y la mexicana María del Rosario Avalos, ejecutados el 8 de diciembre de 1973 por una patrulla militar en la norteña ciudad de La Serena.
Y desde Washington, la Casa Blanca expresó su apoyo y simpatía a la justicia chilena por "los importantes progresos en su tratamiento y en los casos de abuso de los derechos humanos cometidos durante el gobierno militar", aunque no mencionó específicamente el caso Pinochet.